La  Red por los Derechos de la Infancia en México lamentó la masacre en Chilapa, Guerrero; en el  que fueron asesinados y calcinados 10 músicos, entre ellos un adolescente de 15 años. Llamamos a las autoridades estatales a investigar de forma eficiente estos hechos para garantizar el acceso a la justicia; además de brindar el apoyo económico y psicológico a las familias víctimas; en particular a niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus padres.

Asimismo, expresó preocupación por el anuncio de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) del Estado de Guerrero, sobre la incorporación a sus filas de niños y adolescentes, algunos de ellos hijos de los músicos víctimas de homicidio; como un acto desesperado para llamar la atención del Estado Mexicano.

La comunidad indígena tiene más de tres décadas, con policías comunitarias, instaladas ante el abandono del Estado mexicano y su omisión de garantizar seguridad y desarrollo social. En los últimos siete años el crimen organizado ha incrementado el control territorial, con la complicidad de caciques y autoridades locales, para ampliar la siembra de amapola y procesamiento de otras drogas.

El reclutamiento de adolescentes y jóvenes campesinos ha crecido de forma alarmante en el Estado de Guerrero; los grupos criminales tienen campos de entrenamiento y esclavitud de personas jóvenes.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, afirmó que desde REDIM, “si bien consideramos que presentación de niños y adolescentes como parte de la policía comunitaria se trata sólo de un performance, y que no se traduce en la participación directa en actos armados, recordamos a la CRAC-PF, que más allá de la legitima defensa y la necesidad de llamar la atención del Estado para garantizar su seguridad y evitar el reclutamiento de niños y adolescentes”.

Agregó que no es posible prevenir un delito al tiempo de exponer a la niñez a hechos de violencia. El reclutamiento anunciado puede configurar delitos como trata, ‘corrupción de menores’ y explotación con consecuencias legales. Les llamamos a reconsiderar esta postura y asumir como una gran responsabilidad proteger a niñas niños y adolescentes de cualquier forma de violencia y reconocer sus derechos, haciéndoles partícipes de las soluciones comunitarias.

Como sociedad, es importante no sumarse a la criminalización de las familias indígenas y su policía comunitaria. Sino exigir al Estado garantizar la vida y desarrollo social de estas comunidades. En el caso de los niños y niñas, el sistema DIF del Estado está obligado a ofrecer apoyo y alternativas de protección sin separación familiar.

Es urgente atender los llamados ciudadanos y de organizaciones defensoras de derechos humanos para construir una estrategia nacional que frene la violencia armada en contra de niñas, niños y adolescentes, que sea el Proyecto Prioritario 26 (#Proyecto26) de esta administración.

Finalmente, reiteró la petición a periodistas y medios de comunicación a no difundir imágenes y datos que permitan la identificación de las niñas niños y adolescentes por el alto riesgo de ser blanco de grupos criminales.