En el marco del Día mundial del Medio Ambiente y ante un escenario de cambio de gobierno, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) hace un llamado a los aspirantes a la Presidencia de la República a expresar claramente su compromiso con las comunidades rurales que protegen y utilizan de manera sustentable los bosques y selvas.

En este sentido, solicitó a los candidatos impulsar, en caso de llegar a la Presidencia, un Plan Nacional de Desarrollo y política pública derivada del mismo que tengan como eje, en lo que respecta a la política forestal, el fortalecimiento del manejo forestal comunitario.

Las comunidades forestales viven una situación paradójica: son dueños de una gran riqueza natural pero viven en condición de pobreza económica

De esta forma, miles de familias que habitan en las regiones forestales podrán mejorar sus condiciones de vida y conservar, en el largo plazo, los bosques, selvas y la biodiversidad que se encuentra en sus territorios.

Las comunidades forestales viven una situación paradójica: son dueños de una gran riqueza natural pero viven en condición de pobreza económica. El país presenta un gran potencial productivo de más de 21 millones de hectáreas de bosques y selvas para la generación de productos forestales maderables y no maderables.

“Pese a este enorme potencial, la excesiva regulación, la falta de estímulos para el desarrollo de capacidades productivas, la carencia de investigación científica y la escasa inversión pública en el sector, mantienen estancada la producción forestal, al tiempo que la balanza comercial presenta un déficit de más de 7 mil millones de dólares. Es urgente revertir esta situación, por ello, le pedimos a los candidatos priorizar el manejo forestal comunitario, pues es la mejor estrategia para conservar los bosques y garantizar una vida digna a quienes los habitan”, afirmó Sergio Madrid, director del CCMSS.

Aunado a ello, el marco legal privilegia otras actividades que causan severas afectaciones ambientales y sociales, cuyas consecuencias se resienten desproporcionadamente sobre las comunidades rurales. Tal es el caso de las normas que regulan la extracción de bienes minerales del subsuelo, incluyendo metales, no metales e hidrocarburos. Tanto la Ley Minera como la Ley de Hidrocarburos dan preferencia a estas actividades por encima de otro tipo de aprovechamientos que se desarrollan en territorios rurales.

Un estudio del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible indica que de los 11,843 núcleos agrarios que tienen superficie forestal, 42% tiene alguna concesión minera en su territorio.

La mayor parte de los integrantes de las poblaciones que habitan estos núcleos agrarios no cuenta con información sobre los permisos otorgados para el desarrollo de actividades extractivas.

“El 44% de los proyectos mineros en fases de exploración y desarrollo en México se encuentran en bosques y selvas. La falta de información previa al otorgamiento de los permisos, las promesas de gasto social corporativo incumplidas y las afectaciones sociales y ambientales que se manifiestan a lo largo del desarrollo de proyectos extractivos han dado lugar a más de un centenar de conflictos socioambientales a lo largo y ancho del territorio mexicano”, explicó Francisco Cravioto, coordinador de incidencia en políticas públicas del CCMSS

Frente a estas amenazas, el manejo forestal comunitario ha demostrado ser un modelo exitoso en México y el mundo para la conservación activa de los bosques, selvas y toda la biodiversidad asociada a estos ecosistemas.

Gracias a estas labores de conservación es posible brindar servicios ambientales vitales como la captura de carbono, la generación de oxígeno, la recarga de mantos acuíferos, la regulación de la temperatura y la conservación de suelos.

Asimismo, la apropiación de los procesos de manejo y aprovechamiento de los recursos forestales permite la cohesión comunitaria y el fortalecimiento de la gobernanza interna para la toma de decisiones en las comunidades forestales.

Estas características les permiten generar ingresos, definir su propio desarrollo y defender sus territorios y bosques ante amenazas como la instauración de megaproyectos energéticos, turísticos y extractivistas que causan severas afectaciones ambientales.