Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, aprobaron el dictamen para establecer la creación del Registro Público de Agresores Sexuales, el cual forma parte de la estrategia para prevenir e inhibir la comisión de este tipo de delitos.

En reunión de trabajo, las diputadas y diputados estuvieron en favor de que la inscripción en el Registro sea por un periodo de 10 años a 30 años -con base en la gravedad del delito-, y que sea obligatorio para el juez la imposición de esta medida de seguridad; incluso que el Registro sea público y abierto.

Para la instauración del Registro, en las comisiones unidas aprobaron reformas y adiciones al Código Penal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todos los ordenamientos de la Ciudad de México

El diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, explicó que este dictamen tiene como antecedentes dos iniciativas: una presentada por el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez (PRI), para la Ley del Registro de Ofensores Sexuales de la Ciudad de México, y otra enviada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para la Ley del Registro de Agresores Sexuales de la Ciudad de México.

Señaló la necesidad de que la Ciudad de México cuente con un instrumento ágil y eficiente para garantizar la seguridad de la población, en particular de las mujeres, con medidas preventivas en materia de delitos sexuales.

Explicó que a través de este Registro, los jueces podrán establecer la inscripción en el Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México, por un periodo de 10 a 30 años, a partir de que concluyan su detención.

El legislador de MORENA consideró “que es muy importante que se trate en primera instancia de un mecanismo, que más que estar en el ámbito administrativo, se pueda contemplar en el ámbito penal; que esta medida de seguridad para efecto de garantizar su constitucionalidad sea interpuesta por juez y que al mismo tiempo se establezca un término definido para la inscripción en el registro, se establece evidentemente que una vez concluido el periodo de inscripción en el registro se pueda dar de baja el mismo”, señaló.

Consideró importante que este Registro sea público, abierto y la inscripción de los agresores sea obligatoria y no esté a consideración del juez. En este sentido informó que en la Ciudad de México se cometieron 56 feminicidios y denunciaron mil 269 violaciones, entre el 5 de diciembre del año 2018 y el 17 de noviembre de 2019.

Durante su intervención, el diputado Jorge Gaviño Ambriz, del PRD, aseguró estar en favor de impulsar un sistema que proteja el bien superior de las personas, “pero no lo estamos haciendo así, con este dictamen lo que se está creando es una propaganda para salir del paso, para decir, ya cumplimos”.

“No es un sistema lo que se está creando, son únicamente parches, si aprobamos este dictamen vamos a dejar un problema porque esta lista no va a aparecer una vez que se publique el ordenamiento en la materia, aparecerá dentro de cinco años. Además, anunció que presentará un voto particular ante el pleno.

La diputada Lizette Clavel Sánchez (PT) se manifestó en favor de la creación de este Registro, pero consideró que al tratarse sólo de reformas a leyes ya existentes, no se está logrando la creación de una ley como la planteada por los promoventes de las iniciativas, y solicitó cuidar la perspectiva de género y el lenguaje incluyente en todo el texto del dictamen, así como los datos personales que se harán públicos en este Registro.

En tanto, la diputada Leticia Estrada Hernández (MORENA) indicó no estar convencida de que el Registro de los Agresores deba ser público al considerar que sería violatorio de derechos humanos; también solicitó considerar la posibilidad de incrementar la temporalidad del registro de agresores y no únicamente por 10 años, “es algo muy grave, debemos discutirlo”.

La diputada Leticia Varela Martínez (MORENA) reiteró incluir lenguaje con perspectiva de género, y consideró a este Registro como un avance para reducir la violencia sexual, ya que ha tenido éxito en múltiples países del mundo.

Asimismo, la diputada Evelyn Parra Álvarez, aseguró que era urgente que existiera este Registro porque “vemos que la violencia hacia las niñas y mujeres cada vez es más grave”. También coincidió en la importancia de no limitar a 10 años la temporalidad del registro de agresores.

El diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA) consideró que el tiempo de inscripción en este Registro y su finalidad debe definirse claramente, y que se requiere un análisis más profundo y urgente, ante la alta reincidencia que tienen los ataques sexuales, “este es un paso gigante para inhibir estos delitos”, además de que debe también plantearse en el caso de los agresores menores de edad.

El congresista Nazario Norberto Sánchez (MORENA) externó su preocupación respecto a lo que pasa con los adolescentes que son agresores sexuales, “creo que también debe existir una lista de agresores de 16 y 17 años, es necesario que lo tomemos en cuenta”.

La diputada Jannete Guerrero Maya (PT), señaló algunas contradicciones en el dictamen y cuestionó si el registro será público y hasta qué punto será accesible para la población.

El legislador Ricardo Ruiz Suárez (MORENA) calificó la creación de este Registro como una innovación a nivel nacional, además de que “estamos atendiendo una demanda y exigencia de las mujeres en la capital. Demos pasos firmes cuidando no violentar derechos humanos, debemos crear un sistema que debe perfeccionarse, que nos permita un sistema mucho más claro”.