El cobro de derecho de piso no es privativo de las zonas urbanas, tal como quedó establecido con los hechos de Texcaltitlán con productores del campo del Estado de México hace unos días y, por lo visto, dicha problemática recorre varias entidades del país; y si la extorsión es difícil de comprobar y su cifra negra (delitos no denunciados) ronda el 99.83% a nivel nacional, tratándose de “cobro de piso” la cifra negra es prácticamente del 100%, debido a que es más difícil de denunciar.

Facundo Rosas, ex comisionado General de la Policía Federal, advierte que el “cobro de piso” perpetrado contra campesinos por cada metro cuadrado de siembra, puede considerarse la fase superior de la extorsión, al ser una acción muy difícil de denunciar ante el Ministerio Público y aún más complicado probar ante un juez que fueron objeto de un hecho señalado por la ley como delito, puesto que la tierra ni siquiera ha sido sembrada y mucho menos producido alguna mercancía comercializable y con un valor monetario.

La respuesta de los campesinos en Texcaltitlán, añade el exfuncionario y actual Director de Estrategia del Grupo BlackIND, es el hartazgo de la gente víctima de la delincuencia y la falta de atención por parte de la autoridad, empezando por la estatal que sólo se limitó a instruir se le diera seguimiento, visitar el municipio totalmente “blindada” y pronunciarse en favor de la paz, como si este tipo de acciones bastaran para resolver el problema de fondo. Lo otro que comprueba este hecho es el “control territorial” por parte de los grupos delictivos.

Facundo Rosas encuentra que los primeros registros de extorsión en México datan de 2001 y las primeras víctimas fueron presidentes municipales de la península de Yucatán, quienes no denunciaban ante la autoridad estatal o federal las llamadas telefónicas seguramente por pena, temerosos a lo que pensarían los habitantes de sus demarcaciones si se enteraran de que les habían visto la cara de ingenuos, por no decir otra cosa.

El ex comisionado General de la Policía Federal recuerda que la modalidad de extorsión presencial conocida como “cobro de piso” data de 2010 en Ciudad Juárez, Chihuahua, particularmente en la zona conocida como Lincoln, donde comerciantes la enfrentaron con éxito.

Dice que este tipo de exigencias se caracterizó porque sus autores dejaban recados con amenazas de que si no se les entregaba una cuota para seguir funcionando sus dueños serían asesinados y su establecimiento incendiado.

Para resolverlo, los comerciantes y empresarios, con el acompañamiento de las autoridades federales, estatales y municipales, decidieron denunciar y colocar lonas en sus fachadas con la leyenda “No al cobro de piso, en este negocio, el único piso que se paga es el predial”. Esto implica ver cómo cuando existe colaboración entre la sociedad civil y los distintos gobiernos, las cosas pueden funcionar a favor del bien común.

Aconseja que mientras las víctimas no se organicen y sientan el respaldo de la autoridad, que en principio no llegue a dialogar con ellos blindada por decenas de militares y policías como sucedió en el Estado de México, la extorsión seguirá impune y el miedo que genera seguirá alimentando la cifra negra (delitos no denunciados) que a los únicos que beneficia es a los extorsionadores y cada vez son más las zonas donde de manera silenciosa el “cobro de piso” subyace a gran parte de la actividad económica formal y con mayor razón la informal, y que en cualquier momento puede hacer crisis.

En el caso de la Ciudad de México, afirma Rosas Rosas, sobre todo en las alcaldías ubicadas en el sur y norte, el “cobro de piso” se da de manera cotidiana, pero por miedo no se denuncia. Sin embargo, aceptarlo sería reconocer que en esta materia se ha fracasado y estropearía las cifras alegres que en los últimos años se han repetido para hacer creer que las cosas van muy bien, que los delitos de alto impacto han bajado más del 50%, pero sólo los de alto impacto, como si los demás delitos no impactaran en el estado de ánimo de la población.

Finalmente, expresó el director de Estrategia del Grupo BlackIND, no es por echar a perder los spots de “campaña”, pero los delitos totales en la Ciudad de México en 2023 se han incrementado un 2.5% respecto de 2022, solo que eso no se dice, así como tampoco que la mayoría de los “changarros”, puestos de tacos, de jugos, pollerías, entre otros ubicadas en las alcaldías antes referidas pagan “derecho de piso” de manera silenciosa.