En los expedientes no se explicó que la remoción de vegetación del manglar de Tajamar fue para crear el Área Natural Protegida Nichupté: Profepa

Hubieron otras empresas transnacionales y mexicanas que removieron vegetación y fueron sancionadas

Redactado por: Ulises García

El subprocurador de justicia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Gabriel Calvillo, destacó que el asunto de la remoción de vegetación en el manglar de Tajamar fue porque “no se explicó en los expedientes que se autorizaron el aprovechamiento de la remoción de estas hectáreas para crear un Área Natural Protegida, el cual sería Área Natural Protegida de la Laguna de Nichupté”.

Gabriel Calvillo señaló que “todo esto surgió a raíz de que no se explicó en los expedientes que se autorizaron el aprovechamiento de la remoción de estas hectáreas en el 2005, y que tuvo una donación de 3 mil 800 hectáreas para crear un área natural protegida, junto a que el gobierno federal no explicó que en los expedientes esta parte que menciono, por lo que el permiso que se dio en su momento permitió la remoción de esta vegetación en el manglar porque, y estos se habían donado por parte de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para crear el Área Natural Protegida de la Laguna de Nichupté”.

Mencionó que desde su punto de vista “el sistema funcionó, salvo la parte preventiva, pero desglosaré lo que hizo cada institución en el caso de Tajamar”.

“La PROFEPA retomó las mil 188 denuncias ciudadanas que se recibieron vía Internet, teléfono, presenciales y documentadas que llegaron a la procuraduría y se empezaron a investigar algo que era bastante evidente, comprobar que hubo una remoción de vegetación en este sitio.

“De nuestra parte decimos lo mismo que indican las denuncias, hubo una remoción de vegetación por parte de una empresa a nombre del Fideicomiso de Fonatur, y no fue la única (empresa) inspeccionada por el caso de Tajamar”, relató.

Estábamos diferenciando el nivel de legalidad y luego es de constitucionalidad en protección de los derechos humanos, en lo primero se indica que fue Fonatur la que promovió la remoción de las más de 40 hectáreas de vegetación al amparo de una autorización en materia de impacto ambiental y de un cambio forestal que expidió la SEMARNAT en el año 2005, continuó Calvillo.

“Tanto los permisos como las autorizaciones estaban vigentes al momento que se removió la vegetación, cuya respuesta fue sí; fue el primer momento del caso, no la terminación, fue lo que permitió determinar la remoción de la vegetación, estábamos con la revisión de esta autorización.

“Paralelamente investigamos quién había hecho (otras) remociones y encontramos a empresas que sin tener autorización lo hicieron, entonces, no hubo una compensación, no se sujetaron a medidas de mitigación, por lo que esas empresas fueron sancionadas, algunas son transnacionales y otras mexicanas, además de que se les pusieron las multas máximas que la procuraduría tiene al alcance de la ley”, refirió.

Después de esto –dijo el subprocurador- vino la revisión constitucional de esa autorización y lo que resolvió tras revisar en todas las estancias, fue la de conceder el amparo en contra de esa autorización por considerar que había violado los derechos fundamentales (de los derechos humanos).

Lo que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito dijo fue que: está bien esta autorización, lo que pasa es que no se dio un estándar de protección constitucional.

En ese caso el colegiado señaló que “fue culpa tuya y metiste una resolución sobre el caso de Fonatur que removió la vegetación con una autorización, pero como esa autorización estaba vigente no puedes sancionar a Fonatur, y dado que la autorización si violó los derechos humanos, se transfiere la responsabilidad sobre la reparación del daño ambiental al gobierno federal, específicamente a la SEMARNAT”, mencionó Calvillo.

Por esta razón el colegiado no impone la obligación de reparar el daño a Fonatur, se le transfiere a la SEMARNAT porque esa remoción de vegetación fue producto de una autorización sobre la cual se consideró que hubo una violación constitucional, sostuvo.

“El gobierno federal, a través de la SEMARNAT, tiene a su cargo la reforestación de las hectáreas de Tajamar, y las empresas que removieron sin autorizaciones lo tendrán que hacer con su propio patrimonio.

El trabajo que hizo PROFEPA, y el trabajo que hizo el tribunal colegiado permitieron resolver la parte reactiva, es decir, lo hicieron pero quién tiene que resolver, eso fue en lo que se tardó”, destacó el subprocurador.

¿Qué fue lo que no funcionó? –cuestionó Gabriel Calvillo- fue la parte preventiva, que no detuvo esta remoción de vegetación, respondió.

“En conclusión: el gobierno federal tiene que hacerse cargo, ¿cuál es el mecanismo de reparación?, el Fondo de Responsabilidad Ambiental, el cual fue autorizado por la Ley de Responsabilidad Ambiental en 2013, esto está en funcionamiento, y que posiblemente este fondo y el de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) serán los mecanismos para restituir los derechos humanos a los peticionarios”, acotó.