A un mes de la muerte del defensor ambiental Álvaro Arvizú Aguíñiga, asesinado de manera premeditada en el Centro para la Sustentabilidad Incallli Ixcahuicopa (CENTLI) de la UAM en Tlalmanalco, Estado de México, y en el contexto del Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, el Comité por la Verdad Álvaro Arvizú entregó a la Fiscalía General de la República una petición con 3636 firmas, exigiendo que este organismo investigue a fondo la soez agresión, haga justicia y cumpla con el Derecho a la Verdad.

Los hechos del caso de Álvaro Arvizú, que incluyen el corte previo de las líneas de luz y teléfono al Centro antes del ataque, que incluyó la sujeción, amago y lesiones de los directores del mismo, Rebeca López Reyes y Carlos Vargas Cabrera, así como la inverosímil tardanza de la policía local y las instrucciones de no dar atención médica a la víctima, dejan claro que los actos fueron organizados con anticipación y contaban con autoría intelectual además de los perpetradores materiales.

Las autoridades locales han borrado huellas, están intentando de fabricar un montaje y siguen hostigando a los familiares y a los integrantes del Centro para Sustentabilidad. Se siguen cometiendo acciones de destrucción en contra del Centro y sus proyectos productivos, así como actos que buscan generar un estado de terror en la zona: El 22 de junio, día de la conferencia de prensa realizada por la UAM sobre los hechos, fue arrojado un corazón fresco de origen no aclarado frente al vivero de Centli.

La FGR en un primer momento rehusó reconocer su competencia para recibir el caso, argumentando que se trataba de un crimen local, a pesar de que los actos cometidos ocurrieron en instalaciones de la UAM. Frente a los argumentos jurídicos de Rectoría General, la FGR ha respondido buscando calificar el crimen como un robo. La fiscalía local les ha presentado a testigos y víctimas fotos y videos de supuestos “sospechosos” que no corresponden a sus descripciones.

Las implicaciones del caso son enormes. En primer lugar, los Acuerdos de Escazú, en vigor con rango Constitucional desde 2021, exigen que los Estados garanticen el trabajo y las vidas de los defensores ambientales. Este 17 de julio se celebró el primer año del decreto estableciendo esta fecha como Día Nacional de Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales todavía sin contar con medidas concretas para cumplir con este compromiso y obligación del Estado Mexicano.

En segundo lugar, la tortura y asesinato premeditado de Álvaro Arvizú en las instalaciones de la UAM en Tlalmanalco, Estado de México ocurrió días después de la pérdida del PRI en las elecciones para la gubernatura en este estado. Hay señales claras que el crimen organizado busca aprovechar el vacío actual para avanzar en lo posible antes de la toma de posesión de la nueva gobernadora, la Maestra Delfina Gómez.

El Centro para la Sustentabilidad de la UAM ha realizado un papel clave de planeación y defensa ambiental en esta región a las puertas de la Ciudad de México cuyos límites al oriente son definidos por los volcanes Popocatépetl e Iztaccihuatl, que en cumplimiento de sus labores ha tocado intereses de talamontes, fraccionadores clandestinos, traficantes de residuos sólidos y acaparadores del agua, entre otros.

Con la presentación de la petición a la FGR se exige conocer a la brevedad posible la verdad y garantizar la no impunidad de quienes buscan generar un estado de terror entre comunidades, universitarios, defensores del medio ambiente y de la vida, así como entre la población en general.