Derivado de la ausencia de una ley sobre seguridad vial, el 7 de noviembre tuvimos otro choque en la carretera México-Toluca que pudo y debió haber sido evitado, con un saldo fatal: 10 personas fallecidas y 16 heridos afirmó rmaron organizaciones civiles quienes agregaron que este es un hecho vial más donde queda reflejada la falta de interés, inversión y voluntad de quienes administran el sistema vial del país.

Agregaron que es la tercera vez en este año que ocurre un choque en el tramo específico de La Venta-Santa Fe. A estos incidentes debemos sumar los que han sucedido en años anteriores en exactamente el mismo lugar.

La frecuencia de siniestros, dijeron, en esta zona de la carretera México-Toluca no es una coincidencia: es la consecuencia de fallas de diseño en la infraestructura carretera, jurisdicción exclusiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Urgieron a SCT implementar inmediatamente medidas de mitigación como reductores de velocidad, rampas de emergencia y, en concordancia con la Policía Federal de Caminos, mantener operativos permanentes para prevenir el exceso de velocidad de los vehículos circulantes. Además de estas medidas se necesita rediseñar ese tramo para garantizar la seguridad de los usuarios.

Las organizaciones firmantes , como El Poder del Consumidor,, Bixitekaa, Transita Seguro, México Previene, entre otras, realizaron preguntas como ¿A los operadores mal calificados, a los tractocamiones que violan la norma de carga? ¿Cuántas muertes más quieren los funcionarios de la SCT para hacer los ajustes necesarios en infraestructura y en la operación de los camiones de carga y su tránsito por el país? ¿Cuándo tendremos una norma de inspección físico mecánica vehicular? ¿Cuándo contaremos con presupuesto dedicado a corregir todas las omisiones en infraestructura que invisibilizan a las personas más vulnerables y acentúan las desigualdades en nuestras ciudades?

¿Cuándo se harán exámenes rigurosos para la emisión de licencias? ¿Cuándo tendremos una norma de seguridad vehicular enmarcada en las mejores prácticas internacionales y actualizada? ¿Cuándo tendremos un transporte público limpio, seguro, cómodo, accesible y rápido? ¿Cuándo empezaremos a hacer ciudades para ser caminadas de manera segura y para que los espacios públicos sean gozados por todas las personas independientemente de su género, de su condición económica y de su condición física? ¿Cuántas muertes más son necesarias para que se tenga una ley de seguridad vial y una entidad institucional que fiscalice y vigile su cabal cumplimiento de manera responsable?

Lamentamos profundamente estos hechos y las consecuencias de todo tipo que viven y vivirán las víctimas y sus familiares.

Urgimos al H. congreso de la Unión legislar en seguridad vial que prevenga este tipo de tragedias, con una ley que tenga por objetivo salvaguardar la vida, la integridad física y la salud de los mexicanos.

No nos cansaremos de decir que las consecuencias fatales de este trágico evento de tránsito pudieron ser prevenidas, como gran parte de las que nos dejan los miles de siniestros que ocurren en nuestro país. La sólida experiencia internacional respalda nuestra exigencia: ¡actuemos ya!

La Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 y el Objetivo 3.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no están reflejados en acciones contundentes de gobierno que nos acerquen como país al objetivo de reducir a la mitad las muertes por hechos viales al 2020. Muy poco se ha avanzado y no hay tiempo que perder #NoMásMuertesViales