Como parte del proceso de parlamento abierto en la discusión de las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal a la Ley de la Industria Eléctrica, Greenpeace México entregó a la Cámara de Diputados el documento “El camino de México hacia la justicia energética”, donde demuestra que las energías renovables sí son una opción para generar y consumir energía de manera sana, sustentable y con justicia para todos.

El documento entregado al Congreso y que se puede consultar en la siguiente liga electrónica:

https://www.greenpeace.org/mexico/publicacion/9593/el-camino-de-mexico-hacia-la-justicia-energetica/ constituye una aportación al debate técnico-científico informado, que demuestra la viabilidad técnica y financiera de las energías renovables y la necesidad urgente de una transición energética, pero no a cualquier costo, sino con respeto a los derechos humanos, a los ecosistemas y a las comunidades.

Al respecto, Pablo Ramírez, responsable del proyecto de Justicia Energética de Greenpeace México, señaló que este documento  analiza el estado actual de la matriz energética en el sector eléctrico, y demuestra que para alcanzar sus metas nacionalmente determinadas de emisión de gases de efecto invernadero  (NDC por sus siglas en inglés), el Estado mexicano debería de incrementar sus esfuerzos..

No sólo eso, sino que con las metas actuales –que por ahora no se están cumpliendo– México será incapaz de contribuir lo suficiente para que la temperatura del planeta no se eleve más allá de 1.5 grados centígrados.

Ramírez Granados recordó que lejos de buscar un esquema basado en fuentes de generación renovables, las políticas actuales apuntan a una dirección contraria a la reducción de los gases de efecto invernadero, lo cual podría conducir al país a una catástrofe ambiental.

“La iniciativa preferente de reformas a la LIE que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión a principios de este mes, perpetúa un modelo altamente dañino para el medio ambiente, que no combate, sino propicia el cambio climático que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional de combatir”, advirtió.

Greenpeace México reconoce que no son pocas las violaciones a los derechos de las comunidades ni los conflictos sociales generados ahí donde se asientan las centrales eólicas o solares en el país. Más aún, no son una o dos grandes empresas las responsables de estos conflictos, sino varias y de distintas dimensiones.

Al respecto, al participar en el parlamento abierto, Luis Miguel Cano, miembro del equipo legal de Greenpeace México, destacó que lo malo no son las energías renovables, como se ha hecho creer, sino la lógica extractivista en la implementación de los proyectos (enfoque que también puede afectar a proyectos del Estado con energías fósiles).

Consideramos que el Estado mexicano tiene ahora mismo la gran oportunidad de cambiar su paradigma y emprender una verdadera transición energética para contar con un sistema energético más sano, democrático e independiente, con la rectoría del Estado y  que contribuya a disminuir el impacto ambiental y climático que ha generado la humanidad, al invertir en energías renovables, en lugar de fósiles.

Es necesario que el Estado revise a detalle todas las concesiones hasta ahora entregadas a particulares para la generación de energías renovables, sancione a quien haya incurrido en irregularidades y violaciones a derechos humanos (ya sean funcionarios públicos o personas privadas) y corrija todas las irregularidades que se detecten, sin condenar por ello a las fuentes renovables.

La actual pandemia constituye un verdadero parteaguas para la vida tal como la conocíamos hasta hace algunos meses. De las decisiones que tomemos hoy en materia energética, dependerá si encontramos formas más sanas y sustentables de generar y consumir energía si queremos mantenernos sanos.