La Presidencia de la Mesa Directiva, así como diputadas y diputados del Congreso capitalino recibieron una iniciativa de reforma al Código Penal, con la adición de un Artículo 293 Quater, elaborada por la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, para castigar a quienes filtren imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite, con agravantes cuando se lesione la dignidad o memoria de las víctimas directas o indirectas de un aparente delito, y cuando sea cometida por un servidor público de una institución de seguridad.

Esta iniciativa propone que, a quien indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la Ley señala como delito, se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de 500 a mil unidades de medida.

También señala que si se trata de imágenes, audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán hasta en una tercera parte.

Tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán hasta en una mitad.

Advierte que cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de alguna institución policial, las sanciones se incrementarán hasta en una mitad.

La diputada Isabela Rosales Herrera, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, se congratuló; “celebramos la iniciativa que hoy nos entrega, misma que habrá de modificar esta terrible situación -filtración de información-, en beneficio de las víctimas, de su nombre, su imagen y la de su familia, en momentos de profundo dolor, indignación y tristeza”.

Dijo que el feminicidio de Ingrid Escamilla es un reflejo de hasta dónde puede llegar el odio por las mujeres, y consideró indignante la forma en que se difundió la información del caso. “Indigna más cuando recordamos que no es la primera vez que a nivel local o federal se filtran datos, imágenes o videos que lesionan la dignidad de las víctimas”.

En este sentido, se refirió al asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte y al feminicidio de Lesvy, como casos específicos en los que se filtró información, y de los que derivaron recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos para respetar los derechos de las víctimas y establecer protocolos internos para resguardar la confidencialidad de las carpetas de investigación y evitar la difusión de esta información sensible en perjuicio de las víctimas y sus familiares.

“Trabajemos juntos para erradicar toda violencia e impunidad contra las mujeres”, ofreció.

“Es una respuesta a un problema de nuestra institución ”: Ernestina Godoy

La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, explicó que esta iniciativa está hecha para castigar filtraciones, como la ocurrida con Ingrid. “Es una respuesta a un problema de nuestra institución y de las instituciones de seguridad”.

Expresó que esta propuesta de adición da respuesta a un reclamo social a raíz de la filtración de material fotográfico sensible de la muerte Ingrid Escamilla, ocurrida el pasado fin de semana a manos de su pareja.

“El feminicidio de Ingrid nos conmociona, nos indigna, fue un crimen atroz que nos llena de tristeza y enojo. La publicación de imágenes de Ingrid ha sido un acto de irresponsabilidad, que ha causado un dolor a familiares y amigos, y a la sociedad entera. Es inadmisible y no podemos permitir su repetición”, indicó.

“Como Fiscal General de Justicia asumo la responsabilidad institucional que me corresponde por la filtración de estas imágenes. Nuestra obligación es estar cerca de las víctimas. Todas las personas servidoras públicas de esta Fiscalía debemos honrar este compromiso y estar a la altura de nuestro deber. Quienes traicionan la confianza y se apartan de esta responsabilidad, no tienen lugar en esta institución”, advirtió.

Puntualizó que la Fiscalía está obligada a trabajar con profesionalismo, sin cometer errores ni incurrir en omisiones; y se refirió a la responsabilidad legal y ética de los medios de información con los derechos de las víctimas. “Exhibir a las víctimas sin reparar en sus derechos y en el dolor que provocan es un acto de profunda irresponsabilidad”, por lo que les hizo un llamado a abstenerse de publicar imágenes o información confidencial de las víctimas que violenta sus derechos y los de sus seres queridos. 

Finalmente, confió en que las y los legisladores del Congreso capitalino aporten elementos al debate, para contribuir a la construcción de una ética pública, “en la que los ciudadanos compartamos la responsabilidad de no hacer apología de la violencia y construir una cultura de paz, y que las instituciones como la Fiscalía y los cuerpos de seguridad asumamos la responsabilidad que tenemos de cuidar la secrecía de las investigaciones, de los indicios y de las imágenes”.