Los Estados Miembros de las Naciones Unidas marcaron un hito en la acción climática al reconocer que la prevención de daños ambientales significativos es un deber compartido, tangible y fundamentado en la ley.

Al adoptar una resolución que respalda el histórico dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia sobre el cambio climático, la Asamblea General ha sentado una base sólida para la acción climática jurídica y ha fortalecido una orientación política clara para los gobiernos.

Este resultado representa un punto de inflexión en el liderazgo climático mundial. En un momento de tensa cooperación geopolítica, su aprobación por una amplia mayoría envía un mensaje contundente: los gobiernos mantienen su compromiso para abordar la crisis climática, conservar la naturaleza y salvaguardar la vida de las personas.

Además, aumenta las expectativas de una acción climática más firme y basada en las leyes. Ahora, se espera que los países ajusten sus decisiones nacionales, políticas y participación internacional de acuerdo a las conclusiones de la Corte.

Manuel Pulgar-Vidal, líder global de Clima y Energía para WWF, declaró: “La Asamblea General de las Naciones Unidas optó por defender el derecho, la justicia y la supervivencia. Al respaldar esta resolución, los gobiernos han enviado un mensaje claro: el mundo ya no puede tratar como opcional a la crisis climática, y la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia debe impulsar acciones concretas”.

“Este es un paso adelante fundamental. Otorga fuerza política a la claridad jurídica y aumenta la presión sobre todos los Estados para que actúen en consonancia con sus obligaciones: reducir las emisiones, proteger a las personas y la naturaleza, y acelerar una transición justa hacia fuentes de energía que no dependan de los combustibles fósiles. La ciencia siempre ha sido clara. Esta resolución demuestra que la ley también lo es”.

Tribunales y legisladores de todo el mundo están adoptando cada vez más esta opinión, incluyendo el Tribunal de Distrito de La Haya en los Países Bajos, un Tribunal Federal en Brasil y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A medida que se intensifican los impactos de la crisis climática, resulta fundamental alinear las decisiones nacionales, políticas y la cooperación internacional con las conclusiones del Tribunal.

La resolución culmina un extraordinario proceso legal que comenzó con estudiantes de derecho de las Islas del Pacífico, al mismo tiempo que subraya una flagrante injusticia: naciones como Vanuatu y Tuvalu contribuyen con menos del 0,01 % de las emisiones globales, pero se enfrentan a amenazas existenciales debido al aumento del nivel del mar.

Alfred Ralifo, director de Conservación para WWF-Pacífico, declaró: “La votación de hoy honra el extraordinario liderazgo de los jóvenes y las comunidades del Pacífico, quienes transformaron su experiencia vivencial con la crisis climática en un llamado global a la justicia. La adopción de esta resolución por los Estados Miembros de la ONU envía una clara señal de que el cambio climático no es solo un problema ambiental, sino una obligación en materia de derechos humanos y que los Estados deben rendir cuentas por el daño causado. Esto representa un paso crucial para convertir la claridad jurídica en acciones concretas en beneficio de las personas, la naturaleza y las generaciones futuras”.