La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que 21 perros y gatos que fueron asegurados del albergue Refugio Franciscano murieron tras recibir atención veterinaria especializada; mientras que otros 57 ejemplares se encuentras hospitalizados, después de que fueron desalojados del Refugio.

Por lo anterior y después de los acontecimientos ocurridos en el Refugio Franciscano A.C. en la Ciudad de México se generó una profunda preocupación entre organizaciones animalistas, luego de que más de 200 elementos policiales intervinieran para retirar a perros y gatos del lugar, en un operativo calificado como violento, desproporcionado y contrario al interés superior de los seres sintientes.

De acuerdo con organizaciones pro vida, el núcleo real del conflicto no es el bienestar animal, sino la posesión del inmueble que, conforme a la voluntad testamentaria de su titular, debía destinarse exclusivamente al resguardo y protección de animales. Señalaron que existen indicios de posibles actos irregulares y comerciales relacionados con el predio, presuntamente realizados por la Fundación Haghenbeck, lo que habría detonado el conflicto legal.

El Refugio Franciscano A.C. emitió un posicionamiento público tras el desalojo de perros y gatos ocurrido en diciembre de 2025, acción que calificó como violenta, desproporcionada e injusta, y que —afirma— fue ejecutada por autoridades capitalinas en coordinación con la Fundación Haghenbeck y de la Lama I.A.P.

De acuerdo con el refugio, el operativo se realizó con un uso excesivo de la fuerza pública, mediante el despliegue de más de 200 elementos policiales que desalojaron a voluntarios y cuidadores, separándolos de los animales que por años estuvieron bajo su resguardo. La organización sostuvo que lo ocurrido “no fue justicia, fue una pesadilla”, al dejar a perros y gatos indefensos y a merced de intereses ajenos a su protección.

El Refugio Franciscano señaló directamente a Carmela Rivero y a la Fundación Haghenbeck como responsables del desalojo ilegítimo, así como de un “montaje cruel” construido —según su denuncia— para justificar el despojo del inmueble y presentar una narrativa de rescate basada en el sufrimiento de seres sintientes.

En su pronunciamiento, el refugio acusó que durante al menos tres días el predio permaneció cerrado, sin supervisión de autoridades ni del personal responsable del cuidado animal, lo que habría permitido alterar la escena, negar atención médica y medicación a animales en tratamiento, y posteriormente exhibir a los más vulnerables como evidencia mediática.

Asimismo, denunciaron que tras 28 días bajo el resguardo de la Fundación Haghenbeck, los animales fueron entregados en condiciones deterioradas, situación que atribuyen a la falta de atención, omisiones en su cuidado y ausencia de consulta con quienes conocían sus tratamientos y necesidades particulares.

Uno de los señalamientos más graves del Refugio Franciscano es la presunta desaparición de más de 300 animales. Mientras autoridades reportaron el “rescate” de 759 perros y 39 gatos, la organización asegura tener documentada la existencia de más de 1,095 animales en el albergue, por lo que exigió rendición de cuentas sobre el paradero de los que faltan.

El refugio también acusó que se utilizó el argumento del hacinamiento de manera cínica, cuando —afirman— fue la propia Fundación Haghenbeck la que, mediante un convenio judicial, redujo el espacio vital de los animales para preparar el terreno con fines inmobiliarios.

Finalmente, el Refugio Franciscano advirtió que este hecho marca el inicio de una campaña de transparencia y defensa legal, al considerar que el verdadero motivo del conflicto no es el bienestar animal, sino el despojo de un inmueble para convertir la caridad en un negocio. La organización reiteró que no busca protagonismo ni lucro, y aseguró que continuará alzando la voz por los animales que, sostienen, fueron arrancados de su hogar mediante la fuerza y la manipulación institucional.

Por su parte, las agrupaciones recordaron que existe un amparo vigente que ordena la devolución del inmueble y de los animales al Refugio Franciscano, resolución que —afirman— ha sido obstaculizada por autoridades de la Ciudad de México. En particular, acusaron a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de actuar sin imparcialidad, integrando de manera acelerada una carpeta de investigación por maltrato animal con el objetivo de impedir el cumplimiento del fallo federal.

Durante el operativo, denunciaron que los perros y gatos fueron separados de sus cuidadores, voluntarios y rescatistas mediante el uso excesivo de la fuerza, dejándolos en total indefensión. Señalaron que esta acción no solo implicó violencia institucional, sino también revictimización de animales que llevaban años bajo resguardo y cuidado comunitario.

En contraste, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que un peritaje acreditó condiciones de crueldad animal, hacinamiento y negligencia en el refugio, con afectaciones a 759 perros y 39 gatos, lo que dio origen a investigaciones penales por posibles delitos de maltrato animal. A partir de ello, autoridades capitalinas realizaron el traslado de los animales a distintos espacios: 304 a una reserva en Tlalpan, 371 a instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal en Xochimilco y cerca de 200 permanecen en el refugio intervenido.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, visitó al nuevo albergue, y calificó el operativo como el rescate animal más grande en la historia de la ciudad y reiteró que su administración mantiene una postura animalista y en contra del maltrato. No obstante, organizaciones civiles cuestionaron que estas acciones se hayan ejecutado con un despliegue policial masivo y sin mecanismos de participación conjunta con asociaciones pro vida independientes.

Ante este escenario, el Frente Ciudadano Pro Derecho Animal y Fundación FRECDA, cuyo titular es José Luis Carranza, solicitaron de manera formal: que no se desaloje definitivamente a los perros de su hogar; que se integre un grupo de atención inmediata con autoridades y ambas asociaciones involucradas; que se permita la supervisión de organizaciones animalistas sin intereses económicos; que la Fundación Haghenbeck asuma los costos de alimentación, atención médica e infraestructura; que no se criminalice a rescatistas; y que se abra una mesa de trabajo para impulsar una reforma legal que haga corresponsable al Estado en el rescate y protección de animales abandonados.

Las organizaciones reiteraron que la defensa de los animales no puede hacerse mediante la violencia, la criminalización ni el uso excesivo de la fuerza pública, y exigieron que cualquier acción futura se centre en el bienestar real de los perros y gatos, con transparencia, legalidad y respeto a quienes durante décadas han dedicado su vida a protegerlos.

Finalmente , diversas agrupaciones, y ciudadanos convocan a mitin el día de mañana 9 de enero a la 9:00am afuera de Antiguo Palacio del ayuntamiento Plaza de la Constitución #2, Colonia Centro (Área 1), C.P. 06000, alcaldía Cuauhtémoc.