COPARMEX lanzó un posicionamiento contundente ante el deterioro de la seguridad pública en el país. Desde Tijuana, y respaldados por 71 presidentas y presidentes de centros empresariales que representan a más de 100 ciudades, la organización advirtió que México vive una escalada de violencia marcada por extorsiones, impunidad y la debilitada presencia del Estado.

La indignación social, señalan, se refleja en sectores diversos: jóvenes, personal médico, trabajadores del Poder Judicial, transportistas, agricultores y universitarios. Todos expresan un cansancio acumulado ante la inseguridad. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, es mostrado como ejemplo del clima que hoy domina muchas regiones.

El documento subraya que la extorsión dejó de ser un delito marginal para convertirse en un sistema de control económico y político que estrangula a las MiPyMEs, desintegra comunidades y provoca desplazamientos forzados. En lo que va del año se registran 8 mil 585 víctimas, con un crecimiento de 5.2% a nivel nacional y de 15.2% en municipios fronterizos. Las cifras, advierte COPARMEX, no incluyen la amplia “cifra negra” asociada al miedo a denunciar.

Frente a este escenario, el llamado es directo al Gobierno Federal: encabezar una estrategia nacional contra la extorsión, con visión de Estado, libre de intereses partidistas y capaz de desarticular redes de colusión. También exige a congresos y autoridades locales armonizar leyes, presupuestos y estructuras para enfrentar el fenómeno.

A los gobiernos estatales y municipales se les pide fortalecer, depurar y profesionalizar a sus policías. Sin presencia territorial efectiva —afirmaron— no puede haber estrategia de seguridad que funcione. Al Senado, COPARMEX le urgió dictaminar la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, ya aprobada por la Cámara de Diputados.

El sector empresarial asegura que también asumirá su parte: elaborar diagnósticos territoriales, crear mapas de riesgo, fortalecer observatorios ciudadanos, promover pactos locales por la paz y acompañar a víctimas. El objetivo es reconstruir tejido social y contribuir con evidencia para evaluar si las acciones gubernamentales están dando resultados.

COPARMEX sostiene que México no está condenado si se recupera la autoridad legítima del Estado y se abandona la indiferencia. La seguridad, enfatizan, no es un tema coyuntural ni un recurso para el debate político; es la base del desarrollo y de la convivencia.

El posicionamiento concluye con una advertencia y un compromiso: no normalizar el miedo ni aceptar la renuncia del Estado a su función esencial. Y asume que este es el momento de corregir, actuar y recuperar la esperanza con hechos.