Al considerar que en los últimos años la cuenca de Valle de Bravo ha observado un fuerte deterioro ambiental debido al crecimiento urbano desmedido, los asentamientos irregulares, los cambios de uso de suelo, la deforestación y el desvío de ríos para alimentar lagos artificiales, el Congreso mexiquense solicitó información sobre el número lagos artificiales y presas de almacenamiento que actualmente existen en dicho municipio.

En sesión deliberante presidida por la diputada Ingrid Schemelensky Castro (PAN), la Asamblea avaló por unanimidad la solicitud de la diputada Edith Marisol Mercado Torres (Morena) para exhortar a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Procuraduría Ambiental del Estado de México y a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Valle de Bravo a proporcionar esta información.

De acuerdo con el documento, el pasado 3 de septiembre a consecuencia de las fuertes lluvias se desbordó, en la comunidad de los Álamos, una presa construida en un predio privado por el aumento del Río El Molino, lo que provocó afectaciones en la zona, lo que hace necesario saber cuántos lagos y presas artificiales y privadas hay en el municipio y si éstos tienen los permisos correspondientes para que se tomen las medidas pertinentes conforme a derecho y así detener el ecocidio que ahí se observa en la Presa Miguel Alemán.

Solicitan difundir campaña de regularización de la tierra

Debido a que en la entidad existe un serio rezago en la regularización de bienes inmuebles, y que más de 280 mil viviendas no cuentan con título de propiedad, el Congreso mexiquense solicitó, por unanimidad, al titular del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, Mariano Camacho San Martín, emprender una Campaña de Difusión Masiva del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra para dar a conocer a la ciudadanía las diferentes opciones para la regularización de predios.

El exhorto, propuesto por el legislador morenista Jorge García Sánchez, expone que esta condición en que se encuentran miles de viviendas trae como consecuencia en muchos casos que no se les proporcionen servicios públicos como agua potable, drenaje y luz eléctrica, ya que se convierte en un círculo vicioso el trámite, al exigirse la regularización para proporcionarlos, y al tratar de regularizarlos se exige que cuenten con servicios públicos.