Ante las cifras que presenta el reciente informe de Global Witness o Testigos Globales, en el que  señala que México es el país más peligroso para las defensoras y defensores del ambiente y de los derechos humanos, organizaciones ambientalistas y protectoras de los derechos humanos dieron a conocer diversas exigencias  para acabar con la violencia en contra de los activistas ambientales y de derechos humanos.

A través de un manifiesto, organizaciones como: Aúna Alianza Juvenil por la Sostenibilidad BODAI Org CartoCrítica. Investigación, mapas y datos para la sociedad civil Citizen’s Climate Lobby Mx Colima Sostenible A.C. COMALETZIN A.C. Comunidad 4.0 Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho A.C. División Juvenil de Cambio Climático Engenera, A.C Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos , entre otras afirmaron que tan solo en 2021, 54 defensoras y defensores del ambiente fueron asesinados en el país, la mayoría en comunidades locales e indígenas. La defensa del territorio ha sido principalmente debido a su manifestación en contra de megaproyectos extractivos como la minería y los hidrocarburos.

Agregaron que lamentablemente estos asesinatos han ido en aumento en años recientes, pues en 2020 se registraron 30 asesinatos a activistas ambientales en México. Otros países que encabezan la lista del reciente informe son Colombia y Brasil con 33 y 26 casos, respectivamente. Mas no se trata de números, estamos hablando de la vida de personas, el riesgo de seguridad que adolecen sus comunidades y la falta de espacios democráticos para defender los derechos humanos, la tierra y el medio ambiente.

México y el mundo enfrentan el reto ecológico y climático más amenazante de la historia de la humanidad. Defender el ambiente es defender la vida de todas y todos, especialmente de grupos vulnerados y tradicionalmente excluidos como personas en situación de pobreza.

Paradójicamente, en 2021, México ratificó el Acuerdo de Escazú, donde se reconoce la urgencia de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

Sin embargo, agregaron, que  nuestro país sigue sin asignar recursos suficientes y sin fortalecer instituciones que puedan respaldar la implementación del Acuerdo mencionado y con ello contribuir a la seguridad de quienes defienden al ambiente. En el mismo sentido, resaltamos que la implementación del Acuerdo de Escazú en México, debe considerar integrar de manera central la perspectiva de género e interseccional como ejes transversales para la incidencia, para promover la participación de las mujeres defensoras quienes además de verse atravesadas por distintas discriminaciones, enfrentan la violencia y la criminalización de sus luchas de manera diferenciada.

De acuerdo con el Informe ya referido, cerca del 40% de los ataques han sido a representantes de comunidades locales e indígenas, el riesgo a su seguridad se presenta cuando las comunidades manifiestan su inconformidad respecto a la contaminación, tala o explotación desmesurada de los recursos naturales que implican externalidades para sus grupos.

Esto habla de la incipiente institucionalidad que existe para la defensa de las poblaciones más vulnerables. Como se ha expuesto, la defensa del territorio ha sido principalmente en contra de proyectos extractivos como la minería y los hidrocarburos.

En este sentido, cabe destacar que en México, Colombia y otros países de América Latina, las economías siguen siendo altamente dependientes de actividades extractivas e intensivas en carbono.

Por ejemplo, en 2021, 24.23% del total de los ingresos de México vinieron de actividades intensivas en carbono como la minería y la producción de hidrocarburos (GFLAC, 2022). Es imperativo transitar hacia una manera más sostenible de producir y de consumir, para reducir los daños en el ambiente y los conflictos en el territorio por situaciones asimétricas de poder.

Entre las causas de los asesinatos que Global Witness identifica, están la impunidad generalizada, actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes quienes fueron los presuntos agresores en muchos de los asesinatos. Aunado a esto, señala los altos niveles de corrupción en las empresas y los gobiernos, así como la falta de un enfoque estructural a largo plazo. La imposición de proyectos perjudiciales para las comunidades, sin su consentimiento libre, previo e informado, genera enfrentamientos en territorio y un choque de enfoques hacia el desarrollo.

En el más reciente informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA, 2022) se documentaron además 108 eventos de agresión y 238 agresiones 1 , siendo Oaxaca, Guerrero, Sonora y Morelos los estados más peligrosos para la defensa del medio ambiente y el territorio.

Los ataques a personas defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos vulnera a la población en su conjunto, pues también se han documentado casos en que la violencia alcanza la vida de familiares de activistas, incluso después de haber sido asesinadas/asesinados. Por ello, las organizaciones firmantes exigimos:

• Que el Poder Legislativo llame a comparecer a las autoridades encargadas de la protección de defensoras y defensores del ambiente, como parte de las medidas que habrán de adoptarse para que su muerte no quede impune

• Que se dé a conocer un plan para la implementación cabal del Acuerdo de Escazú, en donde no solo participe el sector ambiental, sino también otros sectores clave como el energético, el de agricultura, de transporte y otros.

• Que se establezca una Comisión Intersecretarial para la implementación de dicho Plan en donde se brinden espacios a representantes de sociedad civil, de la academia, de las comunidades indígenas, jóvenes, mujeres y otros grupos de interés.

• Que las autoridades mexicanas garanticen que no habrá más persecución y asesinatos a las y los activistas ambientales, principalmente a aquellos que luchan desde las comunidades locales e indígenas.

• Exigimos medidas urgentes para que cese la violencia contra las y los defensores del ambiente.