Para presentar el informe anual de los resultados alcanzados por la dependencia que encabeza, el Contralor General de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, compareció ante la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, la cual preside el diputado Carlos Alonso Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con la asistencia del contralor al recinto de Donceles, se dio inicio de manera oficial a la Glosa del VI y último informe de Gobierno, que entregó al Congreso de la ciudad, el pasado 17 de septiembre, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva Gálvez.

Legisladores de las diversas fuerzas políticas que integran el Congreso solicitan al funcionario ampliar y detallar la información que la dependencia tiene respecto del uso y destino de los recursos de la Reconstrucción, así como lo relacionado con la implementación del Sistema Anticorrupción

Ante los legisladores, Eduardo Rovelo Pico, Contralor General destacó la necesidad de  abonar en la construcción de un nueva realidad social, por ello pidió a los diputados sumar y redoblar esfuerzos de manera colectiva e interinstitucional, ya que se trata de una tarea común.

“Sin duda tiene que haber tres factores determinantes para abonar en la construcción de este nuevo paradigma. Uno tiene que ser las instituciones, el segundo factor determinante es la ciudadanía, sin la cual no podremos encauzar correctamente los procesos y la legitimidad activa que representa su confianza depositada en nosotros y el tercer elemento fundamental tiene que ver con la aplicación de las nuevas tecnologías”, afirmó.

Los diputados coincidieron en solicitarle al funcionario ampliar y detallar la información que la dependencia tiene respecto  del uso y destino de los recursos de la Reconstrucción, así como lo relacionado con la implementación del Sistema Anticorrupción.

Durante su mensaje central, el Contralor capitalino afirmó, con relación en la
Reconstrucción, que se llevaron a cabo acciones de fiscalización en dos etapas: una durante la emergencia y la otra corresponde a los trabajos de Reconstrucción.

“En una primera etapa se ejecutaron 33 revisiones a entes públicos que ejercieron recursos del 19 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, derivado en 58 observaciones, de las cuales 6 se solventaron y el resto se encuentran en proceso de atención. La segunda etapa comprende 14 revisiones de recursos ejercidos del 19 de septiembre al 31 de diciembre de 2017 y a 6 entes que ejercieron recursos en 2018, de los cuales 8 se encuentran en etapa de ejecución”.

Una tercera etapa que se realiza en tiempo real,  afirmó, la cual inicia con 11 revisiones a las acciones y ejercicio de los recursos de enero a diciembre del presente año.

De las 2 etapas concluidas, la primera, explicó, corresponde a la Secretaría de Finanzas sobre la asignación presupuestal de recursos de los artículos 13 y 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos 2018, recursos para la reconstrucción, sin observaciones; y la segunda corresponde a la Secretaría de Finanzas y a la Comisión de Reconstrucción respecto de aspectos técnicos de la Plataforma CDMX, habiéndose generado 6 observaciones administrativas a la citada Comisión, mismas que a la fecha han solventado.

Pide el Contralor General a los diputados sumar y redoblar los esfuerzos de manera colectiva e interinstitucional para abonar en la construcción de la nueva realidad social

En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, indicó Rovelo Pico, se ha impulsado la implementación de los restantes sistemas locales anticorrupción.

“En coordinación con la Secretaría de la Contraloría General del Estado de México se elaboró un diagnóstico de las necesidades de capacitación a los 32 órganos estatales de control, para cumplir con las obligaciones del Sistema Nacional de Fiscalización, y se conformó el programa de capacitación para impartir a más de 5 mil servidores públicos en toda la República en los meses de septiembre y octubre de este año”.

El funcionario destacó que este tema, el de la Plataforma de Fiscalización, es una herramienta que no se tiene a nivel federal y que está a disposición de los legisladores y sirve para impulsar un gobierno abierto.

“La Plataforma la construyó la Contraloría y  tiene los 6 componentes que exige el Sistema Nacional Anticorrupción. Sólo es cuestión de que se ponga en marcha y que se puedan articular todos esos canales tecnológicos para poder articular el sistema de manera correcta. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario. Se han capacitado a todos los servidores públicos en materia de responsabilidades”, acotó y  señaló que se han hecho algunas publicaciones importantes de mejores prácticas a nivel mundial,  “hemos sido portadores en la Embajada Británica, en las Naciones Unidades, hemos llevado este mensaje de lo que se ha hecho en esta ciudad”.

A la fecha dicha Plataforma, explicó, cuenta con el Módulo de Adquisiciones con un registro de 22 mil 188 procedimientos de adquisición, por un monto de más de 113 millones de pesos; en el Módulo de Obra Pública con un registro de 4 mil 153 procedimientos de obra, que representan un monto de más de 54 mil millones de pesos.

Por otro lado, informó que en el periodo que se reporta, la dependencia realizó un total de 512 auditorías a las diversas dependencias, órganos desconcentrados, entidades y órganos político administrativo, hoy Alcaldías, de las cuales derivaron 996 observaciones.

En el tiempo que se informa se impusieron 2 mil 086 penas convencionales por un monto de 8 mil 338 millones de pesos, cifra representativa que no está contemplada en el ingreso anual, ya que de forma adicional se destina este recurso a las arcas de la administración pública.

Durante la ronda de preguntas de las fracciones parlamentarias, la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, solicitó al Contralor General los resultados de la fiscalización de los recursos asignados para atender la emergencia y las acciones de Reconstrucción, así como de las irregularidades que se hayan encontrado.

Resaltó la importancia de la dependencia que encabeza el Contralor, por ser parte fundamental en el Nuevo Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, mismo que será primordial para impedir el mal uso de los recursos públicos.

En tanto el diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, del Partido Revolucionario Institucional, preguntó las razones por las que no han sido atendidas 621 recomendaciones que se desprenden de la colaboración entre la dependencia de fiscalización y la Auditoria Superior de la Ciudad de México; además de los motivos por los que aún existen 3 mil 590 juicios de nulidad y sólo 647 han sido favorables.

El legislador del PRI le solicitó al funcionario su opinión respecto de los avances alcanzados en materia de combate a la corrupción, y los retos y pendientes que tendrá que enfrentar el siguiente gobierno de local.

A nombre del Partido del Trabajo, la diputada Leonor Gómez Otegui, afirmó que en el caso de la Contraloría General local es prematuro hacer una evaluación del Sistema Local Anticorrupción, porque no se ha instrumentado, pero que eso no justifica la falta de acciones contundentes, como prácticas ilícitas y funcionarios deshonestos que han desvirtuado la vocación de la función pública, como fue el uso y el destino de los recursos asignados a la Reconstrucción.

Mencionó además el posible uso irregular de los recursos públicos y los programas sociales durante la última campaña electoral, de los que se desprendieron 263 quejas, sin que hasta el momento haya resultados de las consecuencias legales que se hubieren aplicado.

Por su parte, el diputado perredista Víctor Hugo Lobo Román, reconoció la innovación tecnológica alcanzada, misma que garantiza elementos para que todos los actores en la ciudad puedan señalar, observar e iniciar procedimientos en contra de cualquier asunto que violente el estado de Derecho o genere alguna omisión o acto de corrupción.

Recalcó que la capital del país se encuentra a la vanguardia de los instrumentos tecnológicos, a través de los que se pueden atender demandas, quejas y observaciones de los ciudadanos en contra de servidor público alguno; además de las 512 auditorías, 996 observaciones, 2 mil 86 sanciones, resultados que hablan de un trabajo serio para transparentar e informar.

El legislador Pablo Montes de Oca del Olmo, del Grupo Parlamentario del PAN pidió al Contralor General un informe claro y preciso del padrón de servidores públicos que han cumplido con esta obligación de presentar y mantener actualizadas sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, como un aspecto fundamental en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como los filtros y las herramientas tecnológicas que aplica esa dependencia para detectar inconsistencias y en su caso subsanarlas.

En tanto, la parlamentaria Lilia Rossbach Suárez de Morena, sostuvo que la información sobre el proceso de la Reconstrucción no ha sido validada, por ello resaltó la urgencia de recibir un informe detallado sobre los recursos ejercidos y fiscalizados en favor de los damnificados y si existen alguna sanción.

De la misma forma criticó la ausencia de información referente al boom inmobiliario, específicamente al caso de la construcción de las tres torres Be Grand Universidad que registra múltiples irregularidades en los procesos administrativos en contra de servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, (SEDUVI), y del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).

Finalmente el presidente de la Comisión, Carlos Castillo Pérez, anunció que en días próximos el Congreso de la Ciudad de México iniciará la discusión del diseño y creación del Sistema Anticorrupción local, del que se desprenderá la figura de un o una Fiscal Anticorrupción, con el objetivo de acabar con la corrupción y la impunidad, a partir de la generación de sanciones ejemplares a quien no tenga claro que el servicio público es una tarea de servicio a la ciudadanía.