Trascendió que, en la Universidad Autónoma Chapingo, detrás de algunas movilizaciones violentas acontecidas este miércoles 18 de junio de 2025, en el área jurídica se encuentra la defensa de intereses personales vinculados a figuras académicas con historial de irregularidades administrativas, académicas y porriles.

De acuerdo con fuentes cercanas, el caso del Dr. Francisco José Zamudio Sánchez, profesor con nivel de Investigador Nacional, habla de ausencias prolongadas, uso indebido de funciones docentes, posible condicionamiento de evaluaciones a estudiantes y actos ajenos a la normatividad universitaria.

Asimismo, existen cartas en las que el mencionado profesor Zamudio pedía a los alumnos firmar fianzas por 1,000 pesos mensuales como condición para inscribirlos al posgrado.

La oposición a la UACh no sabe ni con quién arma alianzas; ahora resulta que los opositores apoyan a un profesor señalado por la comunidad universitaria como un faltista, extorsionador y aviador, como lo es el investigador SNI III Zamudio, quien no solo hace quedar mal a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), sino que también lucra con la función académica y con las necesidades de los estudiantes.

Dichos comportamientos, que ya habrían tenido un impacto negativo en procesos de acreditación y prestigio académico, estarían siendo instrumentalizados por ciertos actores como bandera de protesta contra procesos internos de ordenamiento institucional.

Se sabe que las autoridades competentes están revisando estos casos conforme a lo que establece la ley y la reglamentación universitaria, privilegiando el interés superior de la comunidad estudiantil y la calidad académica.

Cabe mencionar que testigos presenciaron cómo maestros y alumnos identificados con grupos políticos dirigidos por el también profesor Salvador Díaz Sánchez, quien cuenta con sendas demandas, daban instrucciones para que alumnos y alumnas, en su mayoría, procedieran a agredir al personal administrativo, entre ellos mujeres y hombres.

Al parecer, el personal administrativo demandará por lesiones y agresiones ante las autoridades. Daremos seguimiento a cómo terminan estas provocaciones y si las autoridades sancionan a estos grupos desestabilizadores.