Personas defensoras y comunidades indígenas afectadas por la construcción del denominado “Tren Maya”, al igual que colectivos y organizaciones de la sociedad civil, hicieron un llamado enérgico al gobierno mexicano y a las empresas relacionadas con esta obra, a atender de forma inmediata y rigurosa los puntos destacados por los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), relacionados con este megaproyecto.

En el comunicado publicado el pasado 7 de diciembre, un grupo de personas expertas de la ONU[1] manifestaron su “preocupación porque el proyecto de 1.500 kilómetros del Tren Maya en la península de Yucatán, en México, ponga en peligro los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades a la tierra y los recursos naturales, los derechos culturales y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible.”

El hecho de que hayan participado nueve Relatorías, además del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos en la elaboración del documento es relevante considerando que esta es la segunda ocasión en dos años que hay una comunicación de este tipo dirigida al Estado mexicano por el “Tren Maya”. Lo anterior, confirma que esta obra conlleva impactos NEGATIVOS en diversos ámbitos, como son el ambiental, social y cultural, entre otros, tal como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones desde hace cuatro años cuando fue anunciado el proyecto.

Como también lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones, la ONU manifiesta su preocupación por la falta de cumplimiento a la debida diligencia, así como por el limitado acceso a la justicia para las personas opositoras al “Tren Maya”, quienes “se enfrentan a amenazas y ataques, y a un acceso seguro muy limitado a un tribunal independiente e imparcial.”

Recordemos que el Poder Judicial de la Federación ha retardado los procesos judiciales, se ha negado a otorgar medidas cautelares e incluso ha “extraviado” expedientes con información confidencial de los quejosos. Frente a esto, las organizaciones que llevan procesos han presentado denuncias, acciones jurídicas, así como una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, sin que hasta el momento exista una respuesta efectiva por parte del poder judicial.

Para las personas expertas de la ONU, “como proyecto dirigido por el Estado, el gobierno mexicano debe tomar medidas adicionales para que se respeten los derechos humanos y al medio ambiente”. Y respecto a la decisión del gobierno de catalogar el proyecto como de seguridad nacional, se le recuerda que “este cambio de estatus dirigido por el Estado no permite a México eludir su obligación internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las personas afectadas por este megaproyecto y de proteger el medio ambiente de acuerdo con las normas internacionales».

En este mismo sentido, la ONU expone que esta decisión del gobierno tiene el potencial de permitir que los abusos a los derechos humanos sigan sin ser abordados y de que no se garanticen el desarrollo social, económico inclusivo y sostenible para los estados por los que atravesará. De igual forma, expone su “creciente preocupación” por la participación del Ejército mexicano en la construcción y manejo del proyecto.

Los puntos señalados por la ONU, coinciden plenamente con las acciones y denuncias que en México hemos presentado personas defensoras, comunidades indígenas, colectivos y organizaciones de las sociedad civil en contra de violaciones a la legislación ambiental, así como a la obligación no sólo de realizar una consulta, sino de privilegiar la obtención del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas, sin que hasta la fecha esto ocurra.

En este sentido, la ONU pide al gobierno garantizar la “participación significativa” de las comunidades afectadas, así como evaluar “de forma transparente los impactos acumulativos reales y potenciales de los proyectos, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales”, esto, “antes de cualquier decisión futura relacionada con el proyecto, como elementos clave para identificar, prevenir y abordar cualquier otro impacto negativo».

Este llamado de las Naciones Unidas, que no es cosa menor, se enmarca en un contexto en donde las comunidades indígenas, personas expertas, académicas, organizaciones y personas afectadas han sido sujetas de estigmatización por alzar la voz y denunciar los impactos negativos presentes y futuros de la obra del “Tren Maya”.

Por lo anterior, recibimos positivamente el comunicado en cuestión y pedimos de nueva cuenta al gobierno de México detener las obras hasta que se garantice el derecho al consentimiento previo de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, en tanto que el proyecto sea evaluado en materia de impacto ambiental de manera integral, completa y no en partes, no en segmentos.