Ambientalistas de Greenpeace demandaron al gobierno federal y locales un alto a  las granjas industriales  (instalaciones cerradas y confinamiento individual para animales), una ordenación rigurosa del territorio en las zonas de gran densidad ganadera en la península de Yucatán de manera que por ningún motivo las autoridades permitan ocupar suelo de protección y conservación, además de crear un sistema de monitoreo e inspección de la calidad de agua tanto estatal como nacional que permita evaluar el grado de contaminación y su comportamiento a través del tiempo.

En conferencia de prensa virtual la organización presentó el reporte “La carne que consume al planeta”, que pone en evidencia cómo la industria porcícola en la región está creciendo de manera exponencial invadiendo ANPs, contaminando el agua, afectando el ecoturismo de los cenotes, generando deforestación en la selva maya y violentando los derechos humanos de pueblos indígenas.

“El plan de recuperación económica de Andrés Manuel López Obrador y de las entidades debe ser verde y justo para garantizar no solo una recuperación económica en el corto plazo sino un modelo sostenible y saludable en el mediano y largo plazo que no incremente el cambio climático y nos aleje de una crisis climática -tanto o más catastrófica en términos tanto de salud como financiera- que la que vivimos actualmente por el Coronavirus”, afirmó  Viridiana Lázaro, especialista en Agricultura y Cambio Climático de Greenpeace México.

Los participantes explicaron que de las 257 granjas porcícolas con registro en alguna base de datos oficial en la Península de Yucatán, 122 (47%) están establecidas en regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad.

Explican que las granjas en sitios de conservación suman 20, mientras que las localizadas en sitios de restauración son 102, 65% de ellas en lugares de prioridad extrema.

Al menos 43 están ubicadas en cuatro Áreas Naturales Protegidas (ANPs) y una más en un sitio RAMSAR y solo 22 (de las 257) operan con Manifestación de Impacto Ambiental, de acuerdo con los resultados de una investigación realizada por la organización ambientalista Greenpeace México, sobre la operación de esta industria en esa entidad.

Como parte de esta investigación, Greenpeace realizó muestreos de agua en pozos, tomas de agua de las granjas que se vierte directo en la selva y un cenote  de la región, encontrando que en 5 de las 8 muestras se rebasa la NOM-001-SEMARNAT-1996 para la protección de la vida acuática.

Todas las muestras exceden los límites recomendados de amonio (NH4), nitritos (NO2) y nitratos (NO3) para garantizar la salud de las personas en México, según lo estipulado en la NOM-127-SSA, la cual dicta los límites recomendados para uso y consumo humano.

La deforestación, con una pérdida de 10 997.01 hectáreas de selva, es otro de los graves impactos ambientales de las granjas porcícolas, lo cual también representa una grave amenaza para especies carismáticas catalogadas en peligro de extinción o amenazadas según la NOM-059-SEMARNAT-2010, el jaguar en la selva o los peces ciegos en cenotes, por ejemplo.

Yucatán es un caso icónico que funciona para ilustrar la ilegalidad, contaminación e injusticia social vinculadas a esta industria que está también presente en otras entidades de la República.

 “En este contexto resulta inconcebible que el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), así como el gobierno de Yucatán, estén planteando un impulso a esta industria como parte de sus planes de recuperación económica tras los efectos de la pandemia del Covid-19, cuando lo que deben hacer primero es regular la industria existente y después transformar de fondo el modelo de producción de carne de cerdo a nivel industrial”, señaló Viridiana Lázaro, Especialista en agricultura y cambio climático de Greenpeace México.

Personas, en el centro de la irregularidad

“Hoy nuestra tranquilidad y seguridad se encuentran amenazadas por la presencia de una mega-granja porcícola entre las poblaciones de Kinchil y Celestún. La producción industrial de cerdos en esta granja ocasiona la extracción de grandes cantidades de agua del subsuelo, misma que utilizan para limpiar las jaulas, esta agua aunque pasa por los biodigestores, finalmente la regresan al monte o a la selva en un sistema de riego, y ésto ocasiona formación de lagunas de agua contaminada con excretas y orina de cerdo pero en grandes cantidades. Esta agua residual se filtra inmediatamente al manto freático y de no detener esto, en pocos años la región se verá afectada seriamente”, expresó el portavoz de Chikin-já, Alberto Rodríguez Pisté, portavoz del consejo maya del poniente de Yucatán Chikin-já.

Manuel Casanova es apicultor maya y ha sido desplazado por la presencia de una granja porcícola.

“Los principales impactos que tenemos ahora es que ya casi no tenemos tierras para producir,  porque Kekén dice que esas tierras son propiedad privada, son de ellos, y lo más doloroso es que otros estados nos están superando en las cosechas de miel cuando Yucatán era el primer lugar.  No saben cómo sufrimos las pérdidas de nuestra selvas y lo más importante, el agua, ojalá que la gente nos apoye en nuestra lucha; invito a quien sea a comprobar que lo que digo es verdad, ya no vamos a tener turismo, ni  pesca,  y lo más triste es la contaminación del agua y el aire”,  expresó el apicultor.

Por su parte, Lourdes Medina de Indignación AC, señaló que ante este escenario, vemos con indignación el papel omiso del Gobierno estatal y federal. Que incluso en el caso del Gobierno de Yucatán, en su Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 , tenga como objetivo impulsar este tipo de industria.

“Por lo anterior, exigimos que los tres órdenes de gobierno y en el ámbito federal y estatal respete el derecho del pueblo maya peninsular y se adopten medidas con base al principio precautorio que puedan garantizar nuestro derecho humano a la alimentación adecuada, a la salud, al medio ambiente sano y al agua”.

La especialista recordó que los reclamos de las comunidades mayas por las violaciones a sus derechos humanos a consecuencia de las granjas porcícolas inicio con mayor fuerza a partir del 2017, cuando el pueblo maya de Homún comenzó una batalla legal en contra de una de estas mega granjas.

A partir de este proceso legal – que incluso se encuentra por su importancia y trascendencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación– se destapó una serie de irregularidades.

A partir de estas denuncias diversas comunidades como Kinchil, Maxcanú, Celestún, Chapab, Tabi, Maní, Sudzal, San Fernando y Paraíso por mencionar algunas, han denunciado públicamente afectaciones por granjas porcícolas en sus territorios.

Finalmente, Viridiana Lázaro recalcó que como nunca antes, la pandemia de Covid-19 es un llamado para la humanidad a repensar nuestro modo de desarrollo capitalista y a cuestionarnos las formas en que consumimos y nos relacionamos con la naturaleza.

Uno de los grandes problemas es el crecimiento descontrolado de las ciudades que ha llevado a la conversión de zonas rurales en urbanas, lo cual ha permitido que exista una mayor demanda de productos cárnicos. Esto deriva en la expansión de las tierras de cultivo para producir piensos y una ganadería industrial, intensiva, cercana a los centros de población y ciudades; lo que resulta en un aumento de la exposición a las enfermedades.

Reporte La carne que consume al planeta ¿qué hay detrás de la industria porcícola en la Península de Yucatán? Completo, resumen ejecutivo en español y lengua maya disponibles en el siguiente enlace