Realiza Profepa operativo contra tráfico ilegal de fauna silvestre en Morelos

Recomendó a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, impulsar y aplicar la legislación estatal en materia de responsabilidad ambiental y protección de víctimas del daño al entorno

Redactado por: Staff

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó un operativo para combatir el tráfico ilegal de ejemplares, productos y subproductos de especies de vida silvestre, en coordinación con personal de la Gendarmería Misión Ambiental de la Policía Federal, y del Ejército Mexicano, dentro del Área Natural Protegida de carácter federal denominada “Reserva de la Biósfera de Huautla”.
Dentro de la ANP, en el Ejido “El Limón” del Municipio de Tepalcingo, Morelos, personal de la PROFEPA aseguró partes y derivados a dos personas: uno de los presuntos infractores transportaba 3 kg. de carne de venado cola blanca de la especie Odocoileus virginianus, así como el cuerpo de un coatí de la especie Nasua narica.
Otro presunto responsable transportaba cuatro pieles completas con patas y pezuñas y cuatro cráneos de venado cola blanca, mientras que en una bolsa abandonada se encontraron nueve patas de venado cola blanca, y toda vez que no acreditaron su legal procedencia, se aseguraron de manera precautoria.
Con estas acciones, la PROFEPA busca erradicar la cacería furtiva en la entidad y exhorta a los cazadores a conducirse conforme a lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) y su Reglamento, de lo contrario pueden hacerse acreedores a sanciones por violaciones a los preceptos de la LGVS y su Reglamento que van de las 20 hasta las 50 mil Unidades de Medida y Actualización vigente.
Por otra parte, recomendó a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, impulsar y aplicar la legislación estatal en materia de responsabilidad ambiental y protección de víctimas del daño al entorno, acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con la legislación nacional e internacional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo el principio de progresividad de los derechos humanos, ha prohibido a las autoridades ambientales federales y estatales desconocer el nivel de tutela de los derechos humanos que ya ha sido admitido, sin que pueda justificarse su regresión.
El daño y el deterioro ambientales constituyen una gran preocupación social, por lo que en el 2012 fueron reconocidos en la Constitución, imponiendo, a todas las autoridades, la obligación de responsabilizar a quienes los ocasionan.
Es fundamental homologar el sistema de justicia ambiental en un régimen unificado de responsabilidad ambiental; permitirá dar cumplimiento a la obligación de tutela de los derechos humanos y protección de las víctimas ambientales, así como de cuidado y reparación integral del daño al ecosistema, además de promover el desarrollo y bienestar de las personas.
La Recomendación tiene como antecedente el Principio 13 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que refiere que ‘‘los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización, respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales’’.
En 2017, se recibieron cinco mil 461 denuncias populares: tres mil 487 fueron de competencia federal, y en dos mil 524 casos, los denunciantes dieron a conocer daños en materias como agua, flora, fauna, contaminación, recursos pesqueros y marinos, que podrían dar lugar a violaciones a derechos humanos ambientales.
En mil 974 casos, se implicaron posibles daños ambientales en ámbitos distintos al federal, por lo que se turnaron a las autoridades ambientales de las entidades federativas y de la Ciudad de México.
De acuerdo a la edición 2015 del Informe de la Situación del Medio Ambiente en México, nuestro país enfrenta el reto de atender problemáticas ambientales que podrían constituir serios obstáculos para alcanzar la sustentabilidad en el futuro.
Existen precedentes de implementación estatal del régimen constitucional de responsabilidad ambiental, por un lado, el caso de la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo. Tabasco, por otro lado, cuenta con una Ley de Responsabildiad Civil por el Daño y el Deterioro Ambiental que requiere ser ajustada a la Constitución; no obstante, en el resto de las entidades federativas existe un vacío normativo.
La expedición de leyes de responsabilidad ambiental en el ámbito de las entidades federativas y de la Ciudad de México es fundamental para unificar y complementar el sistema nacional de protección ambiental en nuestro país.
Por tratarse de una obligación de tutela de los derechos humanos es aplicable a las autoridades administrativas de los tres niveles de gobierno, así como a las autoridades y procesos en materia penal, de justicia alternativa y de amparo.
La PROFEPA estima en la Recomendación número PFPA/1/2C.5/01/2018, proveer lo necesario para que las autoridades administrativas y penales reconozcan y protejan los derechos de las víctimas ambientales.