Organizaciones de la sociedad civil denunciaron el avance de iniciativas legislativas y acciones impulsadas por legisladoras y legisladores y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que favorecen a la industria plástica bajo un supuesto modelo de “economía circular” que busca perpetuar la producción insostenible de plásticos de un solo uso en México, situación que se aleja del cumplimiento del amparo ganado en agosto de 2024, encaminado a prohibir dichos productos.

Entre las iniciativas señaladas se encuentran las de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, con el “Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular y Gestión Integral de Residuos”, que abroga la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) y pospone la prohibición de plásticos de un solo uso hasta 2040. Esta propuesta, en los hechos, funciona como un blindaje para impedir acciones inmediatas que garanticen el cumplimiento del amparo. Además, clasifica a los plásticos como “residuos estratégicos” para la economía circular, lo que fomenta su generación, evade la obligación legislativa de dar una solución real a la contaminación y contraviene la sentencia ganada y los compromisos internacionales de México.

Asimismo, es inaceptable la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la LGPGIR, impulsada por el Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna y la Diputada Laura Ballesteros, ya que excluye al PET transparente, uno de los principales plásticos contaminantes. Con ello se priorizan nuevamente los intereses de la industria por encima de la salud humana y de la protección ambiental. De igual forma, la iniciativa del Senador Waldo Fernández González para crear la Ley General de Economía Circular pone como criterios centrales el reciclaje y la valorización energética, ignorando la jerarquía de la gestión de residuos y los principios precautorios.

Las organizaciones señalaron que la misma SEMARNAT está promoviendo una Ley General de Economía Circular que presume fue consensuada con la sociedad civil y el sector privado; sin embargo, hasta el momento, dicha ley no se ha dado a conocer públicamente ni ha sido compartida de manera transparente. 

Las organizaciones señalaron que estas iniciativas representan un claro caso de greenwashing o ecoblanqueo, ya que presentan al reciclaje y la valorización energética como la principal solución al problema del plástico de un solo uso, fomentando la incineración de residuos y enalteciendo sus beneficios para la “economía circular”, pese a que la evidencia demuestra que es insuficiente. En realidad, esta estrategia beneficia a las grandes corporaciones, mientras coloca la carga de la contaminación en comunidades, gobiernos locales y en la salud de la población y el ambiente.

“Estas iniciativas no son soluciones, son estrategias de greenwashing disfrazadas de economía circular. El gobierno federal y algunos legisladores están ignorando las verdaderas soluciones que protegen la salud, el ambiente y los derechos de las comunidades. No podemos permitir que se legisle para perpetuar la contaminación plástica hasta 2040 bajo el pretexto del reciclaje y la incineración”, afirmó Viridiana Lázaro, de Greenpeace.

De acuerdo con Ana Larrañaga, de El Poder del Consumidor, entre los actores beneficiados por estas propuestas, se encuentran ECOCE, una agrupación fachada que incluye a grandes industrias contaminantes, como Pepsico, Danone, Nestlé, Coca Cola, entre otros, además de Walmart de México y Centroamérica, con quien SEMARNAT se ha aliado para impulsar el llamado Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI). Este proyecto busca imponer un Parque de Economía Circular en Hidalgo, pese a la reiterada oposición de las comunidades que se verían afectadas por sus operaciones contaminantes.

Al respecto, Alain Castruita, de la organización No es Basura, mencionó que “al modelo de desarrollo industrial llamado Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar lo han dotado de un manto de sostenibilidad y bienestar; cuando en realidad estamos ante una era donde las regiones de sacrificio que son comunidades que ya viven asediadas y azotadas por la contaminación y el despojo; ahora son reconfiguradas bajo ese discurso humanista y verde que se lanza desde el oficialismo”.

“Detrás del discurso de sostenibilidad y de una supuesta economía circular, lo que se esconde es la autorización para seguir inundando al país con plásticos tóxicos de un solo uso. Esto no solo agrava la crisis ambiental y sanitaria, también condena a las comunidades a convertirse en zonas de sacrificio. No olvidemos que la región de Tula en Hidalgo ha sido declarada oficialmente como una Región de Emergencia Ambiental y Sanitaria, proyectos como este sólo perpetúan la injusticia ambiental que se vive en esa zona desde hace décadas” manifestó Larisa de Orbe, de Acción Ecológica, quien además criticó que SEMARNAT ponga como ejemplo de gestión de residuos, una plantas incineradoras en Copenhague, que han resultado desastrosas para el medio ambiente y la salud, requiriendo más basura para su operación. “Lo que dicen ser circular bajo el mismo modelo de negocios, realmente significa circular sustancias tóxicas en las comunidades”, añadió.

Lejos de responder a esta emergencia, las políticas impulsadas desde el Ejecutivo y el Congreso están legitimando el modelo de producción lineal, asegurando los intereses de la industria plástica y petrolera. Además, se encuentran en incumplimiento de la sentencia emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el 15 de agosto de 2024 (expediente 32832764), que reconoce la omisión legislativa del Congreso de la Unión para que se prohíba la venta, distribución y consumo de plásticos de un solo uso a nivel nacional estableciendo la obligación constitucional e internacional de legislar en favor del derecho humano a un medio ambiente sano y a la salud. Esta resolución es resultado del amparo promovido por Greenpeace México, El Poder del Consumidor y Acción Ecológica, acompañadas de la Asociación Ecológica Santo Tomás, Fronteras Comunes y No es Basura.

“Se debe dar cumplimiento al amparo, por ello, necesitamos una legislación que proteja la salud y los derechos humanos, no los intereses industriales, no más iniciativas que incentiven la gestión de residuos plásticos a través del coprocesamiento o waste to energy: prohibir los plásticos de un solo uso es la única solución real”, declaró Claudia Romero, de Fronteras Comunes.

Por su parte, José Manuel Arias, de la Asociación Ecológica Santo Tomás, exigió al Poder Legislativo detener las diversas iniciativas que se cocinan en estos momentos ya que solo perpetúan la generación de residuos y de los plásticos de un solo uso en particular en nombre de una supuesta economía circular. Así mismo, pidió a la SEMARNAT cancelar el Proyecto de Economía Circular en Hidalgo que solo repite una política colonialista que busca mantener el nivel de hiperconsumo en detrimento de una región ya afectada.

 Las organizaciones exigieron:

● Cumplir con el amparo para prohibir la producción de plásticos de un solo uso.

● Detener el avance de las iniciativas legislativas que únicamente perpetúan la dependencia al plástico, y terminar con las alianzas con organismos de la industria plástica, al representar un claro ejemplo de conflicto de interés.

● Establecer políticas firmes rumbo a la eliminación en la producción de plásticos de un solo uso, en concordancia con el nivel más alto de protección a los derechos humanos concedido por el amparo.

● Garantizar la protección de las comunidades que ya enfrentan contaminación por residuos plásticos y procesos de incineración, y evitar la creación de más zonas de sacrificio.

“México no puede seguir apostando por falsas soluciones que ponen en riesgo el futuro de la población y del planeta. Exigimos que se ponga un alto al greenwashing y se trace un rumbo hacia verdaderas alternativas que prioricen la salud de las personas y la justicia ambiental”, concluyeron.