“La pandemia por el COVID-19 cambiará la manera en que los partidos políticos gastan sus recursos, por lo que ya trabajan en nuevas estrategias para su erogación, en el sentido de que probablemente los actos masivos no tengan cabida dentro de un escenario como el que se está viviendo, por lo que será necesario buscar en las redes sociales y los medios de comunicación, la manera de transmitir sus mensajes y discursos”.

Así lo señaló el Presidente de la Comisión de Vinculación Organismos Externos del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el Consejero Yuri G. Beltrán Miranda, durante el conversatorio virtual 17 “Cambios en el financiamiento y fiscalización de los partidos políticos en América Latina, como consecuencia del COVID-19”.

En el encuentro transmitido por el canal de YouTube del IECM, Beltrán Miranda reconoció que los procesos electorales por venir advierten dos problemas importantes, por un lado, el financiamiento público, en virtud de que tenemos enfrente la crisis económica más aguda desde la segunda guerra mundial; por otra parte, el monitoreo de los recursos que erogan los partidos.

Durante la conferencia magistral impartida por el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Uuc-Kib Espadas Ancona, indicó que, en un contexto de pandemia, es probable que los montos económicos destinados a las campañas sean asumidos como dispendio, debido a las severas medidas de distanciamiento social o confinamiento que se han traducido en una contracción de la economía, pérdida de empleos y disminución general del ingreso para las familias.

Consideró que, debido a la pandemia, buena parte de las campañas se desarrollarán a través de mecanismos propagandísticos en redes sociales, medios electrónicos, anuncios espectaculares y prensa escrita, pese a las disposiciones que las legislaciones imponen al respecto.

Agregó que es probable que esto se traduzca en un incremento en el gasto de campaña de difícil fiscalización, pero no por ello menos visible, es decir, el que la autoridad electoral no tenga elementos suficientes para fiscalizar al 100 por ciento los flujos de dinero en efectivo y en redes sociales, no significa que no sean evidentes para la ciudadanía.

En su oportunidad, la Consejera Electoral del IECM, Myriam Alarcón Reyes, mencionó que en los países de América Latina hay diversas disposiciones legales en materia de financiamiento y fiscalización a los partidos políticos en los procesos electorales. En este sentido, dijo que hay puntos de coincidencia, como son la búsqueda de la equidad de la contienda, el origen lícito de los recursos y poder fiscalizar desde el origen hasta el destino de manera correcta, sin vulnerar el derecho a votar de la ciudadanía.

El Consejero Electoral del IECM, Bernardo Valle Monroy, indicó que, con el modelo de fiscalización, en México se asegura que el origen de los recursos que utilizan los partidos, candidatos, agrupaciones y organizaciones sociales provengan de fuentes permitidas por la ley. Dichas actividades, aseguró, deben ser ajustadas al contexto derivado de la pandemia, sin que ello ponga en riesgo su efectividad.

“Ante la nueva normalidad, un reto para los órganos electorales es mejorar los procesos de fiscalización para hacerlos más prontos y expeditos, lo cual será posible a través del uso de herramientas informáticas, estableciendo mecanismos de información de fácil uso para los sujetos obligados”, apuntó.

En su participación, la coordinadora operativa de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, Fan Jua Rivas Maldonado, expuso que desde 2008, en México los partidos deben destinar parte de sus recursos al fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres y en actividades de formación y cultura política que incidan en la contienda electoral.

A pesar de ello, dijo que estos recursos no son aplicados correctamente, debido a que hay omisiones y simulación en su ejecución. Advirtió que la función de la fiscalización no es sancionar, sino que los entes cumplan con sus obligaciones.

En tanto, el director del Instituto del Pensamiento Liberal en Colombia, Héctor Riveros-Serrato, indicó que el reto para los institutos electorales es la fiscalización de las campañas a través de plataformas electrónicas y medios digitales, pues no están reguladas y no se pueden vigilar, ni controlar. Sostuvo que el uso de las redes sociales debe verse positivamente, pues son una oportunidad para la democracia y no un peligro, otorgan a las asociaciones políticas y a la ciudadanía instrumentos para el diálogo democrático, la difusión de mensajes y la promoción de la organización social.

Finalmente, la académica de la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia e integrante de la Red de Politólogas, María Teresa Zegada Claure, refrió que en su país los partidos reciben recursos del financiamiento público y privado, el cual es fiscalizado y sancionado por la autoridad electoral.

Agregó que para la próxima elección el 18 de octubre, la autoridad electoral previó medidas de seguridad sanitaria como evitar actos masivos, incrementar el número de casillas, alargar las jornadas de votación, dividir a los votantes por la mañana y por la tarde, los funcionarios de mesas serán personas de 18 a 50 años para proteger a la población adulta, así como sanitizar los espacios de votación, entre otras acciones.