30 comunidades mayas exigen establecimiento de una zona libre de transgénicos para la península de Yucatán

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) revocó el permiso a MONSANTO para liberar soya transgénica con fines comerciales en el país gracias a la lucha organizada de la sociedad civil

Redactado por: Staff

Representantes de más de 30 comunidades Mayas de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán exigieron el establecimiento inmediato de una Zona Libre de Transgénicos para toda la península de Yucatán y al poder legislativo que se ocupe de impulsar leyes que protejan al medio ambiente.

Después de reunirse en la Ciudad de Campeche para trazar una agenda conjunta para proponer un plan de desarrollo apegado a sus formas de vida que sea sustentable y tome en cuenta a las generaciones futuras, hicieron un llamado a las instancias pertinentes de hacer efectivo el principio precautorio y reparar o vigilar la reparación de los daños ocasionados al pueblo maya tras el otorgamiento de dicho permiso a Monsanto.

En rueda de prensa declararon su rechazo a la imposición de proyectos que los gobiernos federal y de los estados están promoviendo, tales como las eólicas, los transgénicos y parques solares, entre muchos otros.

Se reunieron también para presentar un frente unido en contra de las continuas violaciones a sus derechos humanos y la discriminación que viven los miembros de sus comunidades, sus mujeres y sus líderes de forma sistemática que no les permite participar en las decisiones sobre sus territorios y comunidades.

Informaron que el día 17 de septiembre del presente año, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), misma instancia que emitió el permiso para la siembra en fase comercial de soya genéticamente modificada a favor de la empresa Monsanto Comercial S. de R. L. de C.V. (evento MON-04032-6) en 7 entidades del país, incluyendo los tres estados de la península de Yucatán, determinó revocar dicho permiso argumentando que esa empresa ha hecho un “manejo no confiable” de la tecnología autorizada puesto que “no existe certeza de la efectividad de los controles de inventarios de la semilla.”

Informaron que también establece que la liberación de organismos genéticamente modificados en sitios no autorizados en el permiso y la pérdida del control del material genéticamente modificado es “un daño grave o irreversible” atribuible a esa empresa transnacional.

Recordaron que a 5 años de haber otorgado el permiso, este acto administrativo del SENASICA es producto de la lucha organizada y de las múltiples denuncias que comunidades afectadas y organizaciones civiles ambientalistas y de derechos humanos han realizado por la siembra ilegal de soya transgénica en diversas comunidades mayas de la Península, esto a pesar de que el permiso se encontraba suspendido por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en varios municipios de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, a raíz de las sentencias emitidas en diversos momentos en las cuales determinó la inconstitucionalidad del permiso por la ausencia de consulta libre, previa informada y culturalmente adecuada a favor de las comunidades mayas cuyos territorios han sido afectados.

Aún y cuando esta suspensión opera desde principios del 2016, tanto en la región Poniente de Bacalar en Quintana Roo como en el estado de Campeche, se ha podido comprobar la presencia de soya transgénica sembrada durante 2016 y el 2017. Se han detectado miles de hectáreas de soya genéticamente modificada lo cual implica no sólo la violación a una sentencia judicial emitida por la Suprema Corte y al proceso de consulta mandatado por el Máximo Tribunal, sino también es clara evidencia de que en México no existen medidas adecuadas de bioseguridad que garanticen la siembra de transgénicos sin que exista riesgo de contaminación y dispersión, y por lo tanto de “daños graves o irreversibles al medio ambiente, biodiversidad y salud humana.”

Si bien las comunidades y organizaciones consideran que la revocación del permiso a la empresa Monsanto es un avance importante y el resultado de la lucha de las comunidades por la defensa de su territorio, es preciso insistir en lo siguiente:

a) Cuando menos desde 2012, tanto la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) habían advertido de la falta de condiciones para implementar adecuadas medidas de bioseguridad en la región frente a la siembra de OGM, dado que ya se había documentado, en las fases experimental y piloto, siembra de soya transgénica de Monsanto fuera de los polígonos permitidos, incluyendo en áreas naturales protegidas de la Península de Yucatán. Cabe resaltar que dichas opiniones fueron desatendidas tanto por el SENASICA como por la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DGIRA), quienes a la postre avalaron el permiso a Monsanto que hoy, 5 años después, se le revoca.

b) Insistimos también en que tampoco la Suprema Corte tomó en consideración esas opiniones durante el litigio constitucional, al convalidar la validez de la Ley de Bioseguridad con lo cual se exhibe la responsabilidad de estas instituciones al no hacer efectivo el principio precautorio.

c) El dictamen del SENASICA se centra en la responsabilidad que tienen la empresa Monsanto al no establecer medidas de control adecuadas que garanticen la no siembra de soya transgénica en los municipios donde está suspendido el permiso, pero las instituciones han omitido investigar otras consecuencias derivadas de la siembra ilegal de la soya transgénica, como la contaminación del agua, el uso masivo y descontrolado de agrotóxicos con su consecuente afectación a la apicultura y a la salud humana de las comunidades, así como la rampante deforestación de la zona.

d) Si bien es cierto que la revocación del permiso es una medida de sanción administrativa a la empresa Monsanto, también lo es que la investigación de la siembra ilegal debe incluir a toda la cadena de distribución de la semilla, incluyendo las bodegas donde se almacena y distribuye el grano. Dichas investigaciones deben establecer no solo responsabilidades administrativas, sino también penales, dado que la distribución y siembra de organismos genéticamente modificados no autorizados es también un delito. Al respecto es preciso recordar que se encuentran abiertas dos carpetas de investigación ante la Procuraduría General de la República (PGR), mismas que hasta la fecha no han sido determinadas.

Frente a esta decisión del SENASICA, que aún no es definitiva, las comunidades mayas de la Península solicitaron la suspensión de los diversos procesos de consulta hasta en tanto no se confirme en la última instancia la revocación del permiso y hasta que no se detengan las innumerables violaciones a los derechos de los pueblos que se han venido suscitando en el proceso iniciado en marzo de 2016 en Hopelchén, Campeche. En este proceso las autoridades federales encargadas de llevarla a cabo (la CIBIOGEM y la CDI) han violado los acuerdos tomados con los representantes comunitarios, han intentado dividir a las comunidades deslegitimando a sus representantes, han fragmentado el proceso de consulta y efectuado fases informativas a modo, como la última realizada en la comunidad de Bolonchén en donde se suscitaron diversas irregularidades que en su momento fueron dadas a conocer por las comunidades. Todas estas acciones son procedimientos ilegales por lo que las comunidades han solicitado que se tramite la inejecución.

Aún y cuando el permiso ya no esté vigente, productores, centros de distribución y empresas procesadoras de oleaginosas continúan sembrando, vendiendo y comprando esta soya. La revocación en sí presenta un primer paso para detener el tráfico ilegal de esta semilla y las afectaciones a la biodiversidad de la selva maya y al patrimonio biocultural del pueblo Maya.

Queda pendiente todo el proceso de reparación por los daños causados al patrimonio biocultural de las comunidades mayas afectadas por la siembra de soya transgénica. Los daños ambientales al territorio son graves y requieren una acción coordinada del Estado mexicano para restituir toda la pérdida de biocultural que se ha generado por la acción de Monsanto y los productores soyeros, agudizada por la omisión de autoridades federales.

Finalmente, las comunidades mayas insistieron en que es obligación de todos los órganos e instancias del Estado mexicano hacer efectivos los derechos que como pueblo originario tenemos a decidir en nuestros territorios, a vivir en un ambiente sano, a la salud, nuestra autonomía y libre determinación.