La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó el peritaje de 99 huevos de tortuga marina a petición del Ministerio Público Federal, derivado de la colecta de éstos que efectuó un infractor en la playa El Real, en el municipio de Tecomán, Colima.

La Tortuga Golfina es una especie que está en la NOM-059-SEMARNAT-2010 en la categoría de “En Peligro de Extinción”

En cumplimiento a la atención solicitada, la PROFEPA efectuó el peritaje correspondiente en materia de recursos marinos identificando los productos, mismos que por sus características físicas, fue dictaminado por los inspectores de esta Procuraduría que se trataba de 99 huevos de tortuga marina de la especie Golfina (Lepidochelys olivácea).

Los 99 huevos de tortuga marina quedaron bajo resguardo de la Delegación de la PGR en Colima, los cuales fueron trasladados a un campamento tortuguero a fin de ser resembrados, con el objetivo de lograr su mayor sobrevivencia y futura eclosión.

El personal dictaminador de la PROFEPA determinó que el daño ecológico que se origina con el tráfico, saqueo, explotación irracional, destrucción de su hábitat, nidos y ejemplares de estas especies es grave, ya que disminuye en gran medida la estructura de las poblaciones, por lo que cualquier actividad que tenga como resultado su deterioro, influye de manera directa en este proceso.

Las tortugas marinas están listadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, en la categoría de “En peligro de Extinción”, y también están dentro del Apéndice I de la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) y son reguladas por la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) y su Reglamento.

El personal dictaminador de la PROFEPA determinó que el daño ecológico que se origina con el tráfico, saqueo, explotación irracional, destrucción de su hábitat

De acuerdo al Código Penal Federal, en su Artículo 420, cualquier actividad con fines de tráfico, captura, posesión, transporte y acopio de partes y derivados de tortuga marina es penalizado como delito federal, con sanciones que van de 1 a 9 años de prisión y multa por el equivalente de 300 a 3,000 Unidades de Medida y Actualización.

Cabe asentar que los peritajes que realiza la PROFEPA ante la Procuraduría General de la República (PGR) cumplen con la función de auxiliar las labores que lleva a cabo esa representación federal, permitiendo aportar el soporte legal y probatorio para emitir una resolución respecto a las presuntas infracciones cometidas.