México tiene actualmente 142 sitios designados como Humedales de Importancia Internacional (sitios Ramsar), que suman una superficie de 8 millones 657 mil 57 hectáreas. Tener sitios con esta catalogación obliga al país a emprender las acciones necesarias para su protección y conservación.

Los programas de participación comunitaria han generado buenos resultados en conservación

Sin embargo, de acuerdo con un análisis del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), el 15 por ciento de dicha superficie se encuentra concesionada o asignada para la realización de actividades mineras, lo cual pone en riesgo la permanencia de estos ecosistemas de gran importancia ambiental y biológica.

Los humedales incluyen una amplia variedad de hábitats, tales como pantanos, turberas, llanuras de inundación, ríos y lagos, y áreas costeras tales como marismas, manglares y praderas de pastos marinos, pero también arrecifes de coral y otras áreas marinas de baja profundidad en marea baja.

México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en sitios Ramsar y es el cuarto país del mundo con mayor superficie de manglares, con una extensión de 775 mil 555 hectáreas, distribuidos en las costas de 17 estados de la república, que representan aproximadamente el 5 por ciento de la cobertura total mundial. En estos sitios hay 1,125 núcleos agrarios y comunidades.

De acuerdo con datos del CCMSS, 16 mil 856 hectáreas de manglares se encuentran concesionadas a la minería, y otras 372 mil 169 hectáreas cuentan con título de asignación minera, lo que representa que el 48 por ciento de toda la superficie de manglares del país podría ser susceptible de ser concesionada a la minería.

Por si fuera poco, 11 mil 105 hectáreas de manglares declarados como sitio Ramsar se encuentran concesionados a la minería.

La importancia de los humedales, particularmente de los manglares, radica en que proveen beneficios ambientales de vital importancia como el control de inundaciones, protección contra huracanes, fuente de nutrientes para ecosistemas vecinos como arrecifes de coral y captura de gases de efecto invernadero, entre muchos otros.

De acuerdo con el Plan Estratégico de la Convención Ramsar 2016-2024, “los mayores cambios en la pérdida de los humedales siguen siendo la agricultura no sostenible y las industrias extractivas, particularmente el petróleo, el gas y la minería”.

Además, “de los efectos del crecimiento de la población humana (incluyendo la migración y la urbanización), y los cambios en el uso de la tierra en los que no se tienen en cuenta las consideraciones ambientales”.

49% de los manglares del país tienen título de asignación minera

El documento de análisis de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), Manglares de México (2017), indica que la política pública que incide en la conservación de los manglares en México es fundamental para reorientar las actividades productivas en las diferentes regiones y realizar acciones sinérgicas entre los diferentes actores.

Resalta que los factores y procesos del deterioro de los manglares potencialmente ligados a la implementación de políticas públicas tienen que ver con procesos de deforestación, tala y fragmentación del paisaje, modificación del flujo del agua y apertura de barreras naturales, acuicultura, contaminación de cuerpos de agua, desarrollo turístico, pesca, agricultura y ganadería, urbanización costera, explotación petrolera y azolvamiento (sedimentación).

En la zona de manglar de La Encrucijada, Chiapas, de acuerdo con un estudio desarrollado por la Conabio y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se identificaron dos consecuencias ambientales ocasionadas por las políticas públicas en los manglares; “el incremento de la sedimentación (azolvamiento) cerca de las desembocaduras de los principales afluentes de los humedales debido a la rectificación de cauces realizada por la Conagua a finales de los años 1990; y segundo, el impulso a la producción de aceite vegetal a través del fomento agrícola a nivel estatal de la palma africana”.

Los impactos ambientales negativos de la expansión rápida las plantaciones de palma africana fueron la desecación, salinización y compactación de los suelos, la eliminación de la vegetación original, así como contaminación de los suelos por el consumo excesivo de agua y el uso de plaguicidas.

Además, “la palma africana invadió rápidamente zonas con azolvamientos recientes, desplazando al manglar e impidiendo su rehabilitación y reforestación. A esos impactos se sumaron otros factores como la ganadería, la agricultura, el turismo no regulado, la expansión de asentamientos humanos y de infraestructura urbana, afectando a los manglares” en La Encrucijada.

Estos problemas no son exclusivos de esta región, porque en entidades como Campeche y Quintana Roo, el avance de la agroindustria está generando afectaciones severas a los humedales y selvas.

En México, la regulación de los recursos naturales está dirigida a preservar a las especies o ecosistemas, pero no a regular el uso de suelo donde se encuentran las mismas, así que en una zona en la que se encuentran humedales de gran importancia ambiental puede estar autorizada la agricultura o la minería.

Muchos de los esfuerzos de conservación y uso sostenible de los manglares y otros humedales por parte de núcleos agrarios y comunidades se ven truncados por políticas públicas impulsadas por el propio gobierno, como el apoyo a la producción agropecuaria insostenible de monocultivos y con grandes cantidades de agroquímicos. Algunas dependencias invierten en conservar, restaurar y reforestar y otras fomentan el cambio de uso de suelo.

Algunos de los programas y políticas que han tenido mejores resultados en términos de conservación y uso sostenible de los manglares han sido aquellos que han promovido la participación comunitaria en la conservación, por ejemplo, a través del establecimiento de una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) o del turismo sustentable.

En este contexto, la coordinación de las políticas e instrumentos públicos es esencial para asegurar un ordenamiento territorial eficiente y un manejo sustentable de los manglares para evitar los errores del pasado.