Diversas organizaciones de la sociedad civil manifestamos nuestra preocupación por la forma en que se desarrollaron las audiencias públicas sobre las minutas relativas a la iniciativa de Ley General de Economía Circular (LDEC) y las reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), convocadas por las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Cambio Climático de la Cámara de Diputados y Diputadas.

Las audiencias públicas se efectuaron durante el mes de abril de este año y contaron –en su mayoría– con las participaciones del sector industrial, el cual únicamente se presentó para avalar coordinadamente las minutas. Esto no es de extrañar, dado que dichas minutas, que fueron aprobadas el año pasado por el Senado de la República, se elaboraron privilegiando los intereses de la industria, en detrimento de la protección ambiental y del bien común.

“Es importante que existan foros públicos para debatir reformas legislativas, pero estos deben ser inclusivos y no deben convertirse en un instrumento al servicio del sector industrial para avalar minutas que están hechas a su medida, ni para cambiar leyes a su favor”, indicó Ornela Garelli, Campañista de Océanos y Plásticos en Greenpeace México.

“Denunciamos el año pasado, cuando el Senado aprobó los Dictámenes, que estas minutas protegían a las empresas que producen y comercializan plásticos al no integrar ninguna sanción ni responsabilidad para éstas en la solución de la contaminación plástica que ellas mismas generan con los productos que ponen en el mercado. Por ello, es imperativo que las diputadas y diputados lean con ojo crítico las intervenciones de aquellos con intereses meramente económicos”, señaló. 

También, en las audiencias públicas estuvieron ausentes las voces de las organizaciones sociales de las comunidades afectadas por residuos y la de los recicladores de base, aun y cuando es sumamente importante considerar sus puntos de vista en un proceso que les atañe directamente. Si bien el registro de participación en las audiencias fue público, en la realidad no todos los sectores tienen las mismas posibilidades de participar.

Las pocas organizaciones que logramos asistir pusimos énfasis en diversas alertas sobre los peligros que representa incluir en estas minutas a la incineración de residuos y al co-procesamiento y la termovalorización (incineración de residuos para generar energía) como parte de la economía circular, ya que generan emisiones tóxicas peligrosas, que afectan la salud humana y la de los ecosistemas.

“A lo largo de la cadena de producción del plástico se generan desastres ambientales que cobran la vida de habitantes de las comunidades afectadas. Los que sobreviven día a día se encuentran en un estado constante de vulnerabilidad hasta llegar al despojo, entre otro tipo de violencias que dejan muy atrás el respeto a los derechos humanos y el ejercicio de la justicia socioambiental. Es muy importante que este problema no quede fuera de las reformas legislativas,” agregó Larisa de Orbe, de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental A.C.

En el marco de la discusión de estas minutas, las organizaciones firmantes hacemos las siguientes exigencias respecto a lo aprobado en el Senado y que debe ser tomado en cuenta por la Cámara de Diputados y Diputadas para modificar las minutas mencionadas:

1. El pleno respeto a los derechos humanos durante toda la cadena del ciclo de vida de los plásticos y no solamente de su disposición final.
2. Acciones que detengan la producción y emisiones contaminantes de las empresas cementeras y plantas de residuos, además de que se garantice el derecho de acceso a la información de la ciudadanía, sobre todo en el contexto de la crisis climática.
3. Que se modifique la definición de plásticos de un solo uso contenida en la minuta de la LGPGIR, de modo que se elimine la excepción a los plásticos reciclables, compostables, aprovechables y valorizables, ya que esto deja fuera prácticamente a todos los plásticos de un solo uso, lo que afecta su correcta regulación.
4. Que se defina de forma estricta la Responsabilidad Extendida de los Productores (REP), de modo que en estas minutas no se la equipare a la responsabilidad compartida, y que garantice el establecimiento de responsabilidades claras y ambiciosas para el sector industrial durante todo el ciclo de vida de los productos plásticos que producen y comercializan, como es el caso del financiamiento para la construcción de infraestructura para la gestión de residuos.
5. Extender este ejercicio y asegurar la participación de las organizaciones de pepenadores y recicladores, es imprescindible que a este gremio se le escuche, y pueda compartir la visión sobre su papel en la economía circular.
6. El NO retroceso en las políticas municipales y estatales sobre la prohibición de plásticos de un solo uso.
7. Garantizar en las minutas el respeto de la jerarquía de la gestión de residuos, es decir, que se privilegie la prevención y minimización en la generación de residuos, así como el diseño de productos reutilizables, por encima del aprovechamiento y valorización de residuos ya generados.
8. Que las metas consideradas en los artículos transitorios de la reforma a la LGPGIR prioricen la transición hacia sistemas reutilizables de distribución de productos, así como hacia la eliminación de los plásticos de un solo uso innecesarios (desechables, envases y empaques). Es importante también que las metas consideradas incluyan parámetros para medir avances así como medidas para sancionar incumplimientos.

“La redacción de las políticas públicas y de las leyes requiere de una ética y compromiso firme de las y los legisladores con la ciudadanía a la que representan. La falta de conocimiento, o el no tener acceso a estudios y datos científicos y veraces, no debe ser pretexto para no desarrollar los cambios que estas minutas requieren, porque todas las organizaciones estamos dispuestas a ampliar la reflexión, apoyando que los legisladores y sus equipos cuenten con información certera, sin maquillajes ni frases paternalistas que, so pretexto de generar fuentes de empleo, pretendan justificar la destrucción del medio ambiente y la calidad de vida, en aras de beneficiar a un sector, cuando lo que se está legislando afecta a todos los seres que habitamos el país y el planeta”, mencionó América Katia Cid Bouchán, coordinadora del Comité Educativo de la AMSP.

Como hemos denunciado desde el sector social en variadas ocasiones, estas minutas presentan grandes inconsistencias y ambigüedades que, en lugar de contribuir a solucionar la contaminación por plásticos, representan grandes riesgos para la salud humana y la del planeta.

Por ello, las organizaciones firmantes hacemos un llamado de alerta a las diputadas y diputados a que no aprueben estas minutas en los términos en que se encuentran en la actualidad y que hayan mayores discusiones y análisis más profundos de las mismas, con el objetivo de que estas minutas sean enviadas de vuelta al Senado con modificaciones que garanticen el objetivo principal de la protección ambiental y la justicia social, por encima de intereses privados.

La Cámara de Diputados y Diputadas tiene la oportunidad histórica de legislar a favor de los mexicanos y mexicanas y ofrecer dos leyes (la Ley General de Economía Circular y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos) alejadas de la simulación auspiciada por el Senado de la República.