Participación del sector social como agentes de cambio

Charla de Paulina Bermúdez Landa, Presidente de Proyecto Gran Simio México A.C. en el Foro Cambio Climático y Sustentabilidad llevado a cabo en San Lázaro el pasado 22 de junio de 2017.

Redactado por: Paulina Bermúdez Landa paulina.bermudez.landa@hotmail.com

De acuerdo al informe “El precio del activismo”, publicado por Greenpeace International y Global Witness a inicios del año en curso, Latinoamérica es considerada una de las regiones más peligrosas para ser activista ambiental y defensor de los derechos humanos. El mayor número de asesinatos se registra en el contexto de la industria minera y extractiva, misma que en nuestro país ha generado más de 100 conflictos sociales. La concesión indiscriminada de territorios mexicanos a esta industria, a menudo, sin consulta previa y en complicidad con las autoridades gubernamentales afecta gravemente a las comunidades y los pueblos indígenas.
En Juba Wajíin, o San Miguel del Progreso en Guerrero, cerca de 3 mil 800 personas son propietarias de los bienes comunales desde 1994. No obstante, la apropiación del territorio, emprendida por la Secretaría de Economía ha incrementado la vulnerabilidad del pueblo, que se ha enfrentado a la falta de mecanismos efectivos para defender sus territorios, su identidad, su vida misma.
El agua, los árboles, los minerales, los animales, defendidos por activistas y organizaciones civiles cumplen una función importante en la sociedad, en su labor no sólo se incluye la promoción del cambio, sino la denuncia de los abusos, las fallas y los avances autoritarios, contribuyendo así, de manera pacífica a la eliminación efectiva de las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos e individuos.
En México, uno de los más importantes activistas ambientales, Isidro Baldenegro fue asesinado en enero de este año en Chihuahua por su defensa de los bosques de la Sierra Madre Occidental, depredados por la tala de madera, la tercera industria donde más asesinatos se registran. El líder tarahumara fue reconocido con el premio ambiental Goldman, quien pasó 15 meses en prisión acusado sin pruebas y su muerte, es una de las 10 pérdidas de líderes comunitarios asesinados por defender los bosques. Dos semanas después, Juan Ontiveros, defensor de la Sierra Tarahumara fue asesinado luego de que hombres armados irrumpieran en su domicilio con lujo de violencia.
Las historias de activistas asesinados en sus propias casas y comunidades son comunes, sin embargo, las luchas están lejos de desactivarse. En el ámbito en el que me desempeño, la defensa de los derechos de los animales también implica riesgos de los que debemos ser conscientes. A lo largo de mi activismo, debo mencionar, he conocido a muy pocos activistas que se reconozcan como lo que somos también: defensores de derechos humanos. Personalmente, fui consciente de que yo lo era únicamente después de que fui amenazada de muerte por denunciar la negligencia y la corrupción con la que operan los zoológicos capitalinos y la consecuente falta de bienestar animal que padecen los animales cautivos.
En este contexto de violencia, en el que cada dos días un activista es asesinado, según el informe mencionado, es menester que independientemente de si defendemos bosques, ríos o animales, tomemos medidas para prevenir los riesgos. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. publicó el Manual sobre Mecanismos de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, mismo que está disponible para su descarga gratuita en internet.
Su lectura es fundamental para cualquiera que se desempeñe como activista en este y en cualquier país, ya que sólo conociendo los riesgos que nos amenazan es posible desarrollar estrategias de seguridad que nos permitan seguir haciendo nuestras actividades. Desde luego, el principal objetivo de quien amenaza es desmovilizar la lucha para alcanzar sus objetivos, lo cual no constituye en ninguna medida una solución. La sociedad civil que no participa del activismo, debe tener en cuenta la importancia de tener entre ellos a activistas dispuestos a pelear las luchas que no todos quieren pelear y a correr los riesgos que no todos quieren enfrentar.
En el 2008, una reforma constitucional al artículo cuarto incluyó la materia ambiental, reconociendo el derecho humano a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Asimismo, los tribunales federales de nuestro país han comenzado a tomar en cuenta las obligaciones para el Estado y los deberes para todos los miembros de la comunidad en la protección del medio ambiente. Para ello, la participación del sector social es fundamental, ya que los individuos de a pie y no sólo las autoridades, pueden hoy por hoy, reclamar la exigibilidad de normas ambientales y la aplicación de principios en estas cuestiones.
En nuestro país, la defensa de los derechos de los animales se ha expandido en las últimas décadas. La cantidad y la diversidad de organizaciones, repertorios de protesta, enfoques y principios se hace cada vez más patente. El trabajo dirigido contra la explotación animal ha sumado importantes logros a nivel federal e incluso ha alcanzado reconocimiento constitucional en la recién creada Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 inciso B.
En este contexto de vasta diversidad, los activistas somos más eficaces para hacer valer nuestros derechos. Proyecto Gran Simio, organización de la cual formo parte y que promueve la defensa de los derechos de los animales a nivel internacional, se ha sumado a la defensa de los animales en cautiverio y a la promoción de la transformación del estatuto jurídico de propiedades que actualmente se les reconoce. La idea de que los animales no son cosas comienza a ser reconocida lentamente. Sumado al hecho de que somos, como otras organizaciones, conscientes de la importancia de la participación ciudadana, hemos hecho acopio de las herramientas disponibles para alcanzar este cambio.
Tras la muerte del orangután Jambi, preso en el zoológico de Chapultepec, denuncié ante la PGR su fallecimiento, exigiendo una investigación al respecto. Dado que la respuesta del Ministerio Público a cargo de la investigación negó mi colaboración en el caso, promoví una demanda de amparo. En esta denuncia, reclamé ante el Poder Judicial de la Federación que la Procuraduría General de la República desconoció mis derechos como víctima ambiental y el pasado 5 de abril la justicia federal me otorgó el amparo para poder colaborar con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la PGR.
Para cerrar esta idea, me parece importante resumir los puntos importantes:
En primer lugar, los defensores del medio ambiente y los defensores de los derechos de los animales, somos defensores de derechos humanos y nuestra participación es fundamental para el desarrollo sano y pleno de nuestra sociedad.
En segundo lugar, un defensor de los derechos humanos no precisa de estudios o de ser parte de una organización legalmente constituida para serlo, lo que realmente te hace un defensor de derechos humanos es la actividad que realizas, no tus títulos.
En tercer lugar, para los activistas, mi consejo es: conoce los riesgos que implica tu labor, en la medida de lo posible, cuídate.
En cuarto y último lugar, es tarea de todos proteger el medio ambiente, no es responsabilidad únicamente del Estado.