Después de que con 211 votos a favor, 13 abstenciones y 85 en contra, la Cámara de Diputados aprobara la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) manifestó que el saldo de este proceso legislativo es positivo y generará beneficios para las comunidades forestales que aprovechan sosteniblemente sus bosques.

Es urgente para el Congreso de la Unión que el proceso legislativo contemple el derecho de las poblaciones indígenas y equiparables a ser consultadas antes de la aprobación de normas que les afectan

“Reconocemos la apertura de los legisladores en ambas cámaras para incorporar la mayoría de las propuestas hechas por sociedad civil, a fin de transformar el dictamen original en una buena iniciativa que realmente es útil para conservar los bosques y para proteger a las comunidades y ejidos que los habitan y manejan”, afirmó Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

Gonzalo Chapela, integrante del consejo del CCMSS, señaló que la Ley incluye un total de 156 cambios con respecto a la iniciativa originalmente presentada por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Sostuvo que estos cambios fueron impulsados a partir de un proceso que contempló la participación y presión por parte de comunidades forestales, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Gracias a esta labor, se trastoca el espíritu original de la Ley, generando oportunidades regulatorias que facilitarán e impulsarán el aprovechamiento sostenible de bienes forestales por parte de comunidades.

“Existe todo un cuerpo de investigación que señala que el manejo forestal comunitario es uno de los métodos más eficientes de lograr la conservación de los bosques y selvas al tiempo que se atienden las necesidades económicas y organizativas de las poblaciones que habitan estos territorios. Gracias a la aprobación de la nueva Ley Forestal, se ha definido y se le ha dado prioridad al manejo forestal comunitario como criterio obligatorio para la política pública” señaló Chapela.

Otro punto importante a destacar en la nueva ley es que se disminuyen los costos económicos y de transacción en materia regulatoria de las actividades de aprovechamiento forestal. Estos criterios permitirán a las comunidades que aprovechan bosques y selvas atender problemas como incendios y plagas con mayor celeridad. Asimismo, recompensa el cumplimiento y buen desempeño de comunidades al mediano plazo, aligerando la carga de trámites en que deben incurrir para continuar operando.

A pesar de los logros obtenidos, la organización señaló que existen temas pendientes que deben ser tratados por la próxima legislatura. “Existen algunas incongruencias y redundancias entre las atribuciones de Conafor y Semarnat que deben ser corregidos más adelante, procurando fortalecer al segundo ente que es cabeza del sector”, señaló Raúl Benet, asesor del CCMSS. Otro de los vacíos identificados en la ley aprobada versa sobre la explotación de bienes no maderables de ecosistemas forestales.

La organización señaló que es urgente para el Congreso de la Unión que el proceso legislativo contemple el derecho de las poblaciones indígenas y equiparables a ser consultadas antes de la aprobación de normas que les afectan. Establecieron que, al no cumplir el Congreso con este derecho, se genera una imposición de un marco legal sobre los pueblos, independientemente de si la norma en cuestión es positiva o no.

“El siguiente paso es trabajar en los vacíos y los temas que la ley no aborda y consolidar un buen reglamento para que la ley impacte positivamente, y a la brevedad posible, el estado de los bosques y de las comunidades forestales” estableció Madrid.