Por Andrés Flores y Saúl Pereyra

El cambio climático  representa uno de los mayores retos que enfrenta la humanidad, no sólo por sus implicaciones ambientales, sino también por las graves repercusiones que tiene en la sociedad y la economía a nivel global. En respuesta, los países han hecho diversos esfuerzos para hacerle frente con algunos avances.

En últimas fechas, sin embargo, la comunidad internacional ha hecho énfasis en la necesidad de aumentar la ambición de las soluciones y la urgencia de la acción. Buena parte de la esperanza está depositada en el ámbito de la cooperación multilateral, luego de que, hace cinco años (el 12 de diciembre de 2015), se lograra el que representa el mayor compromiso global sobre el tema: la firma del Acuerdo de París.

El Acuerdo de París (AP) es el reflejo de la voluntad para hacer frente al cambio climático, ya que con él se tiene, por primera vez, un instrumento vinculante entre países, en el que cada uno se compromete y hace públicos sus planes, llamados Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND). El objetivo es que el conjunto de esos planes sean suficientes para que la temperatura global no aumente más allá de los 2 grados centígrados con respecto a la era preindustrial.

El documento también exhorta a los países a realizar esfuerzos adicionales para limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados, pues las consecuencias de un calentamiento mayor serían devastadoras a escala global.

El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, una vez que fue ratificado por 55 países que representaban el 55 % de las emisiones mundiales. A la fecha, 189 de los 197 países firmantes ya lo ratificaron. Pese a su aceptación casi universal, la suma de las metas nacionales es insuficiente para llevar al planeta hacia las trayectorias de calentamiento máximo establecidas como objetivo común. El propio AP lo reconoce, y por ello establece una revisión de las CND al menos cada cinco años, siendo la primera este año.

Estamos en un punto de quiebre en el que contamos con evidencia científica contundente y en el que existe una gran movilización social, especialmente de los jóvenes, quienes demandan soluciones. El tiempo de actuar se agota.

A fines de 2019, en la 25ª Conferencia de las Partes (COP 25) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de Madrid, España, el Secretario General de la ONU, António Guterres, enfatizó con respecto al cambio climático que “el punto de no retorno está a la vista y precipitándose hacia nosotros”.

Si aspiramos a lograr contener el calentamiento del planeta a un máximo de 1.5oC, de acuerdo con el  Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático , las emisiones netas globales de CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI) deberían disminuir en aproximadamente 45% para 2030 respecto a los niveles de 2010, y bajar hasta cero para mediados del siglo XXI. Lo que esto significa es que, en apenas una década, tendremos que haber cambiado radicalmente la manera en que producimos y consumimos bienes y servicios, y no se vislumbra todavía cómo podremos hacerlo.

Postergar la acción no hace sentido, ya que, entre más pronto logremos revertir la tendencia aún creciente de las emisiones globales de GEI, tendremos más opciones para lograr la neutralidad (emisiones netas iguales a cero) para mediados de siglo.

A pesar del sentido de urgencia que demanda la emergencia climática, el mundo enfrenta grandes retos que le impiden fortalecer la acción climática, especialmente en el contexto actual de la pandemia de COVID-19 y sus implicaciones socioeconómicas.

Atender ambos desafíos, sólo será posible si se incorpora la acción climática en los planes para la recuperación post COVID; sin embargo, la atención pública se ha volcado en el tema sanitario y sus implicaciones devastadoras en la economía, lo que ha provocado que se distraiga la atención sobre los riesgos que representa el cambio climático, especialmente entre los tomadores de decisiones.

Con todo y lo anterior, se perciben algunos signos de optimismo y se empiezan a hacer cada vez más evidentes las oportunidades alrededor de la acción decisiva contra el cambio climático. Si bien el cambio climático es uno de los mayores retos al desarrollo, éste también representa una oportunidad para transitar hacia una economía verde que sea menos intensiva en emisiones de contaminantes, más eficiente en el uso de recursos y más resiliente, con la que se promueva en paralelo la protección al medio ambiente, un mayor bienestar social y el crecimiento económico.

El último reporte de la Comisión Global sobre la Economía y el Clima ilustra una oportunidad de 26 billones de dólares en beneficios económicos alrededor de la acción climática de ahora al 2030. Además de esa ganancia, en ese período se crearían cerca de 65 millones de empleos bajos en emisiones de carbono, equivalentes al total de la fuerza laboral actual del Reino Unido y Egipto juntos.

Asimismo, se evitarían en 2030 cerca de 700 mil muertes relacionadas a la exposición a contaminantes locales (por debajo de una línea base), y se generarían cerca de 2.8 billones de dólares al año (equivalentes al PIB de la India) en ingresos públicos, si se contabilizan únicamente la remoción de subsidios y el establecimiento de un precio al carbono, que se podrían usar para invertir en otras prioridades más urgentes.

En el caso de las ciudades, que por su propia naturaleza hacen un uso intensivo de la energía, y por lo tanto son generadoras relativamente altas de gases de efecto invernadero, la  Coalición para la Transformación Urbana (CUT, por sus siglas en inglés) estima una oportunidad del orden de los 23.9 billones de dólares de ahora al 2050, con una reducción de emisiones de GEI de hasta el 90% en sectores clave, incluyendo edificaciones, transporte, materiales y residuos.

Por otra parte, respecto a la adaptación, los argumentos económicos son también muy contundentes.

La Comisión Global de Adaptación, liderada por Ban Ki-Moon, estima que las inversiones en las cinco medidas más efectivas (1. sistemas de alerta temprana; 2. infraestructura resiliente al clima; 3. producción de granos mejorada; 4. protección global de los manglares, y 5. inversiones para hacer más resilientes los sistemas hídricos) se recuperan en promedio en el orden de 4 a 1, con una tasa total de retorno de la inversión para todas las medidas posibles que oscila entre 2:1 y 10:1. Además, estas inversiones generan co-beneficios sociales importantes, ya que ayudan a reducir la brecha de inequidad y a acelerar el desarrollo.

Las oportunidades están presentes en todos los países, y hay ya muchos, incluidos algunos en desarrollo como India y China, que las están ya aprovechando. India, por ejemplo, realiza grandes inversiones en la instalación de capacidad solar de generación de electricidad, mientras que China domina el mercado de los autobuses eléctricos.

En total, son ya más de 20 los países que han indicado que aspiran a lograr la neutralidad en sus emisiones, incluyendo al bloque de países de la Unión Europea, Japón, Canadá y la propia China, además de países en desarrollo en nuestra región como Costa Rica, Chile, y Uruguay. Se espera que lo mismo ocurra en Estados Unidos bajo la presidencia de Joseph Biden, quien ya anunció su intención de lograr emisiones netas cero de GEI para 2050, al contemplar acciones como el logro de una matriz energética 100% limpia para 2035.

En el caso de México, aunque aún no se ha publicado su CND revisada, la expectativa global, al ser un país tan relevante en la esfera internacional, es que los compromisos que aquí se asuman sean acordes al tamaño y la urgencia del reto climático, y estén alineados con los que están anunciando otras naciones.

Ojalá se reconozca que combatir al cambio climático y aspirar a tener una economía de bajas o nulas emisiones y resiliente al clima, aunque implica inversiones, está en el mejor interés para nuestro país, no sólo en lo ambiental, sino también en lo económico y social.