El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación PPEF-2026 en el sector hidrocarburos muestra un retroceso significativo en transparencia
¿Cuánto dinero se seguirá destinando a fracking?
Este año, la opacidad se vuelve el distintivo para el sector hidrocarburos, cuyo recurso asignado a la empresa pública del Estado (Pemex), no se encuentra desglosado ni se han publicado los montos que corresponden a los programas presupuestarios relevantes de la empresa.
De los 517,362.1 millones de pesos de gasto programable propuesto para este 2026 para Petróleos Mexicanos, hasta la fecha no se cuenta con el desglose de los montos que se destinarán para los programas y proyectos de inversión del sector hidrocarburos, particularmente los que tienen que ver con extracción de gas en yacimientos no convencionales, hoy llamados “yacimientos de geología compleja” según el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035.

Estos dos hechos advierten una notoria falta de claridad, así como una fuerte contradicción entre la política energética y la narrativa oficial de la agenda climática y ambiental, al evidenciar que desde la narrativa oficial se busca continuar dando cabida a una política de desarrollo fósil, donde la salud humana y del ambiente se vuelve a ver amenazada por el uso de esta técnica de extracción de gas.
Ante ello, la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF), Fundar Centro de Análisis e Investigación y Engenera A.C, analizaron uno a uno los proyectos considerados en el Tomo VIII del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026, del Eje Desarrollo Sustentable del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, cotejando la nomenclatura incluida con los archivos de las cuentas públicas de años anteriores, y los dictámenes de cada proyecto emitidos por la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos, y que han sido retomados en el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035.
Así, pudieron identificarse al menos ocho programas que históricamente asignan recursos a proyectos de exploración y extracción de gas en yacimientos no convencionales mediante la fractura hidráulica.
Cabe resaltar que estos programas presupuestarios se encuentran en la clasificación económica K025 Infraestructura económica de hidrocarburos, para la cual se asigna un total de $245,269,714,144 pesos. En otras palabras, sí hay presupuesto para proyectos de extracción de gas fósil, pero no hay transparencia para identificar de cuánto dinero dispondrán cada uno.
Desde la AMCF se ha advertido que la técnica para la extracción de gas fósil, fracturación hidráulica, estimulación o extracción en yacimientos de geología compleja, como se le ha denominado en este sexenio, representa una serie de riesgos para la salud humana y ambiental. Se ha documentado ampliamente cómo “la exposición constante a los contaminantes que se liberan al usar esta técnica (metales pesados, hidrocarburos aromáticos, partículas finas, sustancias radioactivas y disruptores endócrinos) tiene una relación estrecha con malformaciones congénitas en neonatos, abortos espontáneos, cáncer, daños neurológicos y enfermedades respiratorias crónicas, incluso a bajas dosis y en poblaciones alejadas de los pozos”.
A estos efectos se suman los impactos irreversibles en la contaminación de acuíferos y en la falta de disponibilidad hídrica para consumo humano debido a las grandes cantidades de agua con diversas sustancias químicas que se requiere para romper la roca y extraer el gas, lo cual no solo evidencia la profunda contradicción con cualquier idea de “sustentabilidad energética”, sino que compromete directamente la salud y la vida de las personas en los territorios donde esta técnica se pretende realizar.
Es necesario contrastar esta información sobre los impactos del fracking y en general del sector hidrocarburos, con el hecho de que, del monto total para Pemex, representa cerca de 12 veces el presupuesto otorgado a la Secretaría de Medio Ambiente , casi 8 veces el presupuesto destinado a Salud. Se suma a la preocupación por falta de claridad en este PPEF 2026, la propuesta de destinar a Sener recursos por un monto de $267,439,114,491 pesos, de los cuales 98 % se asignan al programa presupuestario “Articulación de la política de hidrocarburos”.
Este programa se encuentra alojado en la Subsecretaría de hidrocarburos, la cual recibirá un total de $263,699,980,313 pesos. Este presupuesto está destinado para la partida 73903 Adquisición de otros valores, la cual corresponde a un gasto de asignaciones que “el Gobierno Federal destina en forma directa a la adquisición de cualquier otro tipo de valores crediticios no comprendidos en las partidas precedentes de este concepto, emitidos por instituciones públicas federales, estatales y municipales; sociedades anónimas o corporaciones privadas, tanto nacionales como extranjeras, autorizadas para emitirlos”3, lo que significa que esta entidad, canalizará prácticamente la totalidad de su presupuesto a través de asignaciones directas dentro de dicho Programa (P038).
Lo preocupante de esta asignación exorbitante es el contexto: Pemex —ahora Empresa Pública del Estado— se ha ralentizado en el cumplimiento del pago de su deuda, sumado a la innegable falta de transparencia para identificar a qué proyectos específicos se destinará el programa presupuestario de Articulación de la Política de Hidrocarburos y la partida “Adquisición de otros valores”, alimenta la presunción de un escenario de “malabares fiscales” en el que la única certeza es la continuidad de una política que sacrifica la salud, el agua y el ambiente para seguir alimentando a una empresa, Pemex, en franco declive, y fomentando una política energética y económica en la que los combustibles fósiles vuelven a ocupar un papel central.
Es necesario romper con la narrativa de considerar al gas como “combustible de transición”; el gobierno mexicano debe responder a los compromisos de prohibición del fracking, en cualquiera de sus acepciones, y transitar hacia una política energética de eficiencia y reducción en el consumo energético, en coordinación con los territorios y la descentralización de los modelos de generación de energía, para que exista una verdadera transición energética justa y sostenible respetuosa de los derechos humanos y que responda oportunamente a la crisis climática y ambiental que afecta cada vez más a regiones del país.

