La mayor parte de los yacimientos de cobre y otros minerales en Chile como oro, plata, hierro y litio se encuentran en el norte del país, por lo tanto, la actividad minera se concentra en esta parte del territorio chileno. Esta industria se ha instalado alrededor e incluso dentro de áreas naturales protegidas y, aunque la legislación de este país prohíbe las actividades extractivas dentro de estos espacios, éstas se pueden realizar si el gobierno considera que la explotación del recurso es de interés nacional.

Mongabay Latam y Ladera Sur construyeron una base de datos para detectar qué proyectos extractivos operan en los alrededores y al interior de parques y reservas nacionales de todo el país y ubicar dónde se encuentran cada uno de los proyectos mineros.

¿Qué encontraron? El resultado del análisis indica que por lo menos 40 proyectos mineros en distintas fases de desarrollo se ubican alrededor y, en algunos casos al interior, de 16 parques y reservas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres del Estado (SNASPE), administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), información que además se puede observar en una visualización. Además, reunimos en esta nota los tres datos clave revelados por la investigación.

1. Proyectos mineros dentro de áreas protegidas

De los 40 proyectos, tres están dentro de áreas protegidas, aunque no están activos, según información ofrecida por el Estado chileno. Sin embargo, uno de ellos podría reactivarse: se trata de Choquelimpie, un yacimiento de oro y plata de la empresa canadiense Norsemont Mining, ubicada en el interior de la Reserva Nacional Las Vicuñas, en Putre.

Esta mina dejó de operar en 1991 y luego de 30 años de no concretarse las labores de explotación, Norsemont Mining anunció, en marzo de 2021, que las operaciones de exploración ya estaban en marcha. Sin embargo, las comunidades de Putre y otras comunas aledañas no sabían de la reactivación del proyecto cuando un equipo de Mongabay Latam y Ladera Sur llegaron hasta la zona.

La alcaldesa de Putre, Marisel Gutiérrez, asegura no haber recibido información oficial sobre la reactivación en Choquelimpie y señala que la “postura municipal no contempla el desarrollo minero en la comuna, tal como lo han mandatado la mayoría de las comunidades indígenas, ya que estas iniciativas generan riesgos e impactos negativos en las formas de vida y recursos naturales de la zona”.

Considerando los antecedentes de contaminación e infracciones que tiene Choquelimpie, al gobernador regional, Jorge Díaz, le resulta “muy poco prudente” la reactivación de los trabajos. En tanto, la Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales de Arica y Parinacota ha informado que exigirá el respeto del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas que establece la consulta a los habitantes originarios. “El consumo de agua por la industria minera es tan alta que arruina nuestro frágil ecosistema. Y eso no lo podemos permitir”, precisó su representante Richard Fernández.

minería, sostenibilidad, litio, extractivismo, áreas protegidas, reservas naturales, contaminación, energíaMina Andina, izquierda y Mina Los Bronces, derecha. Julio 2019. Foto/Tomas Munita

2. Áreas protegidas cercadas por la minería

La investigación permitió conocer que otros 23 proyectos —de acuerdo a información estatal— se encuentran en los alrededores y muy próximos a parques y reservas nacionales. Uno de los casos más representativos se refiere al Parque Nacional Nevado Tres Cruces, rodeado de ocho proyectos mineros: tres son de exploración de litio y cinco son de exploración y explotación de oro.

“Si las aguas que alimentan al parque nacional y sitio Ramsar son intervenidas, las que alimentan nuestros valles también, con lo que nuestra cultura se verá afectada”, dice Lesley Muñoz, nieta de Jesús Cardozo, fundadora de la comunidad Colla, en Copiapó, una de las comunas en las que se ubica el parque nacional, la otra comuna es Tierra Amarilla, ambas en la región Atacama.

También se identificaron otros 14 proyectos que se ubican en las cercanías de parques y reservas, algunos a escasos metros, que no habían sido considerados por el Estado en la información proporcionada al equipo de Mongabay Latam y Ladera Sur, pero que son datos que provienen de científicos, organizaciones de la sociedad civil y de las propias comunidades que defienden sus territorios.

Uno de ellos es el proyecto del cerro Anocarire, que opera a solo 20 metros de la Reserva Nacional Las Vicuñas, a pesar de que las comunidades han interpuesto recursos de protección denunciando afectación a sus sitios ceremoniales, el desvío de cauces de agua y contaminación. Aunque no está claro si la exploración de la minera Andex Minerals se realiza al interior o no del área protegida, en todos los documentos se concuerda que las exploraciones mineras sí están dentro del Área de Desarrollo Indígena (ADI) Altoandino Arica y Parinacota.

Tras una serie de denuncias, las comunidades Aymaras de la Región de Arica y Parinacota lograron que proyectos como este, que solo contaban con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), una evaluación más laxa que no exige una participación ciudadana, se vean obligadas por la Corte Suprema a elaborar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

3. Sin zonas de amortiguamiento

En numerosos países los parques y reservas cuentan con una zona de amortiguamiento también llamada buffer zone que son “clave” para asegurar la conservación de las áreas protegidas, asegura Cristina Torres, coordinadora del programa marino del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés). Sin embargo, las áreas naturales protegidas de Chile no cuentan con estos espacios de protección.

“Lo que ofrece una zona de amortiguamiento es justamente eso, que las especies puedan sobrevivir fuera del área natural protegida”, dice Torres y precisa que las zonas de amortiguamiento cumplen un rol clave, pues funcionan también como corredores biológicos que permiten asegurar la conectividad entre las especies.

Las zonas de amortiguamiento también permiten a las comunidades locales beneficiarse de las áreas protegidas sin que tengan que explotar sus recursos para mejorar su calidad de vida, explica la bióloga y doctora en ciencias naturales Cristina Dorador.

Para intentar solucionar el problema de la ausencia de zonas de amortiguamiento, desde el 2017 la Corporación Nacional Forestal está implementando un nueva metodología de planificación que incluye el desarrollo de actividades de conservación y de prevención con las comunidades que habitan en las áreas más próximas o zonas de influencia de las áreas protegidas.

En el año 2011 se ingreso al Congreso el primer proyecto de ley para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), sin embargo, hasta ahora no ha sido aprobado. “Es necesario y urgente promulgar el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)”, señala María Isabel Manzur, bióloga de la organización Chile Sustentable.

Ecoportal.net

Fuente