Las cifras publicadas sobre la deforestación en la Amazonía por el gobierno federal muestran que el derrocamiento del bosque gana impulso cuando debería caer.

Entre agosto de 2018 y julio de este año, se derribaron 9.762 kilómetros cuadrados, lo que representa un aumento del 30% con respecto al año anterior, según el sistema Prodes, del INPE (Instituto Nacional de Investigación Espacial).

Alcanza peligrosamente el nivel de los dos dígitos, un escenario que Brasil no ha visto en una década. Es la tasa más alta desde 2008, cuando comenzó a operar el Fondo Amazon por el gobierno federal.

Brasil no ha logrado controlar la destrucción de la selva tropical más grande del mundo, y los datos anunciados refuerzan este hecho. Otro número consolida este camino: según Deter, otro sistema del INPE, el 40% de este derrocamiento entre enero y julio de este año se produjo en terrenos públicos.

Este índice, que ya era alto, alrededor del 30% en los últimos cinco años, ha aumentado a un ritmo más alto que el observado anteriormente

«Las tierras públicas son áreas de responsabilidad del gobierno, donde las acciones de mando y control son clave para frenar el acaparamiento de tierras y la tala ilegal», dice el Director Senior de Ciencias de IPAM (Instituto de Investigación Ambiental de Amazonas), Ane Alencar. Cuando la deforestación crece en estas áreas, el debilitamiento de la vigilancia de campo es cristalino.

En vísperas de otra Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, el aumento de la deforestación, sumado a los incendios en agosto en la Amazonía y las quejas de ataques contra poblaciones tradicionales, tiende a debilitar la posición de Brasil como defensor del bosque y el clima.

Existe el riesgo de que el país se convierta en un paria en un momento en que el producto ambiental tiene un gran valor en las relaciones internacionales.

Brasil es capaz de cero deforestación, en la Amazonía con crecimiento económico. Eso es lo que sucedió en los últimos 15 años, cuando la tasa anual cayó de 27.800 km2 (en 2004) a niveles de alrededor de 5.000 a 6.000 km2 (entre 2012 y 2015), y la producción agrícola continuó aumentando. Una de las razones es la existencia de 10 millones de hectáreas de pastos abandonados o mal utilizados en la región, que pueden ser utilizados para la expansión de la producción de granos y ganado.

Las iniciativas que estimulan la economía forestal deben despegar. Debería alentarse y apoyar a los gobiernos estatales para aumentar la eficiencia de los sistemas de vigilancia y regularización del medio ambiente.

Las fuerzas públicas deben regresar al campo, y las tierras públicas no intencionadas deben ser enviadas a la preservación del medio ambiente, con la creación de nuevas áreas protegidas, para que el bosque siga proporcionando agua para la producción agrícola y la generación de energía.