La Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI, AC), el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), organizaron la “Mesa internacional de análisis sobre el voto desde prisión”, en la que se conocieron experiencias que han posibilitado a personas privadas de su libertad la emisión de su sufragio en procesos electorales y de participación.

Estas actividades giran en torno a la sentencia, SUP-JDC-352/2018, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que instruyó a la autoridad electoral nacional adoptar las medidas necesarias para que, a partir de 2024, todas las personas que se encuentran privadas de la libertad sin sentencia, puedan votar.

Al respecto, la Consejera Presidente del IECM, Patricia Avendaño Durán, expuso que sorprende que apenas hasta el 2022, se reflexione en torno al derecho de votar de las personas en prisión preventiva, lo que representa una violación a sus derechos político-electorales. “Porque quienes enfrentan esta situación, se encuentran frente a una medida cautelar y en tanto no tengan una sentencia condenatoria, no hay razón para que carezcan de sus derechos”, destacó.

La presidente del IECM destacó la relevancia de reflexionar sobre el tema que posibilitaría garantizar el voto a las personas en prisión preventiva sin sentencia, así como compartir las experiencias de quienes ya lo llevaron a cabo, como son Bolivia y, en México, el estado de Hidalgo.

La Consejera Patricia Avendaño celebró la realización de este encuentro que permitirá construir la ruta que haga posible garantizar, a este grupo de atención prioritaria, el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales.

En su intervención, la Presidenta de la Comisión Permanente de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía del IECM, la Consejera Carolina del Ángel Cruz, señaló que el tema del voto de las personas en prisión preventiva ya tenía relevancia, pero ahora las autoridades electorales deberán diseñar las estrategias necesarias para garantizar el voto a este grupo de personas.

La también Vicepresidenta de la RENACEDI reveló que todas las personas en Bolivia pueden votar; en este sentido, de ahí la importancia de conocer puntos de vista para garantizar el voto de todas las personas, “arrojará mucha luz de lo que tenemos que hacer de aquí para adelante”, apuntó.

Por su parte, el Consejero del IEEQ Carlos Rubén Eguiarte Méreles, quien moderó el evento, indicó que es importante abordar este tema para garantizar el voto de las personas en prisión preventiva, escuchando nuevas perspectivas, porque la visión internacional es muy valiosa para saber cómo se hacen las cosas en otros países.

En su Conferencia Magistral, la Presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, Bolivia, Ruth Pontejo Claros, se refirió al derecho al voto de las personas privadas de la libertad, así como el contexto y el desarrollo histórico por el cual se permitió que este grupo de personas pudieran acceder al sufragio.

Indicó que Bolivia garantiza los derechos político-electorales y la participación a todas las personas, incluidas las que están privadas de la libertad, permitiendo el voto igualitario, directo, universal, libre, secreto y obligatorio. Dijo que el voto implica a todas las personas mayores de 18 años, de manera obligatoria, porque así lo establece su Constitución, lo que da como resultado una participación de alrededor del 95% en los procesos electorales.

Finalmente, sostuvo que los derechos políticos como parte de los derechos humanos, se rigen bajo el principio de no discriminación, en este sentido, el voto universal es invaluable para el sistema democrático.

Durante el encuentro realizado en las instalaciones del IECM, la Consejera del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Ariadna González Morales, refirió que a partir de la reforma de mayo de 2021, el Código Electoral de esa entidad permite a las personas en prisión preventiva votar en todos los procesos electorales y mecanismos de participación que el Instituto organice.

Informó que para su implementación, el órgano electoral local identificó cinco centros de readaptación social susceptibles de implementar la votación durante la elección para la Gubernatura. Después, se realizó un censo de las personas en prisión preventiva que contaban con su credencial para votar con fotografía vigente y se instalaron las mesas receptoras de votación, con la participación de las personas funcionarias, representantes de los partidos político y observadoras electorales.

A su vez, el Consejero del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Gerardo Macías Rodríguez, expuso que lo primero que se debe hacer para garantizar el voto de las personas en prisión preventiva es identificar a los “sujetos en opresión”. En este sentido, informó que en México hay 93,311 personas en prisión preventiva y que se encuentran en el supuesto de poder ejercer su voto.

Finalmente, consideró que es importante que los órganos electorales generen las condiciones necesarias para que las personas en prisión preventiva puedan ejercer su voto de manera libre y de con los datos suficientes para un sufragio informado.