El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la creación del Registro Público de Agresores Sexuales, el cual forma parte de una estrategia de prevención; para ello, diputadas y diputados reformaron el Código Penal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con este decreto, se establece que la inscripción en el Registro será por un periodo de 10 años a 30 años -con base en la gravedad del delito-, el juez deberá imponer la medida de seguridad. Incluso este Registro será público y abierto.

Para argumentar el dictamen presentado por las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y la de Atención Especial a Víctimas, el diputado Eduardo Santillán Pérez aseguró que con las reformas y adiciones al Código Penal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se crea un elemento fundamental para fortalecer la política de prevención de violencia hacia las mujeres de la ciudad.

“De manera fundamental se establecen los delitos por los cuales ingresarán los nombres al Registro de Agresores Sexuales de la Ciudad de México: Delito de feminicidio, trata de personas, violación, turismo sexual. Será un instrumento fundamental en política de prevención de violencia. Este Registro tendrá la foto de las personas sentenciadas, nombre, edad, alias y nacionalidad”, señaló.

Con esta reforma, agregó, la Ciudad de México se coloca a la vanguardia en la creación de instrumentos normativos. “Con esta reforma damos pasos importante para fortalecer la atención al problema social que es la violencia hacia las mujeres; con esto la ciudad también se pone a la vanguardia en el diseño legislativo.

Razonan su voto congresistas, durante la discusión del dictamen

Posterior a la argumentación del dictamen, legisladoras y legisladores subieron a tribuna para razonar su voto. La diputada Jannete Guerrero Maya, del PT, aseguró que es momento de dar pasos firmes en la protección de las personas, “el domingo las voces fueron fuertes y claras. Por ello es tiempo de privilegiar a las víctimas, la situación que vive el país así lo demanda, las mujeres lo demandamos. Ahora las niñas, los niños, adolescentes podrán ubicar a quienes han sido sentenciados por violación, por turismo sexual, trata de personas”.

“La realidad ha demostrado que no basta con las denuncias públicas o ante las autoridades para garantizar que los delitos sean castigados. Con las reformas generamos el Registro de Agresores Sexuales para inhibir conductas; este Registro no estigmatiza, pues sólo se inscribirán a quienes tienen sentencias firmes y la ciudadanía tiene  derecho a conocer”, indicó.

Enseguida, la legisladora Paula Soto Maldonado (MORENA) resaltó que el Registro era necesario y urgente. “Crearlo representa una herramienta de protección pública, las víctimas podrán identificar a los delincuentes. Con el Registro será posible ver los datos de violencia contra las mujeres. Hemos dado un paso, pero no hemos llegado a la meta”.

En tanto, la diputada Martha Ávila Ventura, coordinadora del grupo parlamentario de MORENA, aseguró que con las reformas y adiciones al Código Penal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se permitirá facilitar los mecanismos de investigación en delitos de carácter sexual.

“Con las reformas, la Ciudad de México contará con un Registro de Agresores Sexuales como mecanismo de prevención y protección de las mujeres. Se contempla incorporar los nombres de quienes tienen sentencias firmes de carácter sexual, al mismo tiempo se garantiza la presunción de inocencia “, dijo.

El diputado Emmanuel Vargas Bernal, presidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, consideró que las reformas y adiciones a diversos ordenamientos de la ciudad representan un gran avance en favor de las víctimas, en casos de abusos sexuales. “Se ha avanzado en un tema que no fue atendido por las administraciones pasadas”.

“Ahora se tienen reformas importantes. Continuamos con el trabajo legislativo en pro de las víctimas. Avanzamos en una mejor sociedad, protegiendo a las niñas, niños, adolescentes y mujeres”, añadió.

Por el grupo parlamentario del PRD, el diputado Jorge Gaviño Ambriz aseguró que el dictamen en discusión tenía errores. Incluso, dijo, “esto es un intento de propagada política para dar el mensaje a los medios –de comunicación- en el sentido de que el gobierno atiende los delitos de feminicidios”. Ofreció algunas cifras: Las violaciones en el año 2017 alcanzaron una cifra de 305; en el año 2018 se reportaron mil 397; en el año 2019 fueron mil 453; en feminicidios el comportamiento fue de 37 (año 2017), 43 (año 2018) y 71 (año 2019).

“No estamos aprobado un sistema para atender el problema. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Irlanda,  Argentina, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda tienen un sistema y aquí estamos haciendo parches al Código penal particularmente, por eso digo que hay un desaseo en la reforma”, indicó.

Después, el diputado Miguel Ángel Salazar, del PRI, enfatizó que el Registro es un gran paso, “aunque deseo que se mejore y rectifique realizando un sistema.

Observó algunos riesgos con las reformas a ordenamientos locales: “El Registro público será de uso irracional, es inconstitucional; también la penalidad es una gran aberración. Los principios de legalidad establecen que no podemos ser sancionados dos veces por el mismo hecho, incurrimos en violación al principio general del derecho”.

Diputadas y diputados presentan reservas al dictamen

En el desarrollo de la discusión del dictamen, diputadas y diputados presentaron sus reservas al proyecto de decreto. La diputada Leonor Gómez Otegui, del PT, presentó sus reservas, a través de las cuales pidió que el documento se redactara con un lenguaje incluyente. Su propuesta fue aprobada.

Después, la legisladora Donají Olivera, de MORENA, presentó sus reservas, una de ellas es para establecer la obligatoriedad para la Secretaría de Gobierno a publicar en su portal electrónico el Registro; otra fue para que la misma Secretaría tenga como máximo 90 días naturales para crear el Registro, mismas que fueron aprobadas por el pleno.

También el legislador Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, presentó su reserva para cambiar el encabezado del dictamen, propuesta que fue aprobada.

La congresista Valentina Batres Guadarrama, de MORENA, también presentó reserva; a través de ella pidió modificar –en el Código Penal- el término de condenado por el de medida de seguridad. Propuesta que también fue aprobada.

Después de desahogar las reservas, el dictamen se aprobó en lo particular: 47 votos en favor, cero en contra y tres abstenciones.