Organizaciones civiles nacionales, internacionales y de la Península de Yucatán colocaron en el Paseo de la Reforma una placa que advierte los impactos que el megaproyecto Tren Maya está causando, al tiempo que las autoridades administrativas y judiciales incumplen con su responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia y evitar la violación de derechos.

La placa señala: “Aquí dejamos constancia de que en nombre del ‘desarrollo’ y el ‘progreso’ se construyó el ‘Tren Maya’ desalojando personas, extinguiendo especies, devastando la selva y amenazando ecosistemas. Solo ustedes, en el futuro, podrán decir si valió la pena…”.

 Las organizaciones convocantes, Racismo Mx, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Cenotes Urbanos, Greenpeace, Kanan Derechos Humanos, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y Red de Resistencia y Rebeldía Jo’ mencionaron que este proyecto fue impuesto de manera totalmente irregular; comenzando con el proceso de supuesta “consulta indígena” de 2019, que no cumplió con todos los estándares internacionales en la materia. de acuerdo al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que carecía de estudios de impacto ambiental que detallaran los impactos negativos y positivos del proyecto, los cuales eran indispensables para pedir el consentimiento de los pueblos originarios.

Hasta ahora no se ha realizado un estudio íntegro de impactos acumulativos y sinérgicos en el medio ambiente, sociedad y economía, sino que se han hecho evaluaciones fragmentadas en “tramos”.

 Asimismo, el proyecto ha tenido un sinfín de modificaciones que no se conocen con claridad, también ha destruido viviendas de cientos de familias en Campeche y Yucatán y destruido hectáreas de selvas de la región, entre otras afectaciones. Por todo esto, el proyecto insignia del gobierno federal, “Tren Maya”, ha sido objeto de críticas por parte de asociaciones civiles, pueblos originarios, activistas y academia, quienes en reiteradas ocasiones han advertido las diversas irregularidades y violaciones a derechos humanos en el marco del proyecto.

Entre los datos totalmente ignorados por las autoridades, están los proporcionados por Raúl Padilla Borja, de Jaguar Wildlife Center A.C., y Roberto Rojo, del Círculo Espeleológico del Mayab A.C. quienes desde 2010 realizaron un registro de fauna silvestre en el Ejido de Playa del Carmen, en el que se observaron 3 especies de peces, 17 de anfibios, 93 de aves, 59 de reptiles y 50 de mamíferos de los cuales 20 se encuentran en peligro de extinción; 17 están amenazadas y 27 están bajo protección especial, de acuerdo con la NOM-SEMARNAT-059-2010.

Esto es relevante dada la importancia biológica que tienen dichas especies y debido a la conectividad existente con el Corredor Biológico Yum Balam-Sian Ka’an, fundamental para la supervivencia del jaguar (Panthera onca), una de las especies más emblemáticas y amenazadas de México. Un proyecto sin acceso a la justicia El Tren Maya ha sido favorecido en todas las instancias del Poder Judicial de la Federación, el cual ha sido totalmente aquiescente y endeble para garantizar el derecho de acceso a la justicia de los pueblos originarios, así como de activistas y personas defensoras de derechos humanos en general.

El proceso de unificación de casos en 2021 para que el Juzgado Primero de Distrito y el Tribunal Colegiado de Circuito en materia Laboral y Administrativa en Yucatán analizará todos los juicios de amparo al respecto fue totalmente arbitrario; los estándares que aplican el Juez y las Magistradas para proteger y defender los derechos a través de esta herramienta legal han sido totalmente ineficaces y tendenciosos para beneficiar al proyecto y no a las víctimas de violaciones a derechos humanos.

 A la par, el Poder Ejecutivo estigmatiza y criminaliza la labor de las asociaciones civiles y personas defensoras frente al proyecto, a costa de polarizar a la sociedad, creando un clima hostil y complejo para el debate público, defensa y promoción de derechos en este contexto.

Por todas estas razones, las organizaciones presentes hacemos esto como un llamado a la sociedad y autoridades de los tres niveles de gobierno para subrayar que el proyecto “Tren Maya” es irregular y violatorio de derechos humanos; es arbitrario, violento y peligroso para personas defensoras, pueblos originarios y el medio ambiente del Sur-Sureste del país; es insuficiente la información que los promoventes proporcionan y no se garantiza el acceso a la justicia.

Exigimos que se detengan estas violaciones y abusos y que se garantice la justicia y el respeto de los derechos humanos.