Aunque la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, ha sido muy enfática en que su administración promoverá y fortalecerá la participación de las mujeres en todos los ámbitos y buscará la garantía de sus derechos, esto no se refleja en el presupuesto destinado a estos propósitos.

De acuerdo con el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2026, elaborado por Energía, Género y Ambiente AC (Engenera), sólo un 0.08% del presupuesto del gobierno federal para el próximo año se asignará a la Secretaría de las Mujeres.

Esta dependencia, crada en enero de 2025, responsable de coordinar acciones y políticas para lograr la igualdad de género, erradicar la violencia y la discriminación en contra de las mujeres, ejerce un presupuesto de 2 mil 193.4 millones de pesos el año en curso; y el PPEF 2026 contempla una asigtnación de 2 mil 140.9 millones, lo cual representa una disminución del 2% con respécto al año previo y contrasta con la centralidad que se le da en el discurso a las mujeres.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, el Eje Transversal 1 sobre Igualdad Sustantiva y Derechos de las Mujeres establece que es un compromiso del Estado promover una “República de y para las mujeres” para erradicar las desigualdades estructurales que han limitado el acceso de las mujeres a sus derechos y oportunidades, como la feminización de la pobreza, la desigualdad laboral y salarial, la alta participación de las mujeres en el trabajo doméstico, de cuidados no remunerados, los altos niveles de violencia contra las mujeres, la baja tenencia de la propiedad y el poco acceso a productos y servicios financieros. Sin embargo, sin recursos suficientes será más complicado alcanzar estos objetivos.

Con respecto al Anexo Transversal 13, Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres del PPEF 2026, se tiene prevista una bolsa de  599 mil 145 millones de pesos, lo cual representa un incremento del 19% con respecto a 2025.

No obstante, el Análisis de Engenera señala que el 88% de los recursos del AT13 corresponden a programas sujetos a reglas operación, como Pensión para el Bienestar para personas Adultas Mayores (44% del presupuesto del AT13) y Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina (17% de los recursos del AT13), que si bien han contribuido a disminuir la pobreza y la falta de oportunidades, se desconoce cómo es que se medirá el impacto real que pudieran tener en la reducción de las brechas de género.

Dos programas que sí atienden las violencias en contra de las mujeres contemplados en el Anexo Transversal 13, y que están a cargo de la Secretaría de las Mujeres, son el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, con un presupuesto de 784.9 millones de pesos; y el Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas, con un monto de 856.7 millones de pesos.

En conjunto, estos programas representan apenas el 0.27% de los recursos del Anexo Tranversal 13. El Análisis plantea que con solo dos programas y los ínfimos recursos asignados a estos, no se atiende debidamente la necesidad urgente de prevención, atención, sanción y reparación de las violencias contra las mujeres, considerando que en México 7 de cada 10 mujeres ha experimentado una situación de violencia a lo largo de su vida.

En materia de salud, a través del Ramo 56 IMSS Bienestar se han etiquetado 4 mil 176.6 millones de pesos, que representan el 0.6 % del total del AT13 para 2026, con el objetivo de “promover la salud materna de mujeres en situación de vulnerabilidad mediante programas educativos que fomenten la prevención de la violencia y fortalezcan su bienestar integral” distribuidos en dos programas: Servicios de atención a la salud y Fortalecimiento a la atención médica.

Estos programas, refiere el Análisis, “resultan pertinentes si de verdad se quiere erradicar la violencia obstétrica que padecen 3 de cada 10 mujeres en nuestro país, de entre los 15 y 49 años que tuvieron un parto o cesárea, donde la prevalencia de este tipo de violencia es mayor en hospitales y clínicas del sector público”.

Sin embargo, para el programa de Política en Salud Materna Sexual y Reproductiva (en el PEF 2025 denominado Salud Materna, sexual y reproductiva) del Ramo 12 Salud se asignaron recursos por 2 mil 270.3 millones de pesos, representando una disminución del 9.9 % en relación con lo asignado en 2025.

Sobre la certeza de las mujeres en la posesión de la tierra, el programa de Servicios de resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra del Ramo 31 Tribunales Agrarios, tiene etiquetados apenas 17 mil 916 pesos para la “realización de jornadas de justicia itinerante para reconocer a las mujeres como sujetas de derechos agrarios”, cantidad que resulta ínfima para el logro de uno de los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual consiste en que 150 mil mujeres sean reconocidas con derechos agrarios.

Por otra parte, señala el Análisis que la desproporcionada carga de cuidados y de trabajo doméstico que recae en las mujeres obstaculiza el ejercicio pleno de sus derechos, además de representar una barrera para el logro de la igualdad sustantiva. En ese sentido, el etiquetado de recursos encaminados a la Consolidación de una Sociedad de Cuidados, previsto en el Anexo 31 (AT31) del PPEF 2026, constituye un hito en las demandas que han impulsado los grupos feministas y las organizaciones de la sociedad civil para que se reconozcan, reduzcan y redistribuyan los cuidados, con miras a garantizar este derecho en nuestro país.

El AT31 tiene una asignación de 466 mil 674.9 millones de pesos, que representan el 4.8% del gasto neto total del PPEF 2026. Contempla 47 programas presupuestarios distribuidos en 19 Ramos administrativos y tiene como objetivo transversal “Impulsar una sociedad de cuidados con perspectiva de género, interseccional, intercultural e intergeneracional, promoviendo el reconocimiento, redistribución y reducción de los trabajos domésticos y de cuidados, con corresponsabilidad entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado.

No obstante, el 98% del total de los recursos del anexo transversal 31 corresponden a programas relacionados con pensiones, salud y educación que asignan apoyos económicos y que son de gran utilidad para las personas, sin embargo, plantea el documento que la sociedad de cuidados a la que aspiramos no puede sustentarse únicamente en apoyos monetarios directos, que no garantizan una reducción ni una redistribución efectiva de las tareas de cuidado. Además, existe el riesgo de reforzar el paradigma familiarista que precisamente se busca superar.

Engenera llama a etiquetar con recursos suficientes a los programas sustantivos para erradicar las violencias contra las mujeres y las niñas, así como invertir en infraestructuras que les otorguen espacios seguros y servicios esenciales para atenderlas.

Asimismo, plantea que las reglas de operación de los programas sociales deben incluir criterios para incorporar la perspectiva de género, la interseccionalidad, la interculturalidad y la territorialidad, además de establecer metas físicas asociadas a la aplicación de sus recursos para evaluar su desempeño e impacto.