El diputado Federico Döring Casar (PAN), presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México, advirtió que si las propuestas ciudadanas en materia de gestión integral de riesgos, resiliencia y sustentabilidad hídrica, entre otras, no se contemplan en la futura Ley de Planeación para la capital, “sería un daño irreparable”, pues el Gobierno de la Ciudad impondría su visión en torno al crecimiento urbano.

Durante el Foro Consultivo Ciudadano para Análisis y Discusión de los Contenidos de las Propuestas de Proyecto de Dictamen de la Legislación en Materia de Planeación, el legislador citó el apartado C del artículo XV de la Constitución de la Ciudad de México, el cual le otorga a la Jefatura de Gobierno una afirmativa ficta para hacer su propio programa de desarrollo y ordenamiento territorial, el cual, en el pasado, el Gobierno de la Ciudad nunca la tuvo.

“Los programas de desarrollo urbano nunca tuvieron el beneplácito de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, porque no había consenso con la ciudadanía, y ni aunque un partido político tuviera ese consenso vecinal se llegaron a aprobar. Por ende, está afirmativa ficta establece que lo que mande el gobierno a propuesta del Instituto de Planeación, sino lo rechaza el Congreso capitalino, se tendrá por aprobado en seis meses, con lo cual surge la posibilidad de tener propuestas mal hechas, insuficientemente bien planeadas y omisas en temas como gestión integral de riesgos, sustentabilidad hídrica, resiliencia y otros”, explicó el legislador.

Por ello dejó en claro que ingresar nuevos temas propuestos por la población garantiza que la planeación tomará en consideración tópicos que han preocupado y que nunca fueron tomados en cuenta por el Gobierno de la Ciudad, por lo que es una suerte de póliza de seguro contra la imposición de la visión de crecimiento de la ciudad a partir de la figura de la afirmativa ficta.

En tanto, los vecinos participantes plantearon que los usos de suelo no sean aprobados por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, organismo propuesto en la iniciativa del Gobierno de la Ciudad; que todos los proyectos inmobiliarios sean llevados a consulta pública de pueblos, barrios, comunidades indígenas residentes y colonias que pudieran tener alguna afectación y basados en el Atlas de Riesgo para analizar su factibilidad.

Asimismo, destacaron la necesidad de que quienes analicen los cambios de uso de suelo sean especialistas en la materia, y en caso de violaciones de los mismos se incrementen las sanciones, incluso estableciendo más años de cárcel, erradicar la gentrificación y la exclusión social.

Apuntaron la necesidad de que en caso de aprobar la integración del Instituto, debería desaparecer la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y que la elección de su titular se haga a través  de una convocatoria abierta, pública y transparente.

Finalmente, se pronunciaron en favor de abrir un nuevo protocolo de discusión para que la Ley de Planeación sea consultada abiertamente entre la población, y aprobada en máximo tres meses.