A partir de hoy, la Ciudad de México cuenta con un instrumento legal muy robusto que va a permitir a la ciudadanía exigir a cualquier persona física o moral la reparación del daño que ocasione al ambiente natural o construido.

En sesión extraordinaria, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó este jueves la Ley de Responsabilidad Ambiental que elaboró la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) para castigar a quien provoque daños al medio ambiente, obligándolo a restituir, restaurar o  compensar las afectaciones.

Sin duda, este logro pone a la Ciudad de México a la vanguardia al dotarla de un instrumento jurídico con el que la ciudadanía podrá exigir directamente ante los tribunales, la reparación de las afectaciones causadas a su entorno y a su salud. “Solo así se puede aspirar a una verdadera justicia restaurativa que garantice una vida saludable y de calidad para todas las personas”, señaló la titular de la PAOT, Mariana Boy Tamborrell.

¿Qué pasa con la legislación actual? Para dimensionar la importancia que tiene el contar con una Ley así, se puede ejemplificar con el caso de una constructora que deposita residuos de manera ilegal en una Área de Valor Ambiental (AVA). Hasta hoy, el responsable solo es multado, aunque el daño que provocó al medio ambiente permanece por tiempo indefinido y sin importar sus consecuencias.

¿Qué pasa con la nueva Ley de Responsabilidad Ambiental? La constructora está obligada a hacerse responsable del daño provocado al AVA y a llevar a cabo las acciones necesarias para que el medio ambiente vuelva a su estado original; es decir, tendría que revegetar, reforestar y regresar la tierra extraída.

Uno de los ejes estratégicos de la actual administración para consolidar a la PAOT como defensora pública de los derechos ambientales es la de impulsar una política de justicia restaurativa. Por ello, en el ámbito de sus atribuciones, en diciembre de 2023 entregó al Congreso una Sugerencia para que la  Ciudad cuente con un marco jurídico que proteja el derecho a un medio ambiente sano y garantice el equilibrio ecológico, frenando la acumulación de afectaciones.

Esta Ley se sustenta en el principio de reparación integral, es decir, el responsable no solo será sancionado con multas, clausuras o cárcel como sucede actualmente con las leyes vigentes; también estaría obligado a resarcir los daños provocados tanto a los elementos naturales como a los artificiales o construidos, como a la salud e integridad de las personas afectadas. En caso de no ser posible, tendría que compensar y mitigar los daños causados, además de establecerse la garantía de no repetición.

Como parte del proceso que se realizó para su revisión y análisis, en febrero de este año se llevó a cabo el Foro “Hacia la construcción de una ley de responsabilidad ambiental de la Ciudad de México», en donde diputados, magistrados, servidores públicos, académicos y expertos en el tema coincidieron en la necesidad de que la capital cuente con una legislación para frenar y revertir el deterioro del medio ambiente.

Una vez que se publique esta Ley en la Gaceta Oficial, cualquier persona podrá demandar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México la reparación del daño provocado al ambiente, así como a su salud e integridad. De esta forma se estaría garantizando el derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido en la Constitución Política de la Ciudad de México.

Esta Sugerencia se trabajó y consultó con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ); así como con expertos en la materia.

“Agradecemos a los diputados que analizaron, discutieron y aprobaron esta Ley; a los académicos y especialistas que aportaron su conocimiento para fortalecerla; a las dependencias de Gobierno que intercambiaron comentarios, opiniones y recomendaciones; así como al Jefe de Gobierno, Martí Batres, por su apoyo y compromiso permanente en la defensa de los derechos medioambientales de los capitalinos”, finalizó la Procuradora Ambiental.