El Congreso capitalino exhortó a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a fiscalizar y sancionar a las empresas que han realizado obras para la reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, por el incumplimiento de contratos o los sobrecostos que se detecten.

Se requirió al gobierno capitalino informar a la población de los protocolos frente a microsismos

Ante el pleno de la Comisión Permanente, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León recordó que en días recientes la Jefa de Gobierno y el Comisionado para la Reconstrucción efectuaron recorridos y recibieron quejas de diversos vecinos sobre irregularidades en las obras que se están realizando con motivo de la reconstrucción.

“La propia Jefa de Gobierno ha señalado y ha instruido que se debe de realizar la supervisión que corresponda y en caso de incumplimientos, deben de generarse las sanciones para las empresas que no están dando cumplimiento estricto a lo estipulado en cada uno de los contratos para poder generar condiciones de certeza y de claridad para quienes están obteniendo un proceso de reconstrucción de su vivienda”, expresó el legislador del grupo parlamentario de MORENA,.

José Luis Rodríguez citó un informe de la Jefatura de Gobierno capitalina del pasado 21 de julio, en el que se indica que había sobrecostos en la demolición de inmuebles dañados, y que actualmente el costo por metro cuadrado se ha reducido de 3 mil a sólo 500 pesos.

“No es posible bajo ninguna circunstancia que permitamos que las empresas estén realizando un lucro con esta materia que tiene que ver con una tragedia, que tiene que ver con un proceso de reconstrucción. No se pueden permitir sobrecostos, no se pueden permitir sobreprecios, no se pueden permitir supervisiones de obra que no dan cuenta real de los avances, no se puede permitir la entrega de obras sin cumplir con estricta puntualidad cada una de las condiciones pactadas en el contrato”, señaló.

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso local aprobó la proposición del legislador para solicitar a la Secretaría de la Contraloría local poner puntual atención en los procesos de fiscalización, inspección y auditoría “que pueda generar de manera clara la ruta del gasto público que se está ejerciendo para poder realizar las obras de rehabilitación a las personas damnificadas, que se proceda con la investigación correspondiente y que por supuesto también se proceda a imponer cada una de las sanciones con las que cuenta para poder detener lo que esté sucediendo”.

Se requiere al gobierno capitalino informar protocolos frente a microsismos

Diputados del PAN solicitaron sancionar construcciones irregulares y corrupción inmobiliaria

Ante la serie de microsismos registrados recientemente en la capital, el Congreso local requirió a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informar a la población -a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos- los protocolos de protección civil y elaborar un censo de las viviendas dañadas para incorporarlas al Programa de Reconstrucción.

“La Ciudad de México aunque no se encuentra en la costa, se ha convertido en el receptor sísmico de todos los estados de la periferia, debido a que se encuentra lo suficientemente cercana para experimentar sus efectos. La causa de que estos sean más dañinos en esta zona que en otros lugares radica, entre otras cosas, en la naturaleza de su terreno, ya que fue fincada en lo que era un lago”, expuso la diputada América Rangel Lorenzana, promovente de esta proposición aprobada por el pleno del Congreso.

La legisladora del grupo parlamentario del PAN refirió que a partir del 12 de julio la capital está padeciendo una inusual actividad sísmica en ciertas zonas. “Por ejemplo en las alcaldías de Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, desafortunadamente esto se ha denominado como un enjambre sísmico, con 20 microsismos del 12 al 18 de julio”.

Aseguró que estos microsismos han afectado la tranquilidad y generado temor entre los capitalinos, por lo que solicitó al Congreso “ser un canal formal e institucional de las inquietudes y preocupaciones de los habitantes” y exhortar a la Jefa de Gobierno para que por medio de la SGIR se elaboren, publiquen y difundan entre la población los protocolos de prevención de protección civil y las acciones a realizar.

Asimismo, Rangel Lorenzana sugirió que estos protocolos se difundan en las 16 alcaldías y se pida a sus titulares implementar medidas de protección y mantener informada a la población sobre estos microsismos con epicentro en las demarcaciones; y que se realice un censo de los inmuebles afectados a consecuencia de éstos para incorporarlos al Programa de Reconstrucción que se implementó tras los sismos de 2017.

Diputados del PAN solicitan sanciones a construcciones irregulares

El Congreso de la Ciudad de México solicitó a la Secretaría de la Contraloría General, la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda capitalinas emprender acciones para abatir la proliferación de construcciones irregulares y contribuir a su regularización.

“Durante poco más de una década nuestra ciudad ha padecido el denominado boom inmobiliario, es decir una considerable expansión de la mancha urbana. Sin embargo, este crecimiento no se ha dado a través de los ejes del orden y la legalidad”, indicó la diputada Ana Patricia Báez Guerrero.

Mencionó como ejemplos de corrupción inmobiliaria las numerosas obras colapsadas, con pérdida de vidas humanas, a consecuencia del sismo de 2017, por no cumplir con la normatividad urbana.

“Derivado de lo anterior, las autoridades capitalinas se vieron obligadas a indagar más a fondo sobre este fenómeno de corrupción. Sin embargo, al día de hoy son los propios órganos encargados de velar por la legalidad como la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial, quienes denuncian la falta de sanciones e incluso investigaciones en contra de los servidores públicos corruptos que han propiciado el caos inmobiliario en el que vivimos el día de hoy”, criticó.

Esta proposición con punto de acuerdo, suscrita por la diputada Ana Patricia Báez Guerrero y el diputado Federico Döring Casar, ambos del grupo parlamentario del PAN, requiere a la Secretaría de la Contraloría investigar y sancionar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos del anterior gobierno capitalino y los gobiernos delegacionales que derivaron en actos de corrupción inmobiliaria y violaciones a la normatividad urbana.

Asimismo, solicita a las 16 alcaldías, en coordinación con Seduvi y PAOT, identificar las edificaciones que sobrepasan los niveles permitidos de construcción, implementar las sanciones correspondientes y la demolición de la obra excedente; y pide a la Procuraduría General de Justicia local informar los motivos por los que sólo en una de 500 denuncias penales por obra irregular, presentadas por PAOT, se ha logrado vincular a los responsables a proceso.