La omisión de la autoridad fomenta el avance de la agricultura agroindustrial que ocasiona daños sociales, ambientales y culturales
Juez admite demanda de amparo de campesinos por omisiones relativas a la Ley de Fomento y Protección del Maíz de Tlaxcala
Con la asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), el Grupo Vicente Guerrero y el Grupo Local de Incidencia Política Tlaxcallan (GLIP-T), campesinos y campesinas interpusieron demanda de amparo, por omisiones relativas a la Ley de Fomento y Protección del Maíz de Tlaxcala, que fue admitida el pasado 20 de abril por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala.
En un comunicado, las organizaciones afirman que el pasado 18 de abril, campesinos y campesinas de diferentes municipios del estado de Tlaxcala interpusieron demanda de amparo en contra del Gobernador, el Congreso del Estado y la Secretaría de Fomento Agropecuario, todos de Tlaxcala, por las omisiones respecto de la Ley de Fomento y Protección del Maíz.
En específico, reclamaron, el incumplimiento de las autoridades de diseñar y expedir un Programa Estatal de Semillas de Maíz, así como de asignar una partida presupuestaria específica, en violación a su derecho a la alimentación en su dimensión de soberanía alimentaria, a un medio ambiente sano, a la identidad cultural, y a la participación en asuntos públicos.
El objetivo de dicha Ley es proteger uno de los pilares sobre el que se reproducen las formas de ser y estar indígena y campesina, es decir la milpa y el maíz. En México, la milpa es el agroecosistema biocultural más importante porque constituye la base para la alimentación de las familias campesinas e indígenas y el espacio donde se genera la rica gastronomía mexicana.
Precisaron que en la milpa se expresan y ejercen importantes derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas como son:
(1) el derecho a la identidad cultural,
(2) el derecho al territorio y a los recursos naturales tradicionalmente manejados,
(3) el derecho a la alimentación adecuada,
(4) el derecho a la salud y
(5) el derecho a un medio ambiente sano.
Recordaron que el 18 de enero de 2011 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala la Ley de Fomento y Protección al Maíz como patrimonio originario, en diversificación constante y alimentario, para el estado de Tlaxcala, en la cual se estableció la obligación de expedir un Programa Estatal de Semillas de Maíz con el objetivo de:
- a) que todas y todos los campesinos, en condiciones de equidad, pudieran acceder a las semillas de maíz criollo;
- b) promover prácticas encaminadas a proteger el maíz criollo, así como erradicar aquellas que vayan en contra de esto;
- c) garantizar que las y los campesinos que han trabajado el maíz criollo puedan ser eficientes, productivos y competitivos;
- d) asegurar la continuidad del maíz criollo, fomentando su biodiversidad y sanidad; y
- e) buscar la distribución de las semillas criollas así como de los insumos bajo la perspectiva agroecológica. A pesar de tal obligación, las mencionadas autoridades han sido omisas en su cumplimiento.
El sistema milpa y la agricultura tradicional se ven actualmente gravemente amenazados por el modelo de producción agroindustrial impulsado por el Estado mexicano, el cual ha promovido la sustitución de semillas nativas, abonos y técnicas de cultivo tradicionales por semillas comerciales, insumos sintéticos (fertilizantes químicos, pesticidas), mecanización y monocultivo, al mismo tiempo que destina la gran mayoría de los recursos públicos en programas que fomentan la agroindustria, provocando erosión social, cultural y ambiental en gran parte de las regiones del país.
«Con este amparo se busca que la autoridades cumplan con sus obligaciones de derechos humanos a través del establecimiento de políticas públicas agrícolas, en específico sobre el maíz criollo, que realmente se ajusten al modelo de agricultura tradicional y agroecológico que campesinas y campesinos en Tlaxcala practican, diseñándolas de la mano de ellos, y garantizando que sean ambiental y culturalmente adecuadas», señaló Ximena Ramos, abogada del CEMDA.