México en materia de bioseguridad tiene una ley “inexistente”: Greenpeace

La autoridad competente está sesgada hacia las empresas en las cuestiones de bioseguridad, dijo la organización ambientalista

Redactado por: Ulises García

Greenpeace México afirmó que en el país en materia de bioseguridad tiene una ley “inexistente” y que no vela por los intereses de la sociedad en general.

En conferencia de prensa José Antonio Serratos, experto en temas de bioseguridad de organismos genéticamente modificados (OGM), señaló que en la ley, en materia de bioseguridad, “es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), ese el árbitro que está sesgado y el gobierno federal también”.

Precisó ello se debe a que el gobierno federal es una estancia, “además de que se evidencia una falla estructural, sobre todo al momento de llevar las denuncias correspondientes por plantar soya transgénica en los estados de Campeche y Yucatán, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) dice que no le compete, no asume su papel, es omisa, y no reclama su competencia, esa secretaría debería estar asumiendo su rol, no irse por una visión empresarial y comercializadora de SAGARPA.

“La autoridad competente, SAGARPA, está sesgada hacia las empresas en las cuestiones de bioseguridad y las estancias que deberían estar participando como la Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), se quedan a un lado, esto hace que la balanza se incline hacia los intereses que no son de la sociedad en general y menos para el ambiente”, lamentó.

En el uso de la voz María Colín, campañista legal de Greenpeace México, refirió que hicieron una solicitud de información para saber si Monsanto tuvo permiso para liberar soya transgénica en el municipio de Campeche, en Campeche, y respondió el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) que no tenía ese permiso.

Sostuvo que a partir de las actas de inspección de 2016 corroboraron que no había permiso, se multaron a nueve agricultores, cada uno con fue multado por más de un millón de pesos, y varios de ellos pertenecen al municipio de Campeche y Hopelchén.

“Lo que no dicen las autoridades es que hubo una doble violación porque este permiso fue suspendido por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en, se encontró soya transgénica ilegal en un municipio no autorizado para su plantación.

Recordó que estas actas de inspección las hicieron los oficiales del SENASICA y “esta dependencia tiene por arriba a SAGARPA”.

Paralelamente presentamos denuncias ante Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) –dijo Colín- tanto en las oficinas federales como en el estado de Campeche, y los que nos responden es que ellos no tienen la competencia para conocer de esto, sólo actuarían si se liberaran transgénicos en áreas naturales protegidas o en el ámbito forestal.

Además se detectó la presencia ilegal de eventos de soya de Grupo Monsanto (GM) en distintos porcentajes, que van desde el 1.15% hasta el 95.68%, es decir, se encontró siembra ilegal de soya de Monsanto en polígonos del municipio de Campeche, localidad que ni si quiera esta corporación solicitó como sitio de liberación comercial en el permiso de soya que ésta misma pidió.

Incluso se encontraron semillas como el MON-04032-6, resistente al glifosato, que ni si quiera fue pedido por Grupo Monsanto tanto la siembra piloto como para la experimental, y sin embargo lo encontramos y esto no está evaluado para una situación de riesgo, esto es un asunto delicado.

“Aun cuando la autoridad agrícola pretenda decir que está autorizado para consumo humano, y en ninguno de los casos se reportaron a las autoridades, porque después de que revocan el permiso a Monsanto el 15 de septiembre de 2017 no se mencionó esta acción, y tampoco por la presencia de este tipo de eventos.

Se hace caso omiso, y la peor es que la propia autoridad agrícola asuma como una medida de urgencia decida que se comercialice porque está autorizado para consumo animal y humano.

En términos legales es avalar un acto ilícito, nació ilícito derivado de una siembra ilegal, y las autoridades desde nuestro punto de vista, lo legaliza y permite que se vaya a una empresa de nombre Proteínas y Oleicos, S.A. de C.V. / Hidrogeneradora Yucateca, S.A. de C.V. para la producción de aceites, grasas, lecitina de soya y alimentos para animales.

Por su parte Leydi Pech, apicultora maya, denunció que la apicultura en la región de la península de Yucatán, “ha disminuido las colmenas, la producción de miel y han dejado muchas abejas muertas, todo esto se relaciona por la cosecha de esta soya transgénica”.

Argumentó que aproximadamente “hay 3 mil abejas por colmenas, si un apicultor hace unos años tenía 40 colmenas ahora tiene 15, es decir, 45 mil muertes de abejas por apicultor, además que esto ha perjudicado hasta en 40% en la producción de miel”.

Esto también tiene que ver con a que el gobierno federal –dijo Pech- esté subsidiando a la soya, en estos momentos hay mayores subsidios para plantar soya que maíz, en nuestras comunidades el maíz se planta para alimento propio, y quienes le llegan a hacerlo es un lujo.

En cuanto a los plaguicidas Pech denunció que las mismas fumigaciones ayudaron a prosperar a los transgénicos, por las sustancias que contienen como el glifosato, además de que afecta a la salud de las comunidades indígenas y a las abejas.

“Los menonitas vinieron a plantarlo y nosotros, nuestras comunidades indígenas estamos pagando el precio, el precio de ese modelo que atenta contra nuestra naturaleza y que en ningún momento nos consultaron, inclusiva nos tuvimos que levantar de la mesa de diálogo pero ahora ellos nos acusan a nosotros quienes no quisimos dialogar, eso es falso, nosotros estamos en la mejor disposición pero con las condiciones que argumentamos”, subrayó.

Recalcó que hubo clara violación de sus derechos humanos “porque fumigaron a nuestras comunidades con estas sustancias, tanto que se encontraron restos en el agua que bebemos y en la orina de algunos compañeros. Ahora estamos esperando a los resultados de las muestras que tomo la Universidad Autónoma de Campeche, porque las anteriores son de hace cuatro años, siendo hasta este momento en las mujeres en donde se encontrado estas sustancias como el glifosato”.

María Colín agregó que “el glifosato, de acuerdo con la OMS en el cuerpo humano puede ser cancerígeno, así que estamos atentos a los resultados de la universidad campechana, pero de inicio debería el gobierno federal hacer una alerta epidemiológica e investigar a las casas semilleras para que sean sancionadas, y a los funcionarios públicos involucrados en las actividades de inspección, vigilancia e infracciones por actos que violan los principios y deberes del servicio público”.


RECAPITULACIÓN

En el 2012 los apicultores mayas presentaron una demanda contra el permiso de Monsanto, argumentando las violaciones de los derechos de los pueblos mayas. El caso llegó a la segunda cámara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y en el 2015 se dictaminó que los responsables de haber otorgado a Monsanto (SAGARPA Y SEMARNAT), tenían la obligación de solicitar el consentimiento previo de las comunidades indígenas afectadas.

Después de que las secretarías no lo hicieron SCJN dictaminó que no podría haber plantaciones legales de soya Grupo Monsanto (GM) hasta que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los OGM (CIBIOGEM) consulten con las comunidades indígenas que presentaron la demanda.

Greenpeace afirmó que Las autoridades judiciales no reconocieron la obligación de otorgar reparación de los daños a las comunidades mayas, sin proporcionar argumentos al respecto.

En marzo de 2016, comenzó la consulta indígena, pero con muchas deficiencias y violaciones, y la soya GM continuó plantándose ilegalmente en el estado de Campeche en 2016.

En respuesta a estas violaciones, en octubre de 2016, los agricultores indígenas presentaron una petición (1447 - 1416) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y testificaron ante el Tribunal Internacional de Monsanto, que es una iniciativa internacional de la sociedad civil.

En 2017, el Secretario de Agricultura sancionó a varios agricultores por plantar soya GM de manera ilegal. En junio de 2017, Monsanto, que había estado distribuyendo soya en años anteriores, declaró en su sitio web que la compañía había decidido no comercializar la soya GM en México.