El proyecto de la NOM 237 aprobado el pasado viernes en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), violenta al menos 6 de los artículos de la Constitución Política mexicana en el apartado de los Derechos Humanos y sus Garantías, en un proceso viciado de origen donde el órgano que expide la norma es a la vez su generador, impulsor, constructor y quién lo aprueba y sanciona, por lo que las instituciones particulares de educación insisten en que debe cancelarse.

Y en el caso de que la Comisión de Mejora Regulatoria (CONAMER) apruebe su publicación en los siguientes días, los perjuicios inmediatos de la aplicación de la Norma serían el cierre inmediato de al menos 18 mil escuelas particulares, la pérdida de más de 90 mil empleos y la afectación a los estudios de 540 mil estudiantes en escuelas con un promedio de 30 alumnos, porque las escuelas del Estado simplemente no pueden aceptarlos por falta de capacidad en infraestructura y recursos.

La gran mayoría de estas escuelas son instituciones cuyas colegiaturas fluctúan en los mil pesos mensuales, tienen una población de 30 alumnos y difícilmente podrán hacer frente a una evaluación o certificación cuyos costos van de entre 100 a 150 mil pesos y deben contar con personal dedicado a atender únicamente el proceso entre uno y dos años. Y en el caso de esta Norma 237, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) se le otorgaron las facultades para poder realizar inspecciones aleatorias sobre el cumplimiento de la norma, y no a través de una queja.

A nombre de las organizaciones convocantes, Alejandra Carmona Ortega, dio a conocer en rueda de prensa que “el proceso ha estado plagado de violaciones de las cuales el propio Director General de Normas, Alfonso Guati Rojo Sánchez, quien también es el Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), ha provocado un abuso exacerbado de sus facultades y con ello violaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a la Ley Federal de Metrología y Normalización y su Reglamento (que disponen los pasos y requisitos específicos para la creación de una NOM), el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, al Manual de Organización General de la Secretaría de Economía, a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por supuesto a 6 Artículos Constitucionales”.

En el caso de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que han sido violentados, apuntó Carmona que son el Primero, donde se establece la igualdad de derechos y prohíbe la discriminación, así como que son las autoridades responsables quienes deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Y del Tercero, donde se reconoce el derecho a la educación y establece que es el Estado quien deberá garantizarla.

Es decir, deja manifiesta la rectoría del Estado en la educación, establece quiénes y como se constituye el Sistema Educativo Nacional y reconoce a los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y su contribución a la trasformación social, por mencionar algunas disposiciones.

Otro de los artículos violentados es el Quinto, que protege la libertad del trabajo y el derecho de dedicarse a la profesión licita, actividad u oficio que se elija, y a recibir por ello la justa retribución, de la cual nunca podrán ser privados; sobre todo que esta libertad solo puede ser restringida mediante una resolución judicial. Y el artículo Sexto, que protege la libertad de expresión y el derecho a la información, los cuales fueron violados durante el proceso.

Asimismo el artículo Séptimo, donde se prohíbe la censura, es decir, protege la libertad de manifestar las ideas y más aún de exteriorizarlas a través de los medios de difusión, ya que considerando que la expresión y difusión del pensamiento son indivisibles, debe destacarse que las restricciones a los medios de difusión lo son también a la libertad de expresión; y el Octavo, que protege el derecho de petición y dispone la obligación del Estado a responder a las solicitudes que le hagan los ciudadanos.

Con la expedición de la NOM 237 que festinó el pasado viernes 24 Alfonso Guati Rojo Sánchez, director General de Normas de la Secretaria de Economía y presidente del CCONNSE; no sólo invade facultades y competencias de la Secretaria de Educación Pública, sino que, además, aumenta un fenómeno ya existente en perjuicio del gremio afectado, la sobre regulación, por la cual se ha vuelto necesario estar acudiendo constantemente ante el Poder Judicial para dirimir controversias.

Al respecto, Itzel Carmona, representante de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) y Jesús Nájera Martínez, consejero de Alianza de Colegios Multiculturales de México, expresaron que este proceso es un abuso de poder que golpea a los colegios particulares porque con los cobros de las colegiaturas que realizan, muy difícilmente van a poder generar los costosos juicios de amparo que se necesitan para de defenderse de las nuevas imposiciones que tampoco podrán cubrir porque los procesos de acreditación y verificación tienen costos que van de los 100 a los 150 mil pesos.

Nájera Martínez destacó que durante el proceso de creación de la NOM 237, las autoridades de la Secretaría de Economía invitaron a empresas acreditadoras y certificadoras, cuyos representantes aplaudieron durante las reuniones todas las intenciones de la norma que les beneficiará, y por el contrario significará un costo sumamente alto para los normados.

Las instituciones particulares de educación concluyeron que la aprobación de la NOM 237 – “Disposiciones a las que se sujetarán aquellos particulares  que presten servicios en la materia” es un golpe artero a la economía de millones de familias mexicanas, es la limitación al derecho a la educación, significa la discriminación de un sector social que lleva a cabo una labor esencial para la Nación, provoca el enfrentamiento de dos secretarias federales y contradice frontalmente la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia educativa, lo que constituye en resumen, un acto de extrema deslealtad a nuestro país y al jefe de Estado.