Que un niño lleve y detone un arma dentro de un centro educativo no solo es un tema de seguridad pública, sino de análisis de los contextos en los que se ejerce el derecho a la educación, señalan expertos ante el caso de un niño que disparó una pistola en una secundaria en Iztapalapa, Ciudad de México.

Ante esta situación, Erick Juárez Pineda, director de Educación Futura y coordinador del Laboratorio de Periodismo​​ y Política Educativa de la Universidad Iberoamericana, explicó que este no es un hecho aislado como señalan las autoridades, pues solo es un reflejo de la violencia y adversidades sociales, económicas, culturales y políticas.

“La escuela es un reflejo de la sociedad, y si en la familia, núcleo de esta sociedad, no se llevan a cabo efectivos procesos de crianza, los cuales están asociados a un bienestar de diversos aspectos; tenemos como resultado familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad”, añadió.

Todos estos factores intervienen directamente con el aprendizaje y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, por lo que hechos como lo sucedido en esta secundaria, son solo un reflejo de este rompimiento del tejido social,  de políticas fallidas y un largo historial de inequidad y desigualdad, afirmó.

Aquí el debate no solo es la seguridad del niño, sus compañeros y los docentes; sino en los factores asociados al aprendizaje, la justicia social, políticas publicas y el papel de los Consejos Técnicos Escolares que las aterrizan https://t.co/Ycw4E8JGuR

— Erick Juárez Pineda (@elErickJuarez) February 21, 2022

Bajo este contexto, considera que las autoridades no han sabido responder ante las diversas situaciones, pues programas como “Mochila segura” solo son una medida temporal y no han querido entrar a la raíz de la problemática.

Recordó que en febrero del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el Programa Mochila Segura, pues no cuenta con un marco legal que lo sustente.

Sin embargo, el fallo reconoce que la falta actual de regulación, no debe obstaculizar el que los Congresos Federal y locales, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollen legislación que, apegada al régimen constitucional, pueda dar sustento y contenido formal a programas como el reclamado, con pleno respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Además, se indica que la resolución no impide las intervenciones o revisiones en las escuelas cuando se ha cometido un delito o está por cometerse, pues ello coloca a la comunidad escolar en un riesgo o peligro inminente; en cuyo caso, deberá darse a la brevedad intervención a las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia competentes.