Organizaciones de la sociedad civil que han participado desde la fase de preparación y durante las negociaciones del Acuerdo, haciendo aportaciones importantes como lo fue el artículo 9 que refiere la protección de personas defensoras, y promoviendo la firma del acuerdo por parte de México, urgen concluir el proceso de ratificación por parte del Estado mexicano, decisión ahora en manos del Senado de la República, para seguir avanzando en el compromiso que el país tiene con los derechos de acceso en materia ambiental en la región.

El 4 de marzo de 2018 se adoptó en Escazú, Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe conocido como Acuerdo de Escazú, el cual es el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales; además, es el único instrumento jurídicamente vinculante que se deriva de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012 (Río+20).

El Acuerdo de Escazú brinda sustento a los Derechos Humanos en general y los derechos ambientales en particular. Detalla el piso mínimo que la legislación de cada país debe tener para promover y garantizar el acceso a la información ambiental, el derecho a participar en la toma de decisiones de los proyectos que pueden afectar el medio ambiente, y el derecho de acceder a la justicia en materia ambiental; también, establece la obligación de los Estados para garantizar la protección de personas que defienden sus territorios y su derecho a un medio ambiente sano.

“Este Acuerdo es un instrumento que resulta una verdadera guía de Derecho Ambiental, sistematizando en un solo instrumento legal vinculante, regulación con los más altos estándares y, al mismo tiempo, contextualizados para la región latinoamericana, además de que establece la obligación de la protección de personas que defienden su derecho a un medio ambiente sano”, afirmó Juan Carlos Carrillo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Mariana Blanco, del Proyecto TSE de la Fundación Friedrich-Ebert explicó que “América Latina y el Caribe es una de las regiones más biodiversas del mundo, sin embargo, las economías latinoamericanas son muy dependientes de la extracción de recursos naturales, lo que está generando una acelerada degradación de sus ecosistemas. A este contexto se suma que América Latina es la región más peligrosa para los defensores ambientales, México entre uno de ellos”.

México sigue siendo un país muy peligroso para las personas defensoras del medio ambiente, quienes son víctimas de amenazas, agresiones, criminalización y asesinato, y las acciones del gobierno son insuficientes: Desde el 2012, se han documentado casi 500 agresiones en contra de personas que defienden el derecho a un medio ambiente sano

A pesar de que México fue uno de los primeros 15 países firmantes de los 33 países latinoamericanos y caribeños, aún está pendiente su ratificación. A la fecha solo han firmado 22 países, y tan sólo 9 países han ratificado: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadina y Uruguay. Esto solo retrasa la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el cual sólo puede hacerse efectivo una vez que se obtengan 11 ratificaciones.

Amelia Arreguín de la organización Eco Maxei Querétaro, A.C., señaló la importancia de pensar más allá de la ratificación e indicó cómo la aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú puede ser un parteaguas para el fortalecimiento de la ciudadanía ambiental de colectivos históricamente marginados, como mujeres y jóvenes.

La Fundación Friedrich-Ebert, a través del Proyecto Regional Transformación Social-Ecológica en América Latina, junto con las organizaciones que conforman Iniciativa México –Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comunicación y Educación Ambiental y Cultura Ecológica–, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comunicación y Educación Ambiental y Cultura Ecológica, hicieron un llamado a las y los senadores para cumplir con la responsabilidad histórica que les corresponde en materia de Derechos Humanos y derechos ambientales, y desde la sociedad civil continúan su compromiso para colaborar con las instancias correspondientes en el impulso a la implementación del Acuerdo de Escazú y, por ende, el fortalecimiento del ejercicio de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental en México, y en América Latina y el Caribe.