Ante urgencia de atraer inversiones, ONG´s llaman al Estado mexicano a cumplir con recomendaciones derechos humanos ONU

Anunciaron que si bien se analizan en el Informe Final de la visita 6 casos emblemáticos de abusos a derechos humanos, desde sociedad civil documentamos más de 68 casos de abusos relacionados con el sector minero, de la construcción, agroindustrial y energético en el Informe “México: Empresas y Derechos Humanos”

Redactado por: Staff

Organizaciones de la Sociedad Civil hicieron un llamado para que el Estado mexicano y las autoridades responsables se reúnan con ellas para diseñar una estrategia participativa, transparente y pública en donde se establezca claramente cómo se dará seguimiento a las recomendaciones generales del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU.
En conferencia de prensa, dichas organizaciones, anunciaron que desde la sociedad civil, se denunció cómo el río cubierto de espuma y el fuerte hedor de los gases causaron una gran impresión a los miembros del Grupo de Trabajo en su visita al río Santiago en Jalisco, denominando a este caso como una catástrofe ambiental.
De igual forma, enfatizaron que es importante mencionar que el Grupo de Trabajo también retomó el caso del Río Sonora, el peor desastre ambiental en la historia de la minería en el país que ha afectado a más de 250 000 personas, en donde “se consideró que las autoridades federales no asumían sus responsabilidades.”
Resaltaron que el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU declaró en su Informe, que “la urgencia de atraer inversiones, la insuficiencia de las salvaguardias y la falta de capacidad para hacer cumplir la legislación vigente crean un entorno en el que los derechos humanos se pueden vulnerar con impunidad”.
Precisaron que además, durante su visita el Sr. Dante Pesce, integrante del Grupo de Trabajo, señaló que se necesita un cambio en la cultura empresarial.
Las 18 organizaciones de la sociedad civil y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana), recordaron que el Grupo de Trabajo recomendó al Estado mexicano que: “haga de las evaluaciones de los efectos sociales que integran las normas de derechos humanos un requisito para los grandes proyectos de desarrollo y que fortalezca la capacidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para vigilar la observancia de las normas ambientales”.
Desde sociedad civil, dijeron“ queremos subrayar que, si bien se analizan en el Informe Final de la visita 6 casos emblemáticos de abusos a derechos humanos, desde sociedad civil documentamos más de 68 casos de abusos relacionados con el sector minero, de la construcción, agroindustrial y energético en el Informe “México: Empresas y Derechos Humanos”.
Precisaron que las violaciones más frecuentes fueron: al derecho a la tierra y el territorio (32 casos), al acceso a la información (28 casos) y al medio ambiente sano (22 casos). En más del 62% de los casos hubo amenazas y ataques a personas defensoras de derechos humanos. Por lo que, los 6 casos descritos en el Informe de Naciones Unidas son representativos de una problemática generalizada.
Enumeraron 3 puntos clave:
1) El Grupo de Trabajo de la ONU exige que se respete el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
2) El Grupo de Trabajo de la ONU recomendó que se investiguen y sancionen los ataques contra personas defensoras de derechos humanos.
3) El Grupo de Trabajo de la ONU también recomendó que se refuerce la supervisión y la evaluación de los efectos ambientales y sociales
Finalmente recordaron que el pasado , 8 de junio de 2017, se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el Informe Final del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos con relación a su visita oficial a México en 2016.
En su informe, el Grupo de Trabajo de la ONU retoma 6 casos emblemáticos que evidencian la violación al derecho a la consulta, previa, libre, informada y culturalmente adecuada por parte del Estado y de la debida diligencia por parte de las empresas; los ataques contra personas defensoras y los graves impactos ambientales de las actividades empresariales.
Las asociaciones firmantes son las siguientes:
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”; Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; Centro Fray Julián Garcés; Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Dirección de Programas de Incidencia, Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Greenpeace México; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Colectivo MA OGM; Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas, Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Programa de Medio Ambiente, Universidad Iberoamericana Ciudad de México.; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)