Ante a la grave situación de afectaciones al territorio, los ecosistemas y la vida del pueblo maya peninsular, representantes de Pueblos mayas de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo hicieron del conocimiento del gobierno federal que han declarado la Península de Yucatán como zona de emergencia socioambiental, solicitándole la implementación de diversas medidas para detener el grave deterioro social y ambiental que se ha incrementado en los últimos años y que afecta de manera principal a los pueblos indígenas.

Mediante un documento presentado ante la Presidenta de la República, la Secretaría de Medio Ambiente, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Salud y que también será entregado a las gobernadoras de Campeche y Quintana Roo y al gobernador de Yucatán, representantes de pueblos mayas de la Península justificaron la necesidad de establecer medidas urgentes para detener las graves afectaciones provocadas por un modelo de desarrollo que ha generado pérdidas importantes del territorio y los ecosistemas de la región 

La deforestación, la contaminación del agua, la muerte masiva de abejas y afectación a la apicultura, así como la pérdida de certificación orgánica de la miel por cercanía a granjas porcícolas y avícolas, la pérdida de semillas nativas y del territorio indígena, la ruptura del tejido social y el deterioro de la salud de los pueblos y comunidades, son el resultado de la implementación de diversos megaproyectos que se desarrollan en la península y que, de manera conjunta, están generando una crisis socioambiental sin precedentes cuyos resultados pueden ser irreversibles: la agricultura industrial, incluyendo la siembra ilegal de maíz y soya transgénicas, que ha generado la pérdida de grandes extensiones de selvas y montes y la utilización masiva de agrotóxicos (especialmente por el uso de fipronil, neocotinoides y glifosato) que matan a las abejas, afectando la polinización y destruyendo un medio fundamental de subsistencia del pueblo maya, además dichos agroquímicos vulneran la capacidad de acceso a certificación orgánica de la miel y por lo tanto también limita el costo de la miel;  la existencia de más de 800 fábricas de cerdos y aves, muchas de ellas funcionando sin manifestaciones de impacto ambiental,  que contaminan el agua, generan pérdida de masa forestal y contaminación de apiarios; el crecimiento sin control de las concesiones para la explotación de minas, así como la expansión inmobiliaria que se apropia de la costa peninsular y reduce nuestras comunidades a colonias de las grandes ciudades y que sólo puede entenderse gracias a la colusión de las instituciones agrarias que permite la venta y despojo de ejidos, la destrucción de los cenotes y deforestación de millones de árboles por el proyecto del Tren Maya y el establecimiento de cerveceras que secan y salinizan nuestro manto freático, son sólo algunas de los mega proyectos que están destruyendo nuestro entorno natural, despojándonos del territorio y aniquilando nuestra integridad cultural.

Muchas de esas actividades y efectos han sido denunciadas por diversas vías ante las instancias administrativas, judiciales y políticas. Sin embargo la administración federal que recién culminó su mandado no garantizó nuestro ejercicio a la libre determinación ni tomó las medidas adecuadas para hacer frente a esta crisis socioambiental a pesar de la insistencia que los pueblos mayas le hicimos por diversas vías y en diversas ocasiones.  En ese sentido, vemos con preocupación que la actual Secretaria del Medioambiente, Alicia Bárcenas, pareciera no tener como una de sus prioridades la península de Yucatán a pesar de ser la región más deforestada del país y una de las más afectadas por los diversos megaproyectos que se han establecido en los últimos años.

La exigencia de una declaratoria de emergencia socioambiental, parte del análisis conjunto de las consecuencias que las actividades antrópicas arriba señaladas causan en nuestro territorio, es decir se basa en la acumulación de los impactos causados a nuestro territorio y ecosistemas.  

En ese sentido, conviene recordar que el gobierno federal ya ha establecido Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental que se han ido conceptualizando a través del Programa Nacional Estratégico (PRONACES) de Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes del Conahcyt y que han sido definidas como “Regiones geográficamente delimitadas que, por razones demográficas, económicas o  políticas (industriales, agroindustriales, extractivas y de crecimiento urbano), se encuentran  en una situación de estrés sanitario y ambiental extremo y creciente y que se caracterizan porque en ellas convergen 1. Un daño excepcional a la salud humana, expresado en altas tasas de graves enfermedades de todo tipo y 2). Un daño excepcional al medioambiente natural y todos sus componentes: aire, agua, suelos, acuíferos, biodiversidad, entre otros.

Por su parte, la Ley General de Protección Civil también establece la facultad de los órganos que la componen el Sistema de Protección Civil, de declarar estados o zonas de emergencia por daños socioambientales derivados de las actividades antrópicas.

En consecuencia existen fundamentos legales para que el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, establezcan medidas que detengan los graves impactos siocioambientales causados por los megaproyectos en la península de Yucatán, se sumen a la declaratoria de emergencia socioambiental que el día de hoy realizamos los pueblos y establezca todas medidas de investigación, sanción y reparación del daño necesarias para revertir la grave crisis que afecta a la Península de Yucatán, y especialmente al pueblo maya.