El primer año de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, deja una sensación agridulce en materia ambiental.

Inició con importantes expectativas del sector dada su formación como científica, su vínculo académico con el cambio climático y su experiencia como titular de Medio Ambiente en el gobierno capitalino. El nombramiento de Alicia Bárcena como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales también se vislumbró como una decisión positiva considerando la trayectoria de Bárcena en apoyo a las causas ambientales como sus gestiones para lograr la adopción del Acuerdo de Escazú.

Sin embargo, hasta ahora no existe un cambio de ruta en la política ambiental del país que lleve a combatir de manera efectiva las dos mayores amenazas ambientales que enfrentamos, el cambio climático y la acelerada pérdida de biodiversidad.

La devastación de la Selva Maya es un claro ejemplo de que hay contradicciones a lo largo de este año. Por un lado la secretaria Bárcena reconoció los impactos negativos del Tren Maya en la Península de Yucatán y la necesidad de una restauración integral, pero en los hechos, la administración de Sheinbaum incluso anunció la construcción de más infraestructura ferroviaria como la terminal de carga de Cancún, y siguen en pie proyectos de desarrollo inmobiliario y turístico que ejercen una grave presión sobre el ecosistema y las comunidades locales que lo habitan.

En materia energética y para hacer frente al cambio climático, en el informe de gobierno presentado por Sheinbaum Pardo el primero de septiembre, aseguró que cumplirá con el compromiso de reducción de emisiones para 2030, con 35 por ciento de generación renovable.  Sin embargo, se sigue apostando a proyectos de gas fósil, mal llamado gas natural, que contradicen la política de transición energética justa que la Presidenta Claudia Sheinbaum prometió. De hecho el gas fósil está principalmente compuesto de metano, un gas de efecto invernadero que calienta el planeta hasta 80 veces más que el dióxido de carbono.

Greenpeace México señala que ningún compromiso climático será suficiente mientras se siga invirtiendo en técnicas de extracción tan dañinas como el fracking, propuesto como un elemento toral del plan de recuperación de PEMEX. Nuestro país enfrenta impactos climáticos cada vez más severos, que afectan de manera más cruda y desproporcionada a personas y comunidades más vulnerables. Mientras tanto el presupuesto que debería destinarse para generar mecanismos que atiendan los impactos del cambio climático se sigue usando para continuar la extracción y quema de combustibles fósiles

En materia de contaminación plástica, una de las principales amenazas a los ecosistemas marinos, no tenemos avances en una Ley Antiplásticos que combata de origen el problema y prohíba los plásticos de un solo uso a nivel nacional. Además, el llamado Plan México, junto con proyectos como el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar y el Parque Hidalgo en Tlaxcoapan y Atitalaquia, promueven una visión distorsionada de la economía circular, ya que no contemplan la eliminación de los plásticos de un solo uso ni la reducción de su producción masiva. 

Por el contrario, se enfocan únicamente en estrategias de gestión altamente cuestionadas por sus impactos socioambientales y de salud pública, como la incineración, el coprocesamiento, la pirólisis y la valorización energética. Estas prácticas no reducen la generación de residuos y, en cambio, agravan los efectos sociales, sanitarios y ambientales, especialmente en comunidades históricamente vulneradas en sus derechos humanos.

Adicionalmente, preocupa que el presupuesto público no contemple recursos específicos para la reducción de residuos plásticos ni para una transición efectiva hacia un modelo de basura cero, lo cual evidencia una falta de compromiso real con la justicia ambiental y la salud pública. La buena noticia para los Océanos es que este gobierno se sumó a la ratificación del Tratado Global de Océanos, un logro multilateral histórico tras 20 años de lucha.

¿Cómo se ve el 2026?

El presupuesto presentado por la administración Sheinbaum Pardo para el 2026 habla de las prioridades de su administración y  la protección del medio ambiente no parece ser una de ellas.

El Anexo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 contempla los recursos que se destinarán a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, sin embargo, al revisar sus cifras, revela profundas contradicciones y evidencia que el gobierno federal continúa financiando proyectos que destruyen los ecosistemas, en lugar de protegerlos.

Con un monto total de $212,569,745,530, este Anexo muestra una política climática donde la prioridad no es la preservación y cuidado de ecosistemas, sino el impulso a megaproyectos como el Tren Maya, una militarización más intensa del territorio nacional, la ampliación de la infraestructura ferroviaria y la expansión de la industria energética basada en hidrocarburos.

Los proyectos de infraestructura, como los trenes de carga, y la militarización, recibirán en conjunto 17 veces más presupuesto que la restauración y protección de todos los ecosistemas del país. 

La terminal de carga de Cancún del Tren Maya, que deforestará 261 hectáreas, tiene un costo proyectado de $7,760 millones.

Todo el presupuesto federal para restauración de ecosistemas y especies prioritarias es 60 veces menor que el gasto para ese componente del Tren Maya de carga.

Consulta el documento completo La protección del medio ambiente en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum y ¿cómo se ve el 2026 a partir de la asignación presupuestal?