Pueblos, comunidades y organizaciones indígenas y campesinas de más de 10 estados de la República, pertenecientes a las etnias: Tzotzil, Tzeltal, Lacandona, Tenek, Nahua, Maya, Hnahñu, Purepecha, Na Savi, Tepecano, Wixarika, Zapoteca, Yaqui, Mixe y Me´Phaa,en articulación con organizaciones civiles, anunciamos la conformación de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), con el objetivo de hacer manifiesto al Estado mexicano que la Nación Pluricultural prevista en nuestra Constitución sigue siendo una quimera y que las políticas y leyes vigentes continúan excluyendo a los pueblos y lacerando sus derechos fundamentales.

A pesar de que en los hechos los pueblos siguen construyendo su autonomía, a través del autogobierno, la aplicación de los sistemas normativos propios y el respeto a la integridad de sus territorios, vemos día con día a gobiernos, empresas y el crimen organizado atentar contra las estructuras tradicionales de toma de decisión; invadir los territorios con proyectos de muertes, por medio de la violencia, la corrupción y falsas consultas; dividir el tejido comunitario y atacar y criminalizar a comunidades, organizaciones y defensores/as indígenas.

Este tipo de incidentes se agrava en momentos donde la pandemia ya cobra vidas al interior de las comunidades por la falta de servicios básicos para su atención.

Nuestra exigencia al Estado mexicano:

Ante este contexto de injusticia y discriminación sistemática hacemos valer la exigencia que hiciera en 2018 la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos indígenas al Estado mexicano:

“Se requieren medidas eficaces y coordinadas entre instituciones de toda la estructura federal, estatal y municipal para abordar los graves problemas expuestos, incluidas reformas del marco jurídico, político e institucional encaminadas a aplicar los derechos de los pueblos indígenas en temas clave como: tierras, territorios y recursos naturales, sus propias prioridades de desarrollo, libre determinación, participación política y acceso a la justicia. También urgen medidas para resolver los problemas de violencia e inseguridad, así como la pobreza, marginación y discriminación estructural”^[1]

Demandamos un conjunto de reformas al marco legal, con la participación activa de las comunidades y la sociedad civil, en consonancia con los tratados internacionales de derechos humanos y los Acuerdos de San Andrés Larraizar. De manera puntual exigimos:

1. Al Presidente, López Obrador, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y al Congreso de la Unión impulsar la reforma constitucional a la que se habían comprometido, que busca reconocer los pueblos y comunidades como sujeto de derecho público y garantizar de forma efectiva sus derechos a la libre determinación, a la autonomía, al territorio y a sus formas propias de desarrollo y de aplicación de justicia, entre otros derechos.
2. Al Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión derogar las distintas formas de despojo legal de los territorios indígenas, vigentes en las leyes energéticas y la Ley Minera, debido al carácter preferente de estas actividades y las figuras de ocupación superficial; así como promover una nueva Ley de Aguas, con apego a derechos y al respeto de los sistemas comunitarios, y una Ley de Prohibición de la Fracturación Hidráulica (fracking) 
3. A los gobiernos y congresos de Guerrero, Michoacán y Oaxaca aprobar las reformas en las constituciones y leyes locales para el pleno respeto y garantía del autogobierno y los sistemas normativos y de seguridad propia, promovidas por pueblos y comunidades en estos estados.
4. A la Secretaría de Gobernación, a los Órganos de Seguridad, Procuración y Administración de Justicia y a los Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos implementar medidas y sanciones efectivas que aseguren a comunidades, organizaciones y defensores/as el ejercicio pacífico de su labor de derechos humanos y no ser víctimas de agresiones y actos de criminalización.

Las reformas prometidas por la 4T para avanzar en el cumplimiento efectivo de los derechos indígenas siguen congeladas mientras los megaproyectos avanzan aun en tiempos de pandemia. Es momento de poner alto a los atropellos en contra de las comunidades y de construir en serio una “nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación”^[2] .

Desde ALDEA exhortamos al actual gobierno a retomar la senda de sus compromisos y obligaciones internacionales y garantizar activamente la participación de los pueblos en las políticas y leyes que les afectan.

Hacemos un llamado solidario a otras comunidades y organizaciones que luchan por la autonomía y la defensa de la vida y la madre tierra a sumarse a nuestra Alianza.

^[1] A/HRC/39/17/Add.2, párr.94. https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/2018-mexico-a-hrc-39-17-add2-sp.pdf

^[2] A/HRC/39/17/Add.2, párr.95.