A pesar de que la Constitución mexicana y diversos estándares internacionales han avanzado en el reconocimiento del derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, en los hechos estos continúan enfrentando enormes dificultades para el ejercicio del autogobierno, la aplicación de sus sistemas normativos  y para el respeto y protección de sus tierras, territorios,  bienes comunes y sus formas propias de vida y desarrollo.

La discriminación estructural que siguen padeciendo los pueblos originarios es consecuencia, entre otras razones, de un marco legal que les niega su condición como sujetos plenos de derecho y facilita el despojo de sus territorios, por eso desde la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) reiteramos el llamado al Gobierno de López Obrador y al Congreso para materializar la reforma constitucional comprometida.

La iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, promovida desde inicio del sexenio por la actual administración con el respaldo de una importante base social comunitaria, fue presentada por las autoridades de la Tribu Yaqui al presidente López Obrador en agosto del pasado año; desde entonces, hace ya diez meses, se encuentra atorada en las oficinas del gobierno sin ser presentada ante el Congreso.

Hacemos este llamado en el marco de la presentación, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre elDerecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y tribales, que contó con la participación de la Comisionada Esmeralda Arosemena, Relatora sobre Pueblos Indígenas; del representante para México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Sr. Guillermo Fernández-Maldonado, diversas autoridades del Estado mexicano, academia, organizaciones civiles y comunidades de 13 estados del país, que forman parte de la ALDEA.

En el informe, la CIDH señala con preocupación que, en varios países, “los pueblos indígenas y tribales enfrentan obstáculos para el ejercicio de su libre determinación debido a limitaciones en los marcos jurídicos y políticos nacionales con respecto a su identificación y reconocimiento como pueblos diferenciados, y/o los aspectos colectivos de sus derechos…”. Asimismo, señala la “falta de respeto y reconocimiento de las instituciones representativas de los pueblos indígenas y sus procesos de toma de decisiones, particularmente cuando existen intereses económicos, comerciales, políticos, militares u otros sobre las tierras y territorios”. Otro obstáculo considerable “es la situación de violencia que enfrentan a raíz de la presencia e invasión de sus tierras por terceros, ya sea personas involucradas en actividades madereras, mineras, ganaderas o narcotráfico…siendo fuentes de grave riesgo y amenaza contra la supervivencia física y cultural de dichos pueblos…”^[1].

En este sentido, la CIDH, recomendó a los Estados de la región: “Adoptar medidas para garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a ejercer de manera práctica y efectiva la libre determinación en el marco de sus propios procedimientos, instituciones y concepciones del mundo”. Instándoles a reforzar las medidas para “el reconocimiento y funcionamiento de las instituciones representativas propias de dichos pueblos, incluyendo en las áreas de autogobierno, autonomía, administración de justicia, gestión y manejo territorial y de recursos naturales…” Así como “proporcionar los recursos financieros y otros necesarios para su funcionamiento. De igual manera, recomendó. en consulta y coordinación con los pueblos indígenas y tribales, adoptar “las medidas necesarias para que, dentro de los ordenamientos jurídicos internos de los Estados, dichos pueblos pueden ejercer sus derechos de manera efectiva y colectiva y hacerlos valer ante las instituciones estatales”^[2].

“El derecho a la libre determinación es un derecho marco… Hoy este derecho está amenazado por las violencias asociadas con las actividades extractivas que ponen en riesgo la vida de las comunidades. Por ello, el Informe recomienda adoptar o reforzar las medidas necesarias para el funcionamiento de los sistemas de organización y ejercicio de la libre determinación, proporcionar recursos financieros, asegurar que los procedimientos sean ágiles y eficaces, evaluar en coordinación con dichos pueblos los cambios que se lleven a cabo, mecanismos eficaces de reparación de daños, de protección y de acceso a la justicia y tomar medidas para mitigar los impactos del cambios climático, para fortalecer los derechos territoriales y asegurar la soberanía alimentaria”, explicó la Comisionada Arosemena.

Sumado a lo anterior, el representante de la OACNUDH en México recordó las diversas recomendaciones internacionales de la ONU al Estado mexicano encaminadas a respetar y garantizar los derechos colectivos de los pueblos y comunidades, incluyendo medidas legislativas correspondientes, entre ellas la propuesta de reforma constitucional indígena.

Lo señalado por el Informe de la CIDH retrata la dolorosa realidad que siguen padeciendo los pueblos de México; por esta razón, los integrantes de las comunidades, en representación de la ALDEA, exigieron, ante Josefina Bravo Rangel, titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la SEGOB; Adelfo Regino, titular del INPI, y la Sen. Xochil Gálvez, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, cumplir de forma pronta con las recomendaciones internacionales y dar los pasos necesarios para concretar la reforma prometida y honrar la deuda histórica con los Acuerdos de San Andrés Larrainzar.

El informe de la CIDH será presentado este 1 de junio en la ciudad de Oaxaca, donde también diversas organizaciones indígenas, agrupadas por el Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CEDIAO), están impulsando también una reforma legal en materia de derechos territoriales para las comunidades y pueblos indígenas. En esta presentación también participará la Comisionada Esmeralda Arosemena, Relatora sobre Pueblos Indígenas de la CIDH.

^[1] CIDH, Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales, párrs., 310, 360, 362, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 413, 28 diciembre 2021, www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LibreDeterminacionES.pdf.

^[2] Ibídem, párrs., 365 (1,2,3).