El Congreso de la Unión aprobó en julio de este año reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor y el Código Penal Federal, que sancionan la reparación de aparatos electrónicos cuando para ello deba eludirse una medida tecnológica de protección /candado digital, lo que favorece un consumo masivo de estos aparatos, la llamada “obsolescencia programada” y genera graves daños al medio ambiente, advirtió Greenpeace México.

A su vez, la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D)´señaló que estas modificaciones, aprobadas por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, fueron implementadas por el Estado mexicano para armonizar la legislación nacional con el capítulo de propiedad intelectual del tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Se trata de reformas que “favorecen el modelo capitalista actual de producción y consumo en masa, basado en la explotación de la gente y la naturaleza, pues pone en riesgo a quienes reparan aparatos, obligando a la compra de nuevos productos en beneficio de las grandes empresas.

Esto alimenta el sobreconsumo y la linealidad de la economía actual (extracción de recursos-manufactura-transporte- consumo-desecho) que están detrás de la crisis ambiental que vivimos hoy en día”, advirtió Ornela Garelli Ríos, especialista en Consumo Responsable y Cambio Climático de Greenpeace México.

Estas reformas impiden a las personas transitar hacia estilos de vida más sustentables basados en la reutilización y regresa el poder a las empresas, para seguir apostando por la obsolescencia programada y vender productos “desechables” sin límite, situación que trae como consecuencia una gran generación de desechos.

Según el Global E-Waste Monitor 2020, el año pasado se generaron 53.6 millones de toneladas métricas de residuos electrónicos en el mundo con un incremento del 21 por ciento en relación a los últimos cinco años.

En México, según el Inventario de Residuos Electrónicos de la SEMARNAT-PNUD, en 2015 (último dato disponible) se generaron un millón 103 mil 570 toneladas de estos desechos.

De esta cantidad, el 65.12 por ciento es material con potencial económico, mientras que el 5.99 por ciento se consideran residuos peligrosos por su contenido tóxico y el 28.89 por ciento restante no es aprovechable. México es el segundo generador de residuos electrónicos en América Latina.

Entre otros impactos ambientales que traerán estas modificaciones, destaca una mayor extracción de recursos naturales para fabricar nuevos productos, esto debido en parte al bajo uso de materiales reciclados en los dispositivos, las bajas tasas de reciclaje en el sector (sólo de alrededor del 17% en 2019 según el Global E-Waste Monitor) y al hecho de que los smartphones y otros dispositivos electrónicos son los más intensivos en el uso de recursos por peso.

Por ejemplo, Merchant (2017) señala que para obtener 100 gramos de minerales usados en construir un “smartphone”, se deben extraer 30 kilos de roca.

Este esquema produce altas emisiones de gases de efecto invernadero, desde la extracción de la materia prima, la producción, el transporte y hasta la disposición final de los aparatos; a lo que se suma la dependencia en energía sucia en las cadenas de suministro y los incipientes compromisos por parte de las empresas manufactureras para transitar al uso de energías renovables.

También deben considerarse los riesgos asociados al uso de químicos dañinos, metales pesados y sustancias tóxicas como arsénico, níquel, mercurio, plomo, cadmio, berilio, cromo, bario, así como contaminantes orgánico-persistentes, que dañan severamente la salud de las personas y el medio ambiente, ya que al estar presentes en los aparatos y dispositivos electrónicos que se desechan pueden filtrarse a los ecosistemas.

A esto se suman las prácticas mineras peligrosas que también afectan la salud de los mineros y las comunidades y contaminan el agua y el suelo.

Sobre las repercusiones de estas reformas, José Flores, vocero de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, señaló, entre otras cosas, que las reformas no contemplan suficientes excepciones para proteger a las personas que eluden estas medidas tecnológicas de protección para ejercer acciones legítimas, como son la reparación y modificación de dispositivos con el fin de extender su vida útil.

Greenpeace México y R3D pidieron a las y los legisladores revertir estas reformas que generan grandes impactos sociales y ambientales, asegurar la garantía de nuestros derechos humanos, y abstenerse de apoyar intereses privados que solo buscan acrecentar sus ganancias en detrimento de las personas y del planeta.