En un país donde la malnutrición y el hambre oculta ya eran un grave problema de salud pública, los incumplimientos a la fortificación obligatoria de alimentos básicos ponen en riesgo el estado de salud de la población ante el impacto que la pandemia de Covid-19 ha tenido en la alimentación, alertó en conferencia de prensa virtual la Organización Salud Crítica.

“Las deficiencias de algunas vitaminas y minerales siguen siendo un problema de salud pública en México, las cuales pueden incrementar debido a la pandemia por COVID-2019, afectando principalmente a los niños y mujeres en edad fértil”, expresó la Dra. Sonia Rodríguez, Jefa del Departamento de Alimentación, Cultura y Ambiente del Instituto Nacional de Salud Pública.

La organización señaló que la pandemia de Covid-19 ha causado disrupciones en el sistema alimentario en México que obstaculizan que las personas, en especial aquellas en situación más vulnerable, tengan acceso a alimentos naturales, saludables y ricos en micronutrientes, pues de acuerdo con encuestas recientes (ENCOVID-19) entre 5.2 y 8.1 millones de personas (10.8% de la población) perdieron su empleo, fueron “descansadas” o no pudieron salir a buscar trabajo en el contexto de la pandemia del COVID-19, y hasta un 27.5% de los hogares han reportado afectaciones en la cantidad y calidad de sus alimentos por falta de recursos económicos.

Por ello, más de 10 ONGs alertaron mediante una solicitud de actualización de la NOM 247, sobre la urgencia de implementar medidas para prevenir el incremento de la malnutrición de conformidad con la ley.

“La fortificación obligatoria de alimentos básicos con vitaminas y minerales es una medida especial que puede ayudar a la población a obtener los requerimientos diarios de micronutrientes; sin embargo, en el contexto de inseguridad alimentaria por Covid-19 se ha vuelto más crítico garantizar su cumplimiento”, indicó Doré Castillo, Coordinadora de Vinculación y Políticas Públicas de Salud Crítica.

Una de las estrategias que ha probado ser efectiva para ayudar a combatir la carencia de micronutrimentos, y que se encuentra presente en el marco legal mexicano, es la fortificación obligatoria de alimentos básicos como la tortilla y las harinas con las que éstas se preparan.

En 2010 el gobierno mexicano publicó la norma NOM-247-SSA1-200821, que proporciona estándares de nutrición obligatorios para adicionar hierro, zinc, ácido fólico, niacina, tiamina y riboflavina tanto a las harinas de trigo como a las de maíz, un alimento de consumo básico a nivel nacional.

Reportes de investigaciones independientes elaboradas por la Fundación Changing Markets revelan un fracaso en este esfuerzo, pues análisis realizados a 343 muestras de 61 productos de las marcas más populares de harina de trigo y de maíz en México revelan que sólo el 7% de éstas se fortifican adecuadamente.

De la misma manera, grandes corporaciones productoras de panes y tortillas en México están utilizando harinas que incumplen la norma mexicana: tan solo 1% de las tortillas y 14% de los panes analizados que se venden en México están elaborados con harinas que cumplen con los requerimientos de fortificación obligatoria acorde con la legislación.

“La pandemia por COVID-19 nos ha mostrado que el sistema alimentario global es tan eficiente como vulnerable e inestable. Se estima que una disrupción como la que generó la pandemia lleve de 83 a 132 millones de personas más a una situación de desnutrición en el mundo este año. La emergencia sin precedentes que vivimos requiere la actuación firme del gobierno de México para fortalecer la norma, mejorar el monitoreo y hacer cumplir la ley.

Las empresas productoras de harinas, panes y tortillas deben ser inspeccionadas de manera regular, y, en caso de incumplimiento, deben recibir sanciones significativas. La industria de alimentos tiene la obligación de cumplir la ley y la responsabilidad moral de abordar los retos nutricionales que sufre la población más vulnerable”, declaró Yatziri Zepeda, socia fundadora de Proyecto Alimente.

 “En estas circunstancias, la población que ya es vulnerable es la que se ve mucho más afectada por la pérdida de sus ingresos y, por lo tanto, su atención debe ser prioritaria, pues sabemos bien que las situaciones de crisis económicas profundizan la inseguridad alimentaria entre las poblaciones más empobrecidas”, destacó Ana Larrañaga, Directora de la organización Salud Crítica. 

 “Nuestro estándar de oro debe ser alcanzar el acceso a alimentos sanos y frescos, sin embargo, en muchas regiones que viven en contextos de vulnerabilidad alimentaria, se requiere de alimentos básicos y saludables como vehículo para hacer llegar hierro y otros micronutrientes.

Es preocupante que, a pesar de que en la ley se establece que ciertos alimentos deberían estar fortificados, y algunos incluso se publicitan como si lo estuvieran, análisis independientes han demostrado que no contienen los micronutrientes que declaran. Esto es un engaño a los consumidores.

Es necesario fortalecer y vigilar el cumplimiento de la NOM-247 para proteger adecuadamente a la población de un incremento en los casos de malnutrición, entre muchas otras acciones”, sentenció Larrañaga.